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Mañana es un ‘día clave’ en el que la justicia debe dirimir si Bolivia avanza o no en su aspiración de adoptar nuevos eventos biotecnológicos en sus sistemas de producción agrícolas. Así, lo entienden las organizaciones del aparato productivo de Santa Cruz que cierran filas y convocan a un’ tractorazo’ en rechazo a la acción popular interpuesta por organizaciones agroecológicas y activistas que exigen vetar la biotecnología.​

Este viernes, la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz debe resolver si procede o no los argumentos de los demandantes que se oponen al Decreto Supremo 4232, aprobado el 7 de mayo de 2020, por el actual Gobierno, que autoriza de manera excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad elaborar reglamentos abreviados para la evaluación se semillas genéticamente modificados en cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, destinados al abastecimiento interno y exportación.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo-filial San Julián) en su convocatoria cita a los sindicatos, productores independientes, asociaciones y organizaciones de productores agropecuarios de ese municipio al ‘tractorazo’ en rechazo de la acción popular que pretende prohibir el uso de eventos genéticamente modificados en campos agrícolas soyeros, maiceros, trigueros, algodoneros y cañaverales.  La concentración será en el cruce a la Brecha Casarabe con tractores, maquinaria y vehículos.

“El uso de la biotecnología es vital para mejorar la productividad y combatir las plagas, cada vez más resistentes, y los efectos de la sequía que, cada año, merman la economía productiva”, da cuenta el comunicado, al advertir que sin biotecnología la seguridad alimentaria nacional está en riesgo.

La acción popular, según los demandantes, se fundamenta en el propósito de defender el derecho a una alimentación sana, derecho consagrado y protegido expresamente en convenios y acuerdos internacionales. Aducen que el DS 4232 viola la Constitución y las leyes en cuanto a la prohibición al uso de transgénicos en Bolivia y aclaran que dicho recurso legal reivindica el derecho al acceso a un ambiente sano y libre de venenos químicos y transgénicos.

Desde Anapo aseguran que se mantendrán firmes en la defensa al derecho de producir con tecnologías modernas para alcanzar mayor productividad en campo y hacer frente a factores adversos como la sequía y los ataques de plagas y enfermedades en sus cultivos que dejan cuantiosas pérdidas económicas.