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México está a un paso de convertirse oficial y ‘legalmente' en zona franca del crimen ante nuestros ojos. Lo que no había logrado ningún presidente de México o partido político visiblemente conectado con grupos oligarcas, corruptos y/o narcotráfico, de un plumazo lo está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

A petición del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el Senado de la República ha modificado de manera súbita dos leyes que, de ser confirmadas en la Cámara de Diputados, significarán un antes y un después en la larga historia de crimen sin castigo en México.

La reforma a la Ley de Seguridad Nacional (LSN) y la reforma al Banco de México propiciarían que la quinceava economía del planeta y que comparte una porosa frontera de más de tres mil kilómetros con Estados Unidos, se convierta abiertamente en un paraíso mundial para criminales de todo tipo y terroristas.

En una maniobra astuta los grupos de interés político, económico y criminal, continuamente coligados unos con otros, han logrado que AMLO les haga el trabajo sucio y que bajo el manto de su popularidad realice cambios legales sustantivos para favorecer las actividades abusivas o ilícitas de dichos grupos.

La izquierda usada como Caballo de Troya para hacer lo que esas cofradías, habitualmente de derecha, no pueden hacer abiertamente.

En esta colaboración hablaré de la historia y consecuencias de la reforma a la LSN, aprobada en un albazo la semana pasada por el Senado, aprovechando que la crisis del Covid-19 se lleva la mayor parte de la atención de la ciudadanía y la opinión pública, y que inicia el largo periodo vacacional Guadalupe-Reyes (del 12 de diciembre al 6 de enero), en el que la mayoría de los mexicanos se concentran en las festividades de la Virgen de Guadalupe, Navidad y Día de los Reyes Magos.

Con el falso argumento de defender la soberanía de México, con las modificaciones a la ley se quiere limitar la presencia y tareas de investigación de agencias de gobiernos extranjeros, retirarles la inmunidad a sus representantes y obligarlos a compartir con autoridades mexicanas tradicional y probadamente corruptas, toda la información sobre las investigaciones que realicen en territorio mexicano sobre grupos criminales, y funcionarios públicos, políticos, empresarios y cualquier otra entidad vinculados a estos.

Así como entregar un reporte mensual de todas sus actividades. En pocas palabras, amarrarles las manos para que no hurguen en los vergonzosos secretos de México, donde el crimen ha penetrado la estructura institucional y social de manera vertical y horizontal.

De ser confirmada por la Cámara de Diputados, tendrá como efecto, en la práctica, que ningún narco-funcionario, narco-político o narco-empresario pueda volver a ser incomodado con las investigaciones de la DEA, y ninguna otra agencia extranjera, como ocurrió recientemente con el ex Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos y el ex Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Ambos acusados en Nueva York de narcotráfico.

"Ley Cienfuegos"

Aunque AMLO y su gobierno afirman que la súbita reforma no tiene dedicatoria, de acuerdo a una investigación que llevo en curso los cambios a la ley sí tienen una dedicatoria clara y precisa contra la DEA, la CIA y el FBI, y es por eso que al interior de la llamada 4T ya le llaman la "Ley Cienfuegos”.

La propuesta de reforma para bloquear las incómodas investigaciones de la DEA -prioritariamente- estaba planteada desde el inicio del gobierno de AMLO. Pero era letra muerta porque, de entrar en vigor, pondría en jaque la ya de por sí históricamente difícil relación entre México y Estados Unidos, y porque al propio AMLO le convenía en ese momento que los corruptos de otras administraciones fueran detenidos por los estadounidenses, porque reforzaba su discurso político contra la oposición.

Las cosas cambiaron con la detención del general de División Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional, acusado con sólidas y contundentes pruebas por la Corte de Distrito Este de Nueva York de narcotráfico, porque puso en riesgo su relación con el Ejército Mexicano, al que el mismo AMLO ha dado mayor poder desde que inició el gobierno. Por eso a exigencia de la SEDENA defendió y rescató al militar de la justicia estadounidense.

Luego de la detención y rescate de Cienfuegos, lo que era letra muerta cobró vida para impedir que otros más del numeroso grupo de narco-poder al que pertenece el general pudiera ser molestado, sobre todo porque hay delicadas investigaciones en curso por parte del gobierno de Estados Unidos.

Si el esquema creado con la reforma hubiera funcionado en los tiempos de García Luna o en los de Cienfuegos, la DEA les habría tenido que hacer llegar la información de que descubrió que estaban traficando droga. Les habrías tenido que decir quiénes eran sus informantes. Hubieran compartido sus pruebas y por supuesto ni García Luna ni Cienfuegos hubieran pisado la cárcel.

La soberanía de la impunidad

Guste o no, el hecho es que cerca del setenta por ciento de los narcotraficantes y políticos mexicanos vinculados al narcotráfico de mayor nivel, detenidos en los últimos 20 años en México, han sido arrestados gracias a información emanada de la DEA: Joaquín Guzmán Loera "El Chapo”, líder del Cartel de Sinaloa, Osiel Cárdenas Guillen, líder del Cartel del Golfo y Los Zetas, Vicente Carrillo Fuentes, Líder del Cartel de Juárez, Alfredo y Arturo Beltrán Leyva líder del Cartel de los Beltrán Leyva, este último asesinado en 2009 durante el operativo para su captura.

Dámaso López Núñez "El Licenciado”, operador y brazo derecho de "El Chapo”; Gerardo Álvarez Vázquez, del Cartel de Sinaloa, Martin Villegas Navarrete de los Beltrán Leyva, Felipe Cabrera Sarabia del Cartel de Sinaloa; Juan Manuel Álvarez Inzunza operador financiero del Cartel de Sinaloa, hasta Rubén Oceguera González alias "El Menchito”, hijo de Nemesio Oceguera líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, detenido por el gobierno de AMLO gracias a la DEA -sin que mediara ninguna queja de violación a la soberanía por parte del gobierno- y quien fue extraditado rápidamente a Estados Unidos este año. Solo por mencionar algunos.

A una larguísima lista de narcotraficantes, también se añade la lista de narco-funcionarios públicos mexicanos detenidos o con orden de aprehensión en Estados Unidos: Cienfuegos, García Luna; el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, acusado por una corte de Estados Unidos de recibir sobornos del Cartel de Los Zetas, actualmente preso en Texas; el ex Fiscal General del Estado de Nayarit, Edgar Veytia alias "El Diablo” detenido en EE.UU. por trabajar para el Cartel H2; el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, también acusado por narcotráfico en ese país, actualmente prófugo, y un largo etcétera.

Muchos de ellos ni siquiera tienen orden de arresto en México, ni había investigaciones abiertas en su contra. La única razón por la que han sido detenidos es bajo el esquema "detención provisional con fines de extradición” gracias a que un juez estadounidense giró una orden de arresto. Y giró la orden de arresto porque alguna agencia de EE.UU. presentó pruebas suficientes en su contra, pruebas obtenidas por la tarea de inteligencia que llevan a cabo en México.

Si no fuera por las agencias estadounidenses, esos criminales, muchos de ellos parte de las mismas instituciones del gobierno de México, estarían libres y seguirían cometiendo sus crímenes. En la práctica lo que defiende la reforma a la Ley de Seguridad Nacional es la soberanía de la impunidad.

La venganza de García Luna

Los artífices de la "Ley Cienfuegos” son gente vinculada a Genaro García Luna. No es casual. Como lo he señalado en otras colaboraciones Cienfuegos, García Luna y otros ex mandos policiacos como Luis Cárdenas Palomino, forman parte del mismo grupo político, policías, militares y empresarios vinculados al crimen organizado que conforman una cofradía y que tiene presencia activa en el gobierno de AMLO a través de la inserción de sus más allegados en la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, SEDENA, y diversas secretarías de seguridad pública locales de México.

Uno de los autores de la reforma es Julio Cesar Sánchez Amaya, quien desde enero de 2019 ocupa el cargo de Director de "asuntos especiales” en la Subsecretaría para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

De acuerdo a la información obtenida, es muy cercano, incondicional, de Joel Ortega Cuevas. Primero fue, literalmente, su jardinero. Luego fue inspector de vía pública en la delegación Gustavo A Madero cuando Ortega Cuevas era el Delegado.

Cuando este último ascendió a Secretario de Seguridad Pública (2004-2008) durante el gobierno de AMLO en la CDMX, Sánchez Amaya ocupó la Dirección General de Policía Sectorial. Ambos fueron despedidos sin mayores consecuencias tras un operativo policiaco en el que murieron 13 personas.

Cuando Ortega Cuevas fue Director del Sistema Colectivo Metro en la CDMX (2012-2015) durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la CDMX, su incondicional Sánchez Amaya ocupó otros importantes cargos en la SSP capitalina. Cabe señalar que he descubierto que Mancera también era asiduo asistente a fiestas de Luis Cárdenas Palomino, acusado de narcotráfico en México en Estados Unidos.

Durante la transición entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de AMLO, Ortega Cuevas era un asiduo participante en las reuniones de lo que sería el "gabinete de seguridad” integrado por la SER, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Será quizá en esas reuniones donde habrá logrado insertar a Sánchez Amaya.

De acuerdo a informantes, Ortega Cuevas trabajó para García Luna, y hay incluso dentro de la 4T quienes afirman que fue su "socio”. El periódico El Universal publicó que él fue el artífice del contrato de más de 31 millones de pesos dado por el gobierno de Mancera a una empresa de García Luna en 2017.

El jefe de Sánchez Amaya es Roberto Velasco Álvarez quien en junio pasó de vocero de la Cancillería a Director General para América del Norte.

En la práctica, me informan, si la reforma a la Ley de Seguridad Nacional es ratificada por la Cámara de Diputados sería Sánchez Amaya el responsable de supervisar las actividades de los agentes extranjeros, entre ellos la DEA. Irónico y obsceno que cercanos de García Luna sean los que ahora deberán supervisar las investigaciones de los estadounidenses. Una peculiar venganza.

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