“El gobierno ha reducido el espacio cívico y democrático hasta un punto que no deja lugar a la disidencia”, advirtió el Grupo de Expertos de Derechos Humanos (GHREN).

13 de septiembre de 2023, 10:59 AM
13 de septiembre de 2023, 10:59 AM

El Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua advirtió el martes (12.09.2023) que la persecución a la disidencia en el país centroamericano se ha recrudecido en los últimos seis meses y pidió al Consejo de Derechos Humanos "ampliar las sanciones” y enfocarse contra "instituciones e individuos involucrados en la comisión de crímenes internacionales".

En el segundo informe presentado al Consejo de Derechos Humanos (instancia que acordó su creación), el grupo también señaló que nada ha cambiado con respecto a su hallazgo de que en Nicaragua se está cometiendo desde 2018 el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos.

Esta denuncia la hizo inicialmente el pasado marzo, cuando responsabilizó de ello al presidente Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. En esa misma investigación se determinó que ambos habían puesto a todo el aparato estatal al servicio de sus fines y de la impunidad que les rodea.

El presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) el alemán Jan-Michael Simon, dijo que el ensañamiento del gobierno con las personas que considera opositoras busca obligarlas a exiliarse, como ocurrió el pasado febrero con más 220 excarcelados a los que despojó de su nacionalidad y expulsó del país.

Denunció como un caso flagrante el de la defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, que sigue en Nicaragua a pesar de vivir bajo amenazas y despojada de su nacionalidad; o la del obispo católico Rolando Álvarez, quien se negó a ser desterrado de Nicaragua y está detenido arbitrariamente.

A los que están en el extranjero se les niega el retorno y también se les priva de su nacionalidad, con más de 300 casos de este tipo registrados por el GHREN.

Otras violaciones incluyen la eliminación de los registros de nacimiento, la confiscación de bienes, incluidas viviendas, y la cancelación del pago de pensiones, así como amenazas de las autoridades contra familiares en Nicaragua.

El grupo pidió a Ortega que permita que sus miembros entren al país para ampliar sus indagaciones, y que autorice el acceso de organismos neutrales, como la Cruz Roja Internacional, a los centros de detención donde hay opositores reales o percibidos como tales para verificar sus condiciones.

A la comunidad internacional, les pidió que faciliten el acceso de los nicaragüenses sin nacionalidad a los procedimientos de identificación y que, en la medida de lo posible, les facilite la naturalización.

gs (efe, ap)