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La Plataforma Agroecológica del Trópico, Subtrópico y Chaco, conformada por productores, recolectores, apicultores, transformadores, consumidores, científicos y activistas, emitió un pronunciamiento en el que rechazan los argumentos del sector del agronegocio que pretende, según ellos, utilizar argumentos falsos contra quienes se oponen a los transgénicos y que descalifican la acción popular, cuya audiencia está prevista para el 4 de septiembre.

“Qué evidencia más se necesita si Brasil se ha convertido en el primer importador mundial de agroquímicos (es el segundo país del continente con más casos de Covid-19) y es el primer productor con transgénicos en Sudamérica”, afirman, al dar cuenta que el aumento de uso de venenos químicos subió de manera exponencial en Brasil, en Argentina, en Uruguay y en Paraguay y que es gracias a las semillas genéticamente modificadas. 

Los demandantes se oponen al DS 4232, aprobado el 7 de mayo de 2020, por el actual Gobierno, que de manera excepcional autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.

Aclaran que es una vil mentira la versión de que el citado recurso constitucional ha sido interpuesto por ‘activistas’, pretendiendo ocultar que son el pueblo guaraní de Chuquisaca y de Santa Cruz y la Nación Guaraní, los principales accionantes. A ellos, refieren que se suman consumidores, productores, académicos, científicos y activistas (sociedad civil).  

La plataforma aduce que defiende el cumplimiento de la Constitución y las leyes, que prohíben de manera expresa el uso de transgénicos en Bolivia; y es el marco legal que permite ejercer el derecho al acceso a un ambiente sano y libre de venenos químicos y transgénicos.

 “Nosotros exigimos el cumplimiento de los convenios internacionales como el Protocolo de Cartagena y exigimos al Gobierno que no es posible aceptar procedimientos simplificados, es eso lo que se exige en la acción popular. ¿O seguiremos violando la CPE y las leyes como acostumbraba hacer el gobierno del MAS?”, subrayan.

Argumentan que el agronegocio dice tener argumentos científicos, y no reconoce que la ONU, la FAO y el mundo científico independiente, no mercantilizado, coincide a escala mundial que es precisamente el modelo del agronegocio, del monocultivo, del uso de transgénicos y agrotóxicos los causante y responsables principales de la pandemia del Covid-19, que está cobrando vidas humanas en el mundo y en el país y, prácticamente, ha paralizado la economía boliviana.

En Bolivia, según la plataforma, el uso de agrotóxicos supera los 200.000 kilogramos por año, generando un impacto en la salud, la contaminación de aguas, suelos y la deforestación debido a la ampliación de la frontera agrícola: “¿Qué más evidencia que esa?”, aluden.   

En plena pandemia, aseveran que millones de bolivianos están demandando alimentos sanos y ricos en vitaminas y nutrientes para prevenir y enfrentar el virus, tales como hortalizas, frutas, cereales, tubérculos y fibra.  “El agronegocio no alimenta y no aporta a la seguridad y soberanía alimentaria. El 24% de los bolivianos está en condición de subnutrición; por eso, es presa fácil del Covid 19”, puntualizan.

La Plataforma Agroecológica sostiene que está demostrando en plena pandemia que su propuesta reflejada en la oferta de más de 250 alimentos agroecológicos que son consumidos y demandados para una alimentación sana para enfrentar la pandemia y reactivar la economía, es la mejor evidencia de que la agroecología es vida y el agronegocio, todo lo contrario.

En la presente semana, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), a nombre de los sectores productivos de Santa Cruz, rechazó la acción popular que, alegan, busca frenar la agrobiotecnología en el país y advierte que es atentatoria y pone en serio riesgo, a muy corto plazo, el normal abastecimiento de alimentos y miles de fuentes de empleos.