Los motorizados fueron detenidos en barrios como Satélite Norte, Villa 1ro. de Mayo, feria Barrio Lindo y Plan 3.000, entre otros.

24 de febrero de 2024, 15:27 PM
24 de febrero de 2024, 15:27 PM

La Aduana Nacional (AN) confiscó un total de 65 motorizados, entre el 1 de enero y el 22 de febrero, en distintos operativos realizados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Los vehículos suman un valor de Bs 8,24 millones.

De acuerdo con el reporte ofrecido por el gerente regional de la AN Santa Cruz, José Luis Mollinedo, los rodados fueron internados al país de manera ilegal y fueron detenidos en barrios como Satélite Norte, Villa 1ro. de Mayo, feria Barrio Lindo, Plan 3.000, entre otros, y en los municipios de La Guardia y Montero.

Además, en el periodo señalado, la AN se incautó mercadería variada por un valor de Bs 597.674, principalmente en los puestos de inspección aduanera (PIA) de Abapó, Pailas y Pailón, además de la ciudad de Montero y La Guardia.

Mollinedo explicó que en total, entre enero y el 22 de febrero, se realizaron incautaciones por un valor de Bs 8.842.231, monto que incluye a los motorizados y a la mercancía variada. Estos comisos fueron ejecutados en 135 operativos en ese periodo.

Entre los vehículos, se incautaron principalmente automóviles, vagonetas y camionetas. Y entre la mercadería variada, se tiene alimentos, como durazno al jugo, leche en polvo, galletas o yerba mate, productos de limpieza como desodorantes, y ropa usada, entre otros productos.

El jueves pasado, la AN comisó ropa usada de contrabando por un valor de Bs 298.650, en el municipio de La Guardia de Santa Cruz, gracias a una denuncia recibida en su Sistema de Denuncias de la Aduana Nacional (SIDEA), añadió Mollinedo.

El Sistema de Denuncias de la AN (Sidea) consiste en un formulario electrónico y en una línea gratuita, 800106262, donde los denunciantes pueden informar sobre hechos ilícitos, a cambio de incentivos que consisten en recibir el 10% en caso de mercancía prohibida, como la ropa usada; si se trata de mercancía no prohibida, el 20% en caso de un denunciante particular, y el 40% si la denuncia proviene de una comunidad o pueblo.