Ruby Tatiana Caballero salió rumbo a su trabajo en el hospital El Bajío el viernes 8 de mayo. Minutos después quedó atrapada entre los fierros de su vehículo sobre la avenida Soberanía Nacional, en Santa Cruz.
El conductor que impactó de frente contra su motorizado dio positivo a la prueba de alcoholemia, según confirmó Tránsito. La enfermera murió poco después y dejó un nuevo caso que sacudió a la ciudad. Pero detrás de esa tragedia también aparece una dimensión mucho menos visible: el enorme costo económico que generan los accidentes de tránsito en Bolivia.
Santa Cruz se convirtió en el principal reflejo de esa crisis. El departamento concentra casi la mitad de todos los siniestros viales registrados en el país y muestra cómo el crecimiento urbano acelerado, el aumento del parque automotor, el transporte informal, las motocicletas y el alcohol al volante terminaron creando un problema que ya no puede analizarse únicamente desde la óptica policial.
Entre 2019 y 2024, Bolivia registró 104.285 accidentes de tránsito, con un saldo de 50.210 heridos y 6.665 fallecidos, según datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana. Solo en el primer semestre de 2025 ya se registraron 9.731 accidentes de tránsito en Bolivia, un incremento del 10,45% respecto al mismo periodo del año anterior. Santa Cruz superó por primera vez el 50% de los siniestros nacionales y consolidó su condición de epicentro de la crisis vial boliviana.
El costo invisible
La dimensión humana es evidente en hospitales, funerales y familias quebradas. Sin embargo, el impacto económico sigue siendo una de las áreas menos estudiadas y más invisibles del problema.
Ahí aparece una de las alertas centrales planteadas por el gerente del Automóvil Club Boliviano (ACB), Cristian Zambrana. El ejecutivo sostiene que Bolivia necesita construir con urgencia un índice nacional que mida cuánto afectan los accidentes de tránsito al Producto Interno Bruto (PIB).
“La OMS estima que los accidentes cuestan el 3% del PIB, pero ese número es una estimación internacional. En Bolivia, no sabemos con precisión cuánto gastamos en hospitales, cuánta productividad perdemos, cuántas familias caen en pobreza”, afirmó.
La Organización Mundial de la Salud calcula que las colisiones de tránsito generan pérdidas equivalentes al 3% del PIB en la mayoría de los países. Aplicado a una economía boliviana cercana a los $us 40.000 millones, el impacto potencial supera los $us 1.200 millones anuales.
Cada choque grave activa una cadena de costos que golpea simultáneamente a hospitales públicos, aseguradoras, familias y productividad laboral. El problema es que Bolivia todavía no tiene una metodología oficial que permita calcular cuánto dinero pierde realmente por la violencia vial.
“La gente ve el accidente como una tragedia individual, pero no como una hemorragia económica colectiva. Cada accidente evitable es una escuela o un hospital que el país deja de construir”, sostuvo Zambrana.
El impacto económico no se limita a ambulancias o cirugías. También incluye rehabilitación, discapacidad, ausentismo laboral, daños materiales y pérdida de productividad.
Un accidente grave puede obligar a vender bienes, abandonar estudios o dejar empleos para cuidar a una víctima. En muchos hogares, el sostén económico desaparece en segundos y la recuperación tarda años.
“Cada boliviano que muere o queda discapacitado deja de producir. Perdemos fuerza laboral, talento y productividad. Invertir en prevención tiene retorno económico”, afirmó Zambrana.
Los datos muestran que la mayor parte de los accidentes responden a causas evitables. El 66,89% de los hechos se atribuye a fallas humanas., por imprudencia del conductor y la conducción en estado de ebriedad.
El crecimiento acelerado de motocicletas también modificó el mapa de la siniestralidad: actualmente representan cerca del 49% de los accidentes registrados en el país. En hospitales y aseguradoras se repite un patrón: jóvenes motociclistas y trabajadores informales con lesiones graves y secuelas permanentes.
Mientras tanto, los hospitales públicos continúan absorbiendo una creciente presión por atención de víctimas, cirugías, terapia intensiva y rehabilitación derivadas de accidentes de tránsito.
Bolivia todavía no cuenta con una base integrada que permita cruzar información de Tránsito, hospitales, discapacidad, seguridad social y productividad perdida.
“Sin ese índice no podemos medir el problema, y sin medirlo no podemos gestionarlo. La movilidad segura debe ser reconocida como condición indispensable para el desarrollo económico”, sostuvo Zambrana.
Una deuda estatal
La necesidad de medir y reducir el impacto económico de los accidentes forma parte además de los compromisos internacionales asumidos por Bolivia. La Asamblea General de Naciones Unidas fijó la meta de reducir a la mitad las muertes y lesiones causadas por el tránsito hasta 2030.
La OMS impulsa el denominado “enfoque de sistema seguro”, que plantea políticas integrales de prevención: control de velocidad, infraestructura vial segura, vehículos más seguros, cumplimiento efectivo de normas y coordinación entre transporte, salud, educación, Policía, sector privado y sociedad civil.
El problema es que Bolivia sigue reaccionando después del accidente y no antes.
La comparación regional también expone diferencias. En Santa Cruz, el fenómeno aparece ligado al crecimiento urbano y el aumento vehicular. En La Paz pesan la geografía y el transporte pesado. Cochabamba enfrenta presión metropolitana y crecimiento vehicular.
Pero el patrón de fondo es el mismo: un país que todavía no logra transformar la seguridad vial en política de Estado.
Desde el ACB consideran que Bolivia debería avanzar hacia una mesa técnica nacional integrada por el Instituto Nacional de Estadística, los ministerios de Salud y Economía, universidades y especialistas en seguridad vial.
La meta sería construir un índice nacional antes de 2027, reducir el costo económico de los accidentes del 3% al 2% del PIB y disminuir la mortalidad vial en un 50% hacia 2030.
La muerte de Ruby Tatiana Caballero volvió a mostrar la escena más dolorosa de la violencia vial boliviana. Pero detrás de ese caso hay otra factura que el país todavía no termina de calcular: hospitales presionados, familias empobrecidas, trabajadores fuera del mercado laboral y millones de dólares que desaparecen cada año por accidentes que, en gran parte, podrían evitarse.
El choque dura segundos. Las consecuencias económicas y humanas pueden quedarse durante décadas.