El 23 de julio unos 13.000 metros cúbicos de desechos mineros contaminaron el río de la Rivera y la quebrada de Tarapaya. La Gobernación de Potosí descarta daños en otras zonas. En Tarija, estudios indican que el agua está contaminada

21 de agosto de 2022, 4:00 AM
21 de agosto de 2022, 4:00 AM


Marín Llorenty (50), poblador de Tabasay (Tarija), está muy preocupado. La posibilidad de que se decrete una prolongada veda pesquera en el río Pilcomayo, por causa de la contaminación minera proveniente desde Potosí, le quita el sueño desde hace varios días.

Él, al igual que otras 40 familias que viven en la comunidad tarijeña de Tabasay, temen que les impidan continuar con esa actividad que es el único medio de sustento económico. “Ojalá se hagan estudios sobre el sábalo para que no hayan malos comentarios y nos afecte la venta del pescado. Nosotros vivimos de la pesca en el Pilcomayo, no sembramos”, dice Llorenty.

El poblador guaraní nació y se crió en la comunidad donde hace poco la Gobernación de Tarija recolectó dos muestras de agua para ser analizadas en un laboratorio, las que revelan que no es apta para el consumo humano.

En esa aldea viven 45 familias y la mayoría se sustenta de la pesca del sábalo y otras especies piscícolas que deambulan por las aguas del Pilcomayo.

Sin embargo, el Gobierno minimiza el impacto de los residuos mineros en el afluente. Ya casi se cumple un mes desde aquel 23 de julio de 2022, cuando en la comunidad de Agua Dulce (Potosí) colapsó un dique de colas mineras que contaminaron el río de la Rivera y la quebrada de Tarapaya. De acuerdo con el Gobierno, en esa oportunidad, más de 13.000 metros cúbicos de desechos mineros llegaron a esas aguas. Hasta el momento solo un 38% (5.000 metros cúbicos) de esos sedimentos fueron retirados.

Magín Herrera, viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, explicó que apenas se supo del incidente se actuó de forma técnica y legal. Unos 11 técnicos llegaron al lugar y el 27 de julio tomaron siete muestras de agua las cuales arrojaron un PH que oscila entre 2,84 y 7,01. Un valor que, a criterio de Herrera, no genera la mortandad de peces (pues viven en un PH que va desde los 6,5 hasta los 7,5) y tampoco daña a las personas que pueden beber agua con un PH de 7,01.

También realizaron cuatro muestras para ver la presencia de minerales en el agua y se pudo detectar zinc, hierro, plomo, entre otros -en niveles bajos- según el informe. “La muestra se hizo en un área de 32 km, con un ancho de 4,2 metros. El jueves, 18 de agosto, se volvió a hacer un nuevo estudio en los mismos lugares. Entonces con estos respaldos técnicos, decir que la contaminación llegó a Tarija, Chuquisaca o Salta son puras especulaciones”, sostuvo Herrera.

En el área legal, la autoridad señaló que se hizo la denuncia ante la Fiscalía y será la justicia la que determine los responsables.
Sobre el tema, Aldo Effen, vocero de la Gobernación de Potosí, indicó que junto con la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí, se está trabajando en el lugar para limpiar los sedimentos mineros, y que del 100% de esos desechos ya se retiró más de un 30%.

Effen remarcó que se calcula que hasta fin de mes se llegue al 50% y que en septiembre se termine de limpiar la zona, antes que empiece la temporada de lluvias, lo que provocaría que los sedimentos restantes vayan río abajo generando un mayor daño medioambiental.
La autoridad reiteró que tras el colapso del dique de colas mineras se conminó a Fedecomin a retirar los sedimentos desde el punto del accidente hasta los 32 kilómetros agua abajo y que el plazo para cumplir con los trabajos no es mayor a 60 días calendario, caso contrario habrá una sanción administrativa y económica.

Además, remarcó que el material que llegó al río de la Rivera y a la quebrada de Tarapaya, que se conecta con el río Pilcomayo, afectó a tres comunidades, pero negó que la contaminación llegue a regiones de Chuquisaca y Tarija, pues el informe técnico indica que solo se afectó una zona de 32 kilómetros.

“Este tema involucra a los tres niveles de gobierno. Cada uno está trabajando en lo que le corresponde. Nosotros como Gobernación estamos en el lugar del incidente controlando y ayudando en las labores de limpieza. Decir que estos residuos llegaron más al sur del país es magnificar el tema y no contar con argumentos técnicos”, precisó Effen.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Minería y Forestación del Concejo Municipal de Potosí, Reyna Isabel Menacho, observó que si se estuviera trabajando de forma adecuada estos problemas de contaminación no existirían. 

Menacho sostuvo que las competencias del Concejo se limitan a la denuncia, mientras que, es la Secretaría Departamental de la Madre Tierra, en Potosí, la que tiene la capacidad de fiscalizar y sancionar junto con el Ministerio de Agua y Medio Ambiente.

La funcionaria puntualizó que muchos ingenios construyen sus diques de cola (lugar donde se depositan los restos metalúrgicos y productos químicos) con bolsas azules de plásticos cuando la norma dice que deben ser construidos con geomembranas.“Muchos no cuentan con licencia ambiental, no tienen el manifiesto ambiental y esos controles corresponden tanto a la Secretaría Departamental de la Madre Tierra, como al Ministerio de Agua y Medio Ambiente y eso no se cumple”, criticó Menacho.

¿Más de 32 kilómetros?

Ante el informe de la Gobernación potosina de que los residuos mineros abarcan un área de 32 kilómetros, Camilo Alberto Vera, asesor de la Comisión de Medio Ambiente, Minería y Forestación del Concejo Municipal de Potosí, subrayó que esas son conjeturas poco responsables, pues en el recorrido que hicieron hasta Puente Méndez (límite con Chuquisaca), son unos 80 kilómetros y en donde las diferentes comunidades denunciaron cómo el agua cristalina de los ríos del lugar se tornaron plomas y con un fuerte olor a mineral y químicos.

Vera observó que no se puede decir a la ligera que no se contaminó el Pilcomayo y que solo se afectó 32 km, pues para hacer tal aseveración se debe recorrer toda la cuenca del río Pilcomayo y hacer pruebas técnicas.

Apoyando esta postura en la parte de Tabasay (Tarija), los ecos de contaminación en el Pilcomayo generan zozobra en los habitantes de los pueblos weenhayek y guaraní que se declararon en emergencia. Ambas etnias conviven con la naturaleza de esa afluente desde hace mucho tiempo.

La Gobernación de Tarija tomó muestras de agua del río, tras el colapso de un dique minero en la zona de Agua Dulce (Potosí) que fue el detonante para determinar si estaba contaminado, a través del análisis de laboratorio.

El informe estableció que el cuerpo del líquido elemento es de clase C y no se puede consumir sin previo tratamiento.

Al menos 6.000 familias del pueblo weenhayek están en emergencia y exigen a las empresas mineras de Potosí dejar de dañar al río Pilcomayo, de donde beben el agua y se proveen de peces para su subsistencia. “Estamos preocupados por el informe que nos dieron sobre la contaminación minera”, expresó el capitán grande, Pablo Pérez.

La contaminación minera repercutió también en el pueblo guaraní, del municipio de Entre Ríos, donde reclaman a la Gobernación de Tarija informar en detalle sobre el análisis de las dos muestras. “Hay muchas familias que consumen agua del Pilcomayo y ahora con esta triste noticia es necesario tomar medidas preventivas”, sostuvo el concejal de origen guaraní, Anastasio Flores.

El secretario de Gestión Institucional de la Alcaldía de Entre Ríos, Julio Verdún, dijo que alrededor de 13 comunidades están en las riberas del Pilcomayo y la mayoría son de esa etnia.