Escucha esta nota aquí

La diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Concepción Ortiz, presentó a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados el proyecto de ley excepcional de saneamiento legal de vehículos automotores y otras mercancías indocumentadas. 

A decir de la proyectista, con esta norma se busca generar las condiciones para que aquellos poseedores de vehículos internados de manera ilegal puedan acogerse a la regularización y con los ingresos recaudados el Estado genere liquidez para combatir la crisis sanitaria derivada de la pandemia.

La diputada mencionó que en muchos municipios del país circula una gran cantidad de vehículos indocumentados, incluyendo maquinarias agrícolas, que de forma clandestina evaden los controles; por ejemplo, para cargar combustibles en las estaciones de servicio. 

La norma vigente prohíbe la venta de combustibles a motorizados indocumentados o ‘chutos’. Más allá del componente social, Ortiz recalcó que el económico en este tiempo de pandemia es fundamental para generar la disponibilidad de ingresos que requiere el Estado para afrontar el combate al Covid-19.

Al ser consultada con respecto a los alcances del proyecto de ley en cuanto al universo de vehículos a ser legalizados y la recaudación prevista, la diputada dijo no contar con esa información y se limitó a mencionar las zonas que, por ejemplo, se beneficiarán. El norte de La Paz, el Chapare en Cochabamba, varios municipios de provincias de Santa Cruz, así como también de Oruro, Potosí, Tarija, Beni y Pando.   

En la exposición de los motivos del proyecto de ley presentado por la diputada masista, al que accedió EL DEBER, refiere que en histórico de antecedentes de la Aduana Nacional que entre 1994-2005 se efectuaron siete programas de regularización de vehículos indocumentados que ingresaron por la vía del contrabando al país.

Detalla que el ingreso que logró la Aduana Nacional por la nacionalización de 141.674 vehículos llegó a Bs 1.128 millones en el periodo de 1994 a 2005, siendo 1998 y 1999, así como 2003 y 2005 los años en los que más ingresos se obtuvieron por la regularización impositiva. 

Para lograr la legalización de los motorizados se promulgaron cuatro leyes de amnistía y 10 decretos supremos para la implementación de los programas y ampliación de los mismos, lo que generó un ingreso entre julio de 1998 y febrero de 1999 de Bs 637 millones, por la nacionalización de 60.348 vehículos automotores. 

Se desglosa, además, que en los últimos 13 años se regularizaron aproximadamente 141.674 vehículos automotores, con un promedio de ingreso de casi 12.000 vehículos ilegales por año, según el resumen del informe de la Aduana Nacional de Bolivia, donde consigna un total de ingresos Bs 246.115 entre el 8 de septiembre de 2003 y el 30 de septiembre de 2005.

Con respecto a la experiencia de la última nacionalización, el documento da cuenta de que el Programa de Saneamiento Legal de Vehículos generó al país ingresos por más de Bs 1.300 millones, según informó, en su oportunidad, la entonces presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya.

En aquella oportunidad, la presidenta mencionó los resultados de la nacionalización, iniciada en el país en 2011 con la promulgación de la Ley 100 y la Ley 133 de Saneamiento Legal. Se nacionalizaron 69.405 vehículos, 1.115 fueron incautados dentro de la fase de nacionalización y se recibieron 1.658 denuncias de vehículos robados y el Control Operativo Aduanero (COA) realizó 918 incautaciones.

En la justificación del proyecto del ley se detalla que pese a que no existe normativa legal para la nacionalización de motorizados indocumentados, en 2015 la Aduana logró incautar 1.200 motorizados 'chutos', en 2016 subieron a 1.638. Sin embargo, refiere que son cientos los que lograron ingresar. Se estima que de acuerdo a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hasta hace algunos años atrás, existen más de 33.000 autos indocumentados y unos 10.000 con placas clonadas.

“Esta ilegalidad genera mayores irregularidades sin beneficio para nuestro país,  pese a la prohibición esta actividad sigue dándose en nuestro país, lo que supone, regularizar el mismo a fin de evitar mayor corrupción en los agentes de control y los que internan estos vehículos", precisó Ortiz. 

Asimismo, la parlamentaria mencionó que quienes internan se dan modos para 'legalizar' estos vehículos en desmedro de los comercios legales y en contra del erario nacional, pues al generarse estas nacionalizaciones al margen de la ley, aumenta la corrupción y grupos y personas inescrupulosas lucran al amparo del vacío de una ley.

Observa el proyecto de ley

Para la diputada opositora Shirley Franco, no se puede luchar contra la ilegalidad promoviendo de manera recurrente regularizaciones. “Es sumamente irresponsable generar este tipo de expectativas y especulaciones. El objeto de este proyecto de ley tiene un enfoque altamente electoral", indicó. 

La legisladora sostuvo que a diferencia de otras oportunidades, en este caso se amplía la legalización de mercancía indocumentada también, y se pregunta si esa competencia desleal beneficia a las pymes bolivianas y el sector formal del país.

A juzgar por Franco, no se puede luchar contra el contrabando si de manera recurrente se es permisivo a través de regularizaciones y lo que es peor, critica que en la exposición de motivos de la norma se justifica la legalización para evitar la corrupción. “Entonces, es un proyecto que busca levantar expectativas falsas y especulación de cara a un escenario electoral”, agregó.