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Cada mañana Pablo vive una jornada incierta. Más allá del virus, el problema de este chofer se centra en lo económico, con una deuda en el banco de $us 10.000 y con la limitación de recursos el panorama se le hace cuesta arriba. No es el único, Félix Huaycho cada mes debe generar más de Bs 17.500 solo para pagar a sus tres trabajadores y cumplir con su cuota del banco. 

El coronavirus no solo dejó víctimas fatales, también tiene en coma a la economía de los asalariados, los emprendedores y los grandes empresarios. El Gobierno lanzó una serie de medidas para contener este mal que lastima el bolsillo de la gente, pero que, de acuerdo con empresarios, vecinos y microempresarios, no es suficiente para salir del estado de terapia intensiva en el que se encuentran.

El 22 de marzo, el Gobierno decretó una cuarentena total para frenar el avance de la pandemia. La flexibilización de la medida comenzó este mes, pero los más de 70 días de paralización de actividades dejaron secuelas: empresas con problemas de liquidez.

Para paliar esta situación, el Estado dispuso medidas, como la postergación de créditos y la creación de un fondo para reactivar a las micro, pequeñas y medianas empresas. A esto se sumó la suspensión del pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) hasta el 31 de julio, a excepción de los Grandes (Graco) y Principales Contribuyentes (Pricos).

Cada una de estas medidas tiene observaciones de la mayoría de los actores de la economía.

Diferimiento “no alcanza”

Entre estos actores que observan las medidas estatales está el sector de la Micro y Pequeña Empresa (Mypes), que cuestiona los plazos establecidos para el diferimiento de pago de los créditos.

Cuando la crisis sanitaria comenzó, el Gobierno promulgó la Ley 2124. La norma establece que las financieras deben diferir de forma automática “el pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses y otro tipo de gravámenes por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia por coronavirus”.

Incluso la norma otorga un lapso de hasta seis meses, posterior al levantamiento de declaración de emergencia, para que los prestatarios reanuden sus pagos.

“La norma no se aplica”, asegura Huaycho, que dirige la Federación Departamental de Micro y Pequeñas Empresas (Fedemype).

Recientemente el Gobierno estableció que el diferimiento de pago a los créditos se extenderá hasta septiembre, pero solo para los que tengan créditos menores de un millón de bolivianos; además, se excluye a los asalariados, que desde este mes ya comenzaron a pagar sus préstamos.

“No basta con esto”, aseguró Huaycho. El dirigente explicó que muchas unidades productivas están operando al mínimo y que, por lo menos, el sector necesita hasta seis meses para tener suficiente liquidez para comenzar a pagar sus obligaciones.

En tres meses no podremos reactivarnos. Necesitamos utilidades, de ahí se pagan los créditos. En mi caso necesito generar Bs 7.000, y va a ser imposible llegar a eso. Otros compañeros pagan Bs 10.000 y hasta Bs 15.000”, señaló.

El emprendedor dijo que para cubrir sus gastos internos y la cuota del banco necesita generar Bs 10.000, sin contar el capital de operaciones y el sueldo de Bs 3.500 de sus tres trabajadores.

Susana Ortiz es una pequeña productora que se dedica a la fabricación de calzados y para cubrir su cuota al banco y pagar a sus seis trabajadores necesita generar un flujo de dinero de por lo menos Bs 20.000. “Cada semana juntamos para nuestros créditos. Nuestro sector está en emergencia”, relató.

Otro de los puntos que reclama el sector es que a la fecha ninguna pequeña o mediana empresa se benefició con el Programa especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa que estableció un fondo de Bs 1.500 millones.

Mirada empresarial

El sector de las grandes empresas también observa las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis por la paralización de la economía.

Dentro de la cadena productiva, desde el sector exportador cruceño calificaron de discriminatoria la exclusión del diferimiento del pago del IUE a los grandes contribuyentes.

“Las empresas que empujan al sector productivo son Graco y Pricos”, señaló Osvaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex).

A su criterio, es cuestionable que el diferimiento del pago de créditos solo beneficie a los que tengan menos de un millón de bolivianos en deudas.

La medida, según el empresario, deja de lado a empresas del sector productivo que tienen deudas más allá de ese monto.

“¿Qué pasa con aquellos que tienen obligaciones, como las empresas medianas, mayores a un millón, que son las que jalan al sector productivo?”, se preguntó.

Para Barriga, es necesario que el Gobierno entienda lo importante que es el sector productivo, porque “poco a poco se está ahogando a los sectores que son las locomotoras de la economía del país. Hace falta que haga un diferimiento bancario para todo el sector económico”, exclamó.

Desde la perspectiva del presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, el diferimiento en el pago del IUE a las utilidades excluye a 90.000 Gracos y Pricos.

El empresario explicó que a escala nacional existe un universo de 450.000 contribuyentes registrados en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). De esta cantidad la medida favorece a 360.000 empresas que pertenecen a la categoría ‘Resto’ de los Contribuyentes, que por lo general son micros, pequeñas y medianas empresas.

“Se valora la apertura del Gobierno de postergar el pago del IUE. Pero son 90.000 empresas, que se están quedando fuera, se debería tener el principio de igualdad”, afirmó Kempff.

Bancos

El financiero es otro sector al que preocupan las medidas estatales, en particular el diferimiento de los créditos. Desde la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) alertaron que la medida afecta al flujo de recursos usado por las financieras para cumplir sus obligaciones, como los pagos de intereses por las captaciones, sus gastos operacionales y administrativos.

Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de Asoban, explicó que el efecto mensual del diferimiento de pago de cuotas, en el caso de la banca, alcanza a aproximadamente $us 500 millones.

El ejecutivo detalló que recientemente el periodo diferido se amplió con el Decreto Supremo 4248 por tres meses más; “esto significa que la banca dejará de percibir un flujo de dinero por seis meses (marzo a agosto)”.

“La ampliación reduce la capacidad de las entidades bancarias para continuar con la intermediación de recursos, para las operaciones de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a través de nuevos financiamientos”, aseguró Villalobos.

La afectación del retraso de los pagos, a juzgar por Villalobos, repercutirá en cada entidad del sistema financiero, en función de su tamaño, el volumen de cartera, las características de sus prestatarios y su perfil de riesgo.

Desde Asoban indicaron que más del 95% de los prestatarios del sistema tienen deudas por debajo de Bs 1 millón; por lo tanto, serán beneficiarios del diferimiento ampliado, exceptuando las personas de ingresos fijos.

Villalobos señaló que, desde el inicio de la pandemia, los bancos manifestaron su apertura y flexibilidad para colaborar a sus clientes. “Con la regulación específica se determinaron las opciones con las que cuentan los prestatarios para seguir cumpliendo sus obligaciones”, dijo.

Estas opciones son trasladar las cuotas de los meses que establece la normativa hasta el final del plan de pagos; trasladar estas cuotas hasta el final del plan de pagos, pero convirtiéndolas en una sola; y que los pagos diferidos sean distribuidos entre las restantes cuotas pendientes en el plan de pagos.

“El cliente tiene la opción de plantear y analizar otras alternativas diferentes, como reprogramar su plan de pagos, de modo que le ayude a aliviar sus obligaciones y reencaminar su actividad económica”, dijo.

El Estado llegó a su tope

Sobre las observaciones, el economista Napoleón Pacheco señaló que no se le puede pedir más al Gobierno, si se toma en cuenta en qué contexto subió al poder y la fragilidad financiera con la que encontró las arcas del Estado.

“Con un déficit que el año pasado llegaba a un 8% del PIB no se puede pedir más”, señaló.

Empero observó que hasta el momento el Gobierno no tiene definido un plan claro sobre cómo salir de la crisis y marcar una hoja de ruta más clara.

El pasado mes, el ministro de Economía, José Luis Parada, dijo que hasta mayo el sector privado dejó de pagar casi Bs 10.000 millones por la suspensión del IUE. Además, afirmó que Impuestos Nacionales con varias resoluciones postergó los deberes formales en el IVA y el REC-IVA.

En esa línea, cuando asumió las riendas del Ministerio de Desarrollo Productivo dijo que una de las primeras medidas de apoyo al sector privado fue la Ley de Alivio Tributario y Promoción de Exportaciones de Servicios que debe aprobar el Congreso.

Además, dijo que el Gobierno privilegió la economía, que se ve amenazada por la paralización de actividades y la pérdida del empleo.