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Los une la defensa del acuerdo de paz, la búsqueda de su implementación efectiva y la reanudación del diálogo entre el gobierno y la guerrilla del ELN. La iniciativa "Defendamos la Paz” (DLP) nació en Bogotá en 2019 y pronto cruzó fronteras.

DLP reúne a colectivos y representantes de diferentes áreas: defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, miembros de comunidades rurales e indígenas, comunicadores y políticos de distintos sectores, entre otros.

En este mes de junio el capítulo internacional de DLP, que reúne a colombianos en el exterior, cumple un año. Allí donde estén se organizan y protagonizan manifestaciones, promueven contactos con políticos y organismos internacionales y apoyan la defensa de víctimas del conflicto y de activistas amenazados.

Se reunieron con la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y presentaron un documento ante la Corte Penal Internacional en La Haya, "por la defensa, protección y garantías de vida para los líderes y lideresas sociales en Colombia, que están siendo asesinados casi a diario”, explica Diana Sepúlveda, en diálogo con DW.

La activista reside en Berlín y es parte del colectivo Unidos por la Paz en Alemania, integrante de DLP Internacional. Conectados a través de redes sociales, han multiplicado la convocatoria. En una manifestación en Berlín, en respaldo al paro nacional en medio de la ola de protestas que recorrió Latinoamérica a fines de 2019, se reunió un número inédito de más de 400 personas, según calcula Diana Sepúlveda.

Refugio para líderes amenazados

La activista indica que "después del Acuerdo de Paz, Colombia perdió prioridad para el gobierno alemán. Estamos tratando de que la agenda política de este país incorpore nuevamente el tema”. Entre sus gestiones, DLP ha conseguido apoyo de parlamentarios como Heike Hänsel y Michel Brandt, de Die Linke.

"Defendamos la Paz es una iniciativa importante que busca atraer la atención internacional para aumentar la presión sobre el gobierno de Duque e implementar finalmente elementos como la Jurisdicción Especial de Paz, las garantías de seguridad y la lucha contra la pobreza en zonas rurales”, dijo a DW la diputada Hänsel.

La gestión en Alemania permitió que Abel Coicué, líder de una comunidad indígena del Cauca, fuera acogido por el programa "Parlamentarios protegen a parlamentarios”, gracias a la gestión del diputado Michel Brandt. Este programa del Bundestag apoya a parlamentarios y defensores de los derechos humanos perseguidos en el extranjero.

"Este documento oficial fue como una especie de chaleco antibalas", destaca Diana Sepúlveda. Coicué, amenazado de muerte en su país por dar a conocer los ataques que sufre la comunidad Nasa, había sido invitado a Alemania por el colectivo Unidos por la Paz.

"El conflicto colombiano se está visibilizando de otra manera. La gente está viendo que desde el exterior también se puede hacer algo”, indica la activista. Pero no todo son respaldo y agradecimientos: "Hay quienes critican que estamos acá mientras a ellos en Colombia los matan. Entendemos el dolor y la frustración que se siente allá, no somos indiferentes y, dentro de nuestras posibilidades, intentamos contribuir a la protección de los acuerdos de paz”.

Presión internacional

"El gobierno colombiano cuida mucho su imagen en el exterior y le interesa conservar las buenas relaciones con otros países. No les ha gustado que nosotros visibilicemos que las cifras que ellos presentan no se corresponden con muchos informes de ONGs e incluso con los de la Defensoría del Pueblo, que es un organismo estatal”, dice Sepúlveda.

"La comunidad internacional también tiene la responsabilidad de garantizar que el proceso de paz no fracase”, afirma Hänsel. La parlamentaria advierte sobre el peligro de una nueva escalada de violencia y la necesidad de apoyo financiero para el desarrollo de la vida civil y garantías de seguridad para los ex combatientes de las FARC.

La diputada cita cifras del instituto de estudios INDEPAZ, de Colombia, que indican que, tras la firma del acuerdo de paz fueron asesinados 629 activistas sociales, defensores de derechos humanos, indígenas y miembros de comunidades, y 137 ex combatientes de las FARC, entre fines de noviembre de 2016 y julio de 2019.

Hänsel considera que, teniendo en cuenta estos datos, Alemania y la Unión Europea debieran apoyar la iniciativa de los grupos de la sociedad civil de investigar a Colombia por crímenes de lesa humanidad a través de la Corte Penal Internacional: "Sería crucial que el gobierno alemán ejerciera mucha más presión sobre el gobierno colombiano para cumplir con el Acuerdo de Paz”.

En el contexto actual, en medio de la pandemia, los desafíos se multiplican. DLP continúa con el acompañamiento a colombianos en sus procesos de asilo y el apoyo a la Mesa Nacional de Víctimas y ahora también impulsa la ayuda humanitaria para quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad lejos de su país.