Agricultores de valles potosinos denuncian contaminación minera

Campesinos de los valles de la provincia Nor Chichas de Potosí, gran productor de uvas, peras de agua, duraznos y hortalizas, piden que empresas mineras que han comenzado a operar sobre la cuenca del río Tumusla, abandonen la zona porque ponen en riesgo la producción agropecuaria y la vida de 9.000 familias.

El dirigente Abraham Cincko, presidente del Comité de Medio Ambiente de los distritos 6 Ckara Ckara Sud y distrito 7 Chati, del municipio de Cotagaita, denunció que dos empresas mineras están operando ilegalmente en la zona.  Una de ellas es la empresa Sumincor, cuya cabeza visible es Jaime Uzquiano, que aprovechando la cuarentena del covid-19 se ha instalado sin realizar la consulta previa a las comunidades asentadas en toda la zona, como establece la CPE.

Esta empresa explota cobre en la mina ubicada en la comunidad de Jatún Ayllu, perteneciente al municipio de Tomave, en pleno límite con el municipio de Cotagaita, sin cumplir las normas ambientales. Desde hace un año las comunidades solicitan al ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, su expulsión de la zona pero no son escuchadas, según el dirigente.

Igualmente, hay otra mina en la zona de Toropalca, sobre el mismo río, que estaba abandonada y pretenden reactivarla, aseguró el dirigente.Frutas que se producen en la zona/Foto: Abrahan Cincko

Contaminación

El dirigente Cincko indicó que el  8 de octubre 2020 se realizó una inspección a la mina Huayrani y se verificó el uso de muchos químicos que luego terminan en el río por efecto de las lluvias

“Vivimos de la agricultura, la producción de frutas, especialmente uvas que son destinadas para la producción de singani y vino.  La contaminación minera comienza a dañar nuestros cultivos.  Las comunidades no tienen agua potable y consumen agua del río con graves consecuencias para su salud.  Por eso no vamos a permitir que empresas mineras operen en nuestra cuenca. Si hasta el 3 de mayo las autoridades no retiran a las empresas, comenzaremos un bloqueo masivo en Tumusla” advirtió.

El Plan de Desarrollo Municipal de Cotagaita a la que pertenecen las comunidades del río Tumusla da cuenta que un monitoreo realizado el 2015 a la mencionada cuenca encontró concentraciones de mercurio, arsénico, aluminio, cadmio, plomo, sulfatos, fosfatos y nitratos que superan los niveles establecidos por la norma.

Aporte minero al PIB

El economista y gerente del Instituto de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez consultado con respecto al aporte de la minería a la economía nacional en los últimos años, expresó que, haciendo restas y sumas, el aporte de esta actividad ha caído en los últimos años.

En 2018 la minería aportó con un 7% al producto interno bruto (PIB ) del país, mientras, el sector no tradicional- agropecuario lo hizo con un 11, 5%. En el 2019 el aporte del sector minero cayó a un 6% como efecto de la pandemia, pero el sector agropecuario incrementó su aporte al 15%.

Pese a todo el país no ha cambiado su perfil de una economía extrativista frente a la potencialidad que tiene para desarrollar el sector agropecuario en todo el país.

La economía de enclave que desarrolló Bolivia, primero con la plata, luego con el estaño y ahora con otros minerales dejó riqueza para pocos y no favoreció a todos los bolivianos, según Rodríguez

Respecto al impacto ambiental de la minería, dijo que esta actividad no ha sido amigable con el medio y deja un pasivo ambiental enorme del que no se habla mucho. “Tenemos la responsabilidad, si bien la naturaleza debe estar al servicio del hombre, eso no debe afectar a las futuras generaciones.  De nada valdría hacernos ricos para dejar a nuestros hijos pobres”, expresó.

El sector minero, junto a los hidrocarburos, fueron la base de la economía boliviana, pero los tiempos ha cambiado, más con la nueva realidad que plantea la pandemia del covid-19, Bolivia debe aprovechar otras potencialidades como la producción agropecuaria.

EXPERTO: “LA MINERÍA NUNCA HA SIDO AMIGABLE CON EL MEDIOAMBIENTE”

El economista Jack Matijasevic Montajo, especializado en sostenibilidad y autor del trabajo “Hasta qué punto es la minería en Bolivia una actividad sustentable”, asegura que esta actividad nunca ha sido amigable con el medio ambiente.

El experto dice que las actividades extractivas que comenzaron con el descubrimiento del cerro de Potosí, se han acrecentado desde el 2003, pese a que había la esperanza de esa situación cambiaría con la nueva Constitución Política del Estado (CPE)

La nueva CPE ha flexibilizado las exigencias para la explotación minera, pese a que se consagra el agua como derecho humano, incorpora la consulta previa e informada que nunca se cumple por imperio del poder minero en el país.

Desde 1985, año de la relocalización, se han creado cooperativas mineras que en un más del 80% no tienen documentos ambientales legales y ello fortalece esta actividad junto a las transnacionales que implementan explotación de tercera generación con graves daños ambientales.

Matijasevic indicó que la contaminación minera data desde 1626, cuando reventó la laguna de Idelfonso, echando a los ríos de la cuenca de la plata 9.000 toneladas de mercurio siendo la mayor contaminación de la historia.

Recordó que en 1997 se produjo otro desastre que fue disfrazado de accidente. El dique de colas y desmontes de la empresa Comsur del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada derramó sobre los ríos 350.000 toneladas de químicos.

El poder del entonces presidente disfrazó el desastre como un accidente y nunca se aplicó las sanciones establecidas por ley, tampoco se ha compensado a miles de campesinos que quedaron afectados por la contaminación

Una de las empresas mineras asentadas en la zona./Foto: Abrahan Cincko

Auditoría ambiental

El experto recordó que la Contraloría, luego de todos estos desastres realizó la auditoría ambiental K2/SP03/G18-E1 al río Pilcomayo, en la gestión 2018, cuyo informe fue entregado en 2020.

Se identificó la contaminación minera en la cuenca alta con concentraciones de mercurio, arsénico, aluminio, cadmio, plomo, sulfatos, fosfatos y nitratos que superan la norma.

Esto genera graves daños a la fauna y la flora de toda la ribera, además que motivó que los rendimientos de los terrenos bajen cuantiosamente y en muchos casos dejen de producir por la contaminación, vulnerando los derechos de los habitantes de los ríos afluentes del Pilcomayo y del Plata.

La actividad minera conculca muchos derechos a la salud, a la vida porque contamina el agua, que es vital para la existencia humana de manera permanente sin que el Estado aplique las normas, añadió.