Las promociones empresariales con premios, sorteos o rifas dejarán de requerir autorización estatal en Bolivia. La medida entró en vigencia tras la promulgación de la Ley N° 1733 de Alivio Tributario y pone fin a un sistema de control que se aplicó durante más de una década a empresas y negocios que buscaban atraer clientes mediante campañas promocionales.
“La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) comunica a la población en general y a las empresas que realizan promociones empresariales que, tras la promulgación de la Ley N° 1733 de Alivio Tributario, de 27 de mayo de 2026, las promociones empresariales ya no requieren autorización de la AJ a partir de la fecha”, indicó la entidad en un comunicado.
Las empresas en Bolivia debían solicitar autorización para realizar promociones comerciales con entrega de premios por disposición de la Ley N° 060 de noviembre de 2010. La norma otorgó facultades de control a la entonces Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego, hoy Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ).
La Ley 060 alcanzaba a sorteos, rifas y campañas promocionales utilizadas para incentivar ventas o captar clientes, siempre que existiera algún premio de por medio. La disposición se puso en marcha en febrero de 2011 con un reglamento específico que fijó requisitos, plazos, procedimientos y sanciones para las empresas interesadas en lanzar promociones comerciales.
Los trámites llegaron a incluir una extensa lista de documentos, entre ellos cédulas de identidad, matrículas de comercio, poderes notariales, certificados tributarios y contratos con terceros, además de declaraciones juradas y autorizaciones adicionales en casos de empresas reguladas.
Ahora, con la promulgación de la Ley N° 1733 de Alivio Tributario, las promociones empresariales quedan excluidas del alcance de la Ley 060. El cambio apunta a reducir trámites y facilitar la actividad comercial.
La modificación corrige una situación que durante años fue observada por distintos sectores empresariales. Aunque las promociones comerciales tenían como finalidad incentivar ventas, fidelizar clientes o posicionar marcas, la normativa las colocaba bajo el mismo régimen regulatorio que las actividades de juego de azar.
Según explicó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, la reforma parte de una diferencia conceptual básica: las promociones empresariales son instrumentos comerciales y no actividades lúdicas. “Las promociones empresariales no eran una actividad lúdica; son actividades comerciales que implican una intención de venta y una mejora de condiciones para los consumidores”, sostuvo la autoridad.
Bajo el régimen anterior, una campaña que ofreciera sorteos, premios o rifas debía tramitar autorizaciones ante la AJ y cumplir requisitos administrativos que implicaban tiempo y costos adicionales para las empresas. Con la nueva normativa, estos mecanismos dejan de estar sujetos a ese procedimiento.
El Gobierno sostiene que la medida busca reducir cargas burocráticas y eliminar disposiciones que encarecían las estrategias comerciales de las empresas. Espinoza afirmó además que las promociones empresariales ya no estarán alcanzadas por los tributos previstos para actividades de juego. “Hoy ninguna promoción empresarial tiene que pagar estos impuestos y, por lo tanto, ninguna persona que participe de una promoción tampoco va a pagar impuestos”, indicó.
La decisión forma parte del paquete de medidas incorporadas en la Ley de Alivio Tributario, cuyo objetivo es simplificar procedimientos, reducir costos de cumplimiento y generar mejores condiciones para la actividad económica formal.
Con la eliminación de la autorización previa, las empresas podrán organizar campañas promocionales con menos restricciones administrativas y menores costos regulatorios