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La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, aseguró que no renunciará a su cargo y admitió que algunas organizaciones sociales incurrieron en el desvío de fondos en la administración del Fondo Indígena. 

"Nosotros entendemos que el Fondo Indígena es una institución que no puede desaparecer (...) Ha habido algunos desvíos de recursos, que es lo que se ha notado en el proceso de auditoría. Son las mismas organizaciones que se han visto afectadas", aseveró la autoridad en conferencia de prensa en Santa Cruz. 

Ratificó que se presentará este viernes a la interpelación que le hará la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y dijo no tener miedo a las preguntas, debido a que ella es denunciante dentro de la investigación que, hasta ahora, tiene dos personas bajo medidas cautelares. 

"Sabemos que aquellos que eran exdirigentes son parlamentarios de la oposición, por lo tanto, políticamente están haciendo la acción y nosotros no tenemos problema en responder porque somos parte denunciante", argumentó Achacollo. 

Un informe de la Contraloría General activó el proceso por daño económico al Estado, por la suma de 71 millones de bolivianos que fueron destinados a 153 proyectos inexistentes .

Se imputó, con detención preventiva, por daño económico a Elvira Parra que fue representante de la organización Bartolina Sisa; a Daniel Zapata, representante de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)m con arresto domiciliario, y Marco Antonio Aramayo, de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob),se encuentra prófugo.