Una frágil defensa legal del Estado precede a otros 3 fallos arbitrales

En tres de los ocho arbitrajes internacionales en los que interviene la Procuraduría General del Estado (PGE) se emitirá un laudo en los próximos meses, mientras la defensa legal del Estado —según analistas— está debilitada por la politización de la Cancillería y de la misma PGE, y en un contexto en que al menos ocho de los 21 tratados bilaterales de inversión (TBI) denunciados por el Gobierno siguen aún vigentes.

Informes oficiales detallan que el Estado boliviano enfrenta en la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) procesos por demandas de la estadounidense Compañía Minera Orlandi, por la expropiación de sus concesiones mineras en Oruro (monto a definir); de la británica Glencore Finance Bermuda, por la expropiación de Vinto y Colquiri ($us 675,7 millones); de la boliviano-peruana Soboce, por la nacionalización de sus acciones en Fancesa ($us 93,3 millones más intereses); y de la suiza Zürich, por la pendiente nacionalización de sus acciones en la AFP Futuro (monto a definir).

Otros tres procesos comerciales contra empresas públicas bolivianas se presentaron en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y uno en The Grain and Feed Trade Association (Gafta).

Las demandadas en la CCI son la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), por una controversia contractual con la firma india Jindal Steel Bolivia ($us 15 millones); la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), por una controversia contractual con la estadounidense Duron LLC ($us 2,89 millones); y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por una conciliación de cuentas con la británica Shell ($us 26 millones).

La española Copasa, por su lado, llevó a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ante el centro de arbitraje de la Gafta, por la resolución de un contrato para la construcción de una carretera.
La Procuraduría está a la espera del laudo arbitral en los casos de la Compañía Minera Orlandini, Glencore y Dulon LLC.

La información se conoce luego de que el 12 de julio pasado el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) emitiera un laudo arbitral que obliga a Bolivia a indemnizar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) con $us 105 millones por la pendiente nacionalización de sus acciones en la AFP Previsión BBVA. 

Tras 16 procesos arbitrales desfavorables al Estado boliviano por los que el país tuvo que pagar unos $us 1.090 millones, la PGE identificó día atrás al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y a Acción Democrática Nacionalista (ADN) como “responsables directos” de que Bolivia aún sea parte de “un sistema internacional de solución de disputas creado para defender intereses de capitales extranjeros”.
El comunicado de la Procuraduría “empeora la posición” de esa institución estatal por dos razones, sostuvo el abogado internacionalista Sergio Fernández.

Primero, así funcionan los TBI en el mundo, “no responden a un modelo concebido nacionalmente para ir en contra de los intereses de Bolivia”. Segundo, la administración del Movimiento al Socialismo (MAS) “debía conocer que existe una ultraactividad de los TBI bastante extendida al momento de nacionalizar el servicio de administración de los fondos de pensiones y debía otorgar el trato justo y equitativo a BBVA. Es decir, tenían que saber a qué se exponían nacionalizando y, sobre todo, el tiempo que tomaría hacer el traspaso (de esa administración) a la Gestora Pública”, indicó.

Para Félix Huanca, abogado experto en crisis del sistema judicial, “los abogados del señor (Evo) Morales tomaron (en 2007) la decisión política de retirarse del Ciadi de una manera apresurada, sin realizar un análisis técnico y menos jurídico de los alcances que pudiera tener la denuncia”.

Perspectivas

El comunicado de la PGE hace referencia a los 21 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) suscritos durante “gobiernos neoliberales” y que a nombre del Estado denunció el Gobierno del MAS entre noviembre de 2009 y mayo de 2013.

La vigencia de estos acuerdos internacionales; sin embargo, no acabó con la denuncia oficial, debido a que éstos contaban con cláusulas de ultraactividad que se extienden hasta por 20 años y que permitieron la presentación de demandas internacionales en contra del Estado boliviano.

Una revisión de estos TBI permite observar que la protección de inversiones está vigente con Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Argentina, Chile, Países Bajos y Perú; que está por acabar este año con China, Dinamarca y Ecuador; y que ya terminó con Austria, Corea, España, Estados Unidos, Paraguay y Suiza.
El último laudo arbitral adverso al país “es consecuencia de malas decisiones y de no haber analizado correctamente la normativa jurídica” en materia de arbitrajes internacionales, afirmó el economista Róger Banegas.

En ello coincidieron tras el fallo del Ciadi frentes políticos de oposición que piden la destitución del procurador, Wilfredo Chávez.

Carlos Alarcón, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, consideró que la PGE está “a cargo de un procurador que no cumple los requisitos de legalidad para ejercer ese cargo y que se ha convertido en el factor de mayor daño económico al país y de falta de transparencia, en lugar de ser el garante de la preservación de los intereses del Estado en litigios económicos, como lo exige la Constitución”. Es más, apuntó, “en lugar de cumplir sus funciones, utiliza a funcionarios de esta institución para denunciar a líderes de oposición por intereses relativos a su ex cliente Evo Morales”.

“Si nos vamos a una relación costo-beneficio, hubo una importante inversión para la defensa jurídica de nuestros procesos, pero un bajo rendimiento en resultados, traducidos en pérdidas millonarias para nuestras finanzas nacionales”, sostuvo a su vez Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija.

Para Fernández, hay al momento dos “grandes debilidades” en la defensa legal del Estado.
La primera está en la Procuraduría, que a casi 12 años de su creación “carece de capacidad para defender los intereses nacionales” en procesos arbitrales internacionales, por lo que aún se ve en la necesidad de contratar especialistas bolivianos y extranjeros para esta tarea.

La segunda está en la “desprofesionalización” de la Cancillería, lo que ha disminuido igualmente las aptitudes de esa institución para efectuar acercamientos e iniciar negociaciones con los entes con los que se puede tener controversias, antes de que estos lleguen a presentar alguna demanda en cortes extranjeras.

“Hoy en día no se puede romper contratos de forma unilateral. Siempre tiene que haber acuerdos, porque en algún momento se va a tener que resarcir” una eventual nacionalización, “ya sea a través de una negociación, juicios o arbitrajes internacionales”, consideró Banegas. 

El economista observó, asimismo, que el laudo que ordena la indemnización de BBVA tendrá secuelas en la economía nacional, entre ellas la pérdida de divisas con las que se realiza este tipo de pagos y un mayor deterioro de la confianza en el marco jurídico boliviano, lo que retraerá aún más la llegada de inversión extranjera en Bolivia. “El país no está en condiciones económicas para estar afrontando millonarias indemnizaciones, de hecho estamos en niveles críticos en las reservas internacionales netas (RIN)”, subrayó.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó el 24 de julio a France 24 que el aprovechamiento del litio, la refinación del zinc para la extracción de minerales valiosos y la contratación de deuda externa forman parte del plan que el Gobierno aplicará a corto y mediano plazo para aumentar el nivel de las reservas. No mencionó el fortalecimiento de la inversión privada nacional ni la llegada de mayores volúmenes de capital extranjero.

De acuerdo con Romero, la pérdida de los “juicios” a cargo de la PGE, llevados “de manera ineficiente”, trae también otro efecto importante: el costo de oportunidad del “dinero perdido”, que podría haberse destinado a salud, educación, infraestructura, reactivación económica o en cualquiera de las muchas necesidades que tiene la población, pero que en lugar de ello se desviará a las arcas de los demandantes.

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