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El Proyecto de Ley para la devolución de los aportes jubilatorios de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no avanza en su tratamiento en la Asamblea Legislativa, pese a ser una de las principales promesas políticas del presidente Luis Arce, cuando pugnaba por el sillón presidencial del Palacio Quemado.

Esta demora, a criterio de Germán Molina, analista económico, y de Jhonny Mercado, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, se debe a la iliquidez que en la actualidad tiene el Estado, por lo que cumplir esa promesa es inviable.

Molina sostuvo que el dinero de las AFP está invertido, principalmente en las letras del Tesoro General de la Nación (TGN), por lo que si la ley es aprobada, las administradoras acudirán al Ministerio de Economía a devolverle las letras del TGN a cambio de su dinero, algo que a criterio de Molina, el Gobierno no podrá responder debido a su iliquidez.

Mercado precisó que en la actual coyuntura económica donde la falta de liquidez afecta al Estado, a las gobernaciones, municipios, empresas públicas y privadas y a las familias, exigir una devolución de los aportes no es sostenible ni se condice con la realidad del país.

Ante las dos posturas que se perfilan, Molina sostuvo que pedir un préstamo a las AFP, es lo mismo que una devolución y lo más correcto sería hacerlo a un banco. También sostiene que la segunda alternativa de entrega del 15% o 50% de lo aportado es inviable e irreal.

Disculpas

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, pidió disculpas por la demora y aclaró que el Proyecto de Ley se lo debe 'socializar', pues es un tema muy sensible.

El legislador sostuvo que solicitaron al Ministerio de Economía que pueda priorizar el tratamiento de ese proyecto y llamar cuanto antes a una reunión.

Mamani precisó que la socialización develó dos posturas. Una está en desacuerdo con la devolución de las AFP, por lo que se sugiere que se viabilice un préstamo con bajo porcentaje de interés; entre tanto, el otro sector perfila la devolución de los aportes de un 15% hasta un 50%.

Mientras que en La Paz las organizaciones que piden la devolución de sus aportes, ante la tardanza en el tratamiento de la norma, se declararon en emergencia.​


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