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Empujado por la delicada situación económica y las demandas sectoriales, el Gobierno tomó nota e implementó distintas medidas para proteger la producción y la industria nacional. Sin embargo, la determinación genera fricción en algunos mercados de los países de la región.

Antes de la reacción de algunos socios comerciales del país, en junio, el Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 4522 que modifica las alícuotas del Gravamen Arancelario (GA) para la importación de carne de pollo, leche en polvo, cacao, papa, tomate, cebolla, manzana y frutilla, con el objetivo de recuperar el aparato productivo agrícola y la protección a la producción nacional.

De acuerdo con la norma, se estableció un incremento del 100% del GA vigente para la papa, tomate, cebolla, manzana y frutilla con el objetivo de frenar el ingreso de estos alimentos, principalmente desde Perú y Argentina.

Justamente el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), de Perú hizo notar su malestar por la medida boliviana y detalló que debido a ello se encuentran frenadas las exportaciones mensuales de 1.400, 1.600 y 400 toneladas de papa, cebolla y tomate, respectivamente.

Miguel Quevedo, jefe del Senasa, sostuvo que este tipo de restricción del mercado boliviano afecta gravemente a los productores de la agricultura familiar peruana, dedicada a la siembra de papa, cebolla, tomate, camote y otros productos hortícolas.

A tiempo de hacer notar que esta situación, además de afectar a Perú, incumple con los acuerdos internacionales suscritos por este país, en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Quevedo remarcó que, de persistir la situación, el Senasa en reciprocidad implementaría las mismas medidas restrictivas a las importaciones bolivianas.

Al respecto, Antonio Rocha, presidente de la Cámara Nacional de Despachantes Aduanero (CNDA), explicó esta medida que lleva adelante el Gobierno no debe tener ningún impacto entre los países de los que Bolivia es socio comercial como son los bloques económicos de la CAN y el Mercosur.

Rocha sostuvo que en estos acuerdos comerciales está definido el libre tránsito de las mercaderías y el no encarecimiento de los aranceles de importación, salvo que sean productos de otros mercados con los que el país no tiene ningún acuerdo comercial.

Sin embargo, Rocha señaló que los países socios de Bolivia que sientan que no se respeta lo acordado tienen la libertad de implementar medidas paraarancelarias que, de alguna manera, ralenticen las exportaciones bolivianas en un comportamiento de reciprocidad.

Las fricciones

Ante este contexto, los exportadores hicieron notar que gradualmente se está generando un cuello de botella para la comercialización de carne de res al mercado peruano y de banana y palmitos para el argentino.

Resaltaron que las medidas paraarancelarias que están implementando son los celosos controles fitosanitarios, apoyados en la coyuntura sanitaria generada por el covid-19, que generan demoras mayores a las habituales.

Rafael Riva, gerente Técnico de la Cámara de Logística, Exportación y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), explicó esta subida de los GA está pensado para productos generados por países con los cuales Bolivia no tiene una relación comercial, mientras los que tienen origen en Bolivia o en las naciones de la CAN o el Mercosur no sufren ningún incremento arancelario.

Sobre el tema, Ibo Blazicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), señaló que si bien hay algunas medidas que buscan proteger la producción y la industria nacional y que las mismas pueden generar alguna respuesta similar de algunos países a los que se exporta, lo que preocupa al sector es que el encarecimiento de algunos productos para su importación puede hacer subir algunos insumos provocando que el producto final boliviano sea más caro y esto incentive al contrabando.

En tanto que Iver Miranda, presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas, sostuvo que lo que consiguió el sector en defensa del productor boliviano se debe mantener (restricción a la importación de alimentos) y que el Gobierno mediante la Cancillería debe encontrar una salida a los temas paraarancelarios. “Se debe poner en la balanza cuánto gana el país cuánto pierde y tener una conducta firme en la protección de lo hecho en Bolivia”, indicó.

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