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Cada pocos meses, a veces cada pocas semanas, una nueva masacre con armas de fuego en Estados Unidos vuelve a poner sobre la mesa el mismo debate: ¿es un derecho, como allí reconoce la Segunda Enmienda a la Constitución, poseer y portar armas? Sin embargo, esta vez la polémica se ha trasladado a Colombia, donde un grupo de congresistas del Centro Democrático -el partido conservador de Álvaro Uribe- ha presentado un controvertido proyecto de ley para flexibilizar el porte legal de armas de fuego.

"Los colombianos están pidiendo a gritos poderse defender de los peligros constantes a los que están expuestos”, argumentó la senadora María Fernanda Cabal, una de las cabezas visibles de la iniciativa. Sus contrincantes políticos subrayaron la importancia de esta prohibición en la reducción de los crímenes y acusaron a los conservadores de levantar una "cortina de humo” ante el supuesto fracaso de la política de seguridad nacional del Gobierno del Centro Democrático.

En materia de tenencia y porte de armas de fuego, la panorámica regional latinoamericana muestra enormes diferencias con el caso de EE. UU. Según el registro por país del portal especializado GunPolicy.org, el derecho a la posesión de armas de fuego solo está garantizado condicionalmente en las Constituciones de Guatemala, Haití, México y Puerto Rico. En este último caso, por la de Estados Unidos, dado que se trata de un territorio no incorporado de ese país. Adicionalmente, en Honduras este derecho está garantizado por la ley.

"En la mayoría de los países de la región tenemos leyes mucho más restrictivas que Estados Unidos respecto a la tenencia y portación de armas de fuego, pero sobre todo respecto al acceso a las armas largas y de tipo militar", dice a DW la especialista argentina Carina Solmirano, coordinadora del Monitor del Tratado sobre Comercio de Armas. "Acá no se considera el acceso a un arma de fuego un derecho protegido".

Esto no significa que en los países latinoamericanos que conforman esta abrumadora mayoría no haya armas, legales o ilegales. Solmirano, miembro de la red de Politólogas y del colectivo Mujeres en Seguridad, explica que "la principal distinción es si un ciudadano tiene un derecho protegido o no para acceder a un arma de fuego, y para qué la necesita".

Las agencias autorizadas a emitir las licencias para usar un arma de fuego exigen una serie de requisitos, que suelen incluir exámenes físicos y a veces psicológicos. A menudo se exige también la ausencia de antecedentes penales e incluso certificados de aptitud de tiro. "En nuestros países no se puede ir a un Walmart a comprar un revólver", ironiza la argentina.

La influencia de la industria armamentística

¿Y de dónde surgen estos movimientos a favor de una flexibilizacón del porte de armas de fuego? Leonardo Bandarra, investigador del Instituto de Estudios Regionales GIGA, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, sostiene que en el caso colombiano "tiene mucha relación con el conflicto y la violencia, pero también con la influencia de Estados Unidos". Y recuerda que, en Brasil, Bolsonaro fue elegido con promesas "sin precedentes" de flexibilización de este ámbito.

No obstante, el experto brasileño llama a no subestimar el factor de la industria armamentística: "América Latina importa armas, pero también las produce. La región tiene un nivel de producción de armas de fuego muy importante incluso a nivel mundial". Bandarra considera que ese "lobby" es, por tanto, muy fuerte en algunos países de la región.

Pese a que la gran mayoría de la región comparte políticas y legislaciones bastante restrictivas en esta materia, ello no significa que no haya grandes cantidades de armas –"millones", en palabras de Solmirano- circulando por Latinoamérica. Sobre todo en Centroamérica.

"Esto tiene que ver con un déficit de nuestros países, que es que no se ha podido controlar el mercado ilegal de armas, que es enorme y tan grande como el mercado legal que tenemos en América Latina", explica la argentina. Según el estudio Small Arms Survey, publicado en 2018, en términos absolutos Brasil y México son los países con más civiles en posesión de armas de fuego. Destaca, sin embargo, la gran presencia de armas en países pequeños como Guatemala y Honduras que sugieren estas estimaciones detalladas en el gráfico, que incluyen tanto la tenencia legal como la ilegal.

"Me da la sensación de que hay una falsa creencia de que las armas brindan seguridad si uno las tiene", señala Solmirano, quien llama la atención sobre la situación de países como Brasil, con muchas armas de fuego circulando y altos niveles de violencia. En su opinión, no basta con leyes restrictivas: "se necesitan mayores esfuerzos para lograr un mejor control de las armas de fuego en América Latina".

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