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El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Óscar Ortiz, afirmó que dos leyes trabadas en la Asamblea Legislativa inviabilizan Bs 20.000 millones para atender las necesidades en salud, reactivar la economía, preservar los empleos y financiar el déficit del Estado (más de Bs 20.000 millones hasta junio de este año). El detalle fue compartido en el informe oral, cuya petición corresponde a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas del Órgano Legislativo.

La autoridad aclaró que presentó el programa de reactivación para ayudar a las unidades económicas a preservar el empleo, que es, por ahora, el gran problema en Bolivia. “El efecto pandemia para la economía ha sido muy grande, por eso hemos pedido a la Asamblea que ayude a reactivar la económica del país. 

Mencionó que se pidió, por ejemplo, aprobar la ley de alivio tributario que está archivada desde mayo, que apruebe la ley que permite a los municipios, las gobernaciones y universidades públicas utilizar recursos del IDH para gasto corriente. "También se pidió una ley que permita diferir las cuotas del FNDR", apuntó.

Dio cuenta de que explicó a la comisión que el déficit por la caída de los ingresos, a junio, alcanza más de Bs 20.000 millones y que la indefinición de la Asamblea en la aprobación de créditos internacional y obstaculización de emisión de bonos en el exterior impiden ingresos por Bs 20.000 millones. “Hay un gran costo por estas actitudes políticas que inviabilizan recursos imprescindibles para atender las necesidades de salud, ayudar a reactivar los empleos y la economía, y también financiar el déficit del Estado”, manifestó el ministro.

Respecto a la línea de créditos de $us 327 millones aprobada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Ortiz aclaró que no es un préstamo, sino una devolución temporal de la cuota de participación de Bolivia en este organismo multilateral. “Es algo que han hecho 72 países en esta situación de emergencia global. Somos el único país que está inviabilizando el uso de esos recursos”, enfatizó, al detallar que los recursos están en una cuenta especial y que no se han utilizado por estas limitaciones de la Asamblea.

Expresó que en la operación hay un costo financiero porque se traspasó en lo que se llama en derechos especiales de giro, que es una canasta de monedas que administra el FMI. Aludió que la Asamblea al impedir utilizar los recursos hace incurrir al país en un costo financiero, sin que se hubiesen aprovechado esos recursos para impulsar la reactivación del país.

Ayer, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, afirmó que el proyecto de ley para aprobar el crédito del FMI no será debatido durante esta gestión. Pese a no ser aprobado constitucionalmente, el Estado ya estaría pagando los intereses”, mencionó.

En la presente jornada, en su cuenta de Twitter, la presidenta Jeanine Áñez aseguró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) dejó al país con una economía muy delicada. “Si a eso le sumamos la negativa de la Asamblea masista a aprobar los créditos internacionales, veremos el daño real que le hicieron y le hacen al país. Exigimos que liberen el dinero para pagar los bonos y ayudar a la gente", expresó.