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La Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz difirió la audiencia de la acción popular que debía resolver la aspiración de Bolivia de avanzar para adoptar nuevos eventos biotecnológicos en sus sistemas de producción agrícola. El recurso jurídico fue planteado por organizaciones agroecológicas y activistas que exigen vetar la tecnología.

Es la segunda vez -la primera fue el 13 de agosto- que se suspende la audiencia por el mismo motivo. Fue reprogramada para el 25 de este mes.  La causa fue atribuida a que no se pudo completar la notificación a los demandados del Órgano Ejecutivo, la presidenta Jeanine Áñez y los ministros que integran su gabinete y firmaron el al Decreto Supremo 4232 de 7 de mayo de 2020. 

La norma autoriza de manera excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad elaborar reglamentos abreviados para la evaluación se semillas genéticamente modificados en cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, destinados al abastecimiento del consumo interno y exportación.

La acción popular, según los demandantes, se fundamenta en el propósito de defender el derecho a una alimentación sana, derecho consagrado y protegido expresamente en convenios y acuerdos internacionales. Aducen que el DS 4232 viola la Constitución y las leyes en cuanto a la prohibición al uso de transgénicos en Bolivia y aclaran que dicho recurso legal reivindica el derecho al acceso a un ambiente sano y libre de venenos químicos y transgénicos.

Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) indicaron que la emergencia sectorial se mantiene y que seguirán firmes en su defensa al derecho de producir con tecnologías modernas para alcanzar mayor productividad en campo y hacer frente a factores adversos como la sequía y los ataques de plagas y enfermedades en sus cultivos que dejan cuantiosas pérdidas económicas. 

El sector oleaginoso reafirma que la acción popular es un atentado a la alimentación de la población y al futuro de la actividad agropecuaria y agroindustrial del oriente boliviano, con imprevisibles consecuencias desde el punto de vista de la seguridad alimentaria.

A la posición de Anapo, se adhieren otras organizaciones productivas cruceñas y nacionales que ven falta de argumentos científicos en los grupos detractores que se oponen a la biotecnología. Aclaran que un fallo en contra del uso de biotecnología pone en serio riesgo, a muy corto plazo, el normal abastecimiento de alimentos y miles de fuentes de empleos en el país. Asimismo, alertan un intento de destruir el exitoso modelo productivo cruceño que aporta más del 70% de los alimentos que se consumen en el territorio nacional.

La jornada empezó con tensión. Un grupo de cultivadores de granos de municipios productivos del norte cruceño, previo a la audiencia, activaron un bloqueo en la nueva ruta Santa Cruz-Cochabamba, en el retén de peaje de Puesto Méndez, entre Montero y Portachuelo, exigiendo a la justicia falle a favor del derecho a producir con tecnologías modernas. Conocida el diferimiento de la audiencia de acción popular, cerca de las 10:00, declararon un cuarto intermedio y se replegaron a sus comunidades.

Al pedido de veto de cultivos transgénicos en Bolivia, se adhiere el Movimiento al Socialismo (MAS).  EL DEBER accedió al proyecto de decreto ley que dispone la prohibición de transgénicos y abroga el Decreto Supremo 4232. La proyectista de la norma que bloqueay pone ‘candado’ a cualquier aspiración de cultivar granos con semillas genéticamente mejoradas es la diputada masista Concepción Ortiz.

El proyecto de ley contiene dos artículos y una disposición final. El primero, especifica que en el marco del artículo 409 y 255, parágrafo II, numeral 8 de la Constitucional Política del Estado, se prohíbe el uso de transgénicos en la producción, importación y comercialización de alimentos en el país.

El artículo segundo señala que cualquier estudio científico que habilite el uso de transgénicos en la producción de alimentos con modificación genética para el consumo en el país deberá ser aprobado por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En la única disposición final, abroga el DS 4232 de 7 de mayo de 2020.

Para el jurista y asesor agrario, Fernando Asturizaga, en caso de declararse procedente la acción popular podría darse el caso de que se suspenda el decreto y por tanto se inhabilite al Comité Nacional de Bioseguridad poder evaluar eventos genéticamente mejorados para la agricultura.

A partir de que se le quite al productor el derecho de utilizar semillas genéticamente mejoradas, deduce una drástica disminución de la producción de granos que afectaría de manera directa la producción de carne de cerdo, pollo, lácteos, aceite, huevo, entre otros productos que son básicos para la población. "Al faltar estos productos lo que va ocurrir es que aumenten los precios y que se incremente el contrabando", infiere Asturizaga.