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Remmy  Gonzáles, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, ante el déficit de la producción y comercialización de maíz, cifró sus expectativas en la capacidad productiva de los campesinos e interculturales e indicó que mantendrá reuniones con dichas organizaciones para planificar la producción de verano.

Ante la posibilidad de mantener una reunión con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Gonzáles sostuvo que va a priorizar los encuentros solo con los verdaderos productores, con aquellos que no aprovechan la coyuntura internacional para producir solo soya que tiene un mejor precio en el exterior, sino que también producen otros alimentos para los bolivianos.

La autoridad sostuvo que si los productores quieren sembrar soya que lo hagan, pero que también cultiven maíz, trigo, sorgo y que no solo piensen en sus ganancias.

Gonzáles reiteró que el Estado tiene todos los mecanismos legales para garantizar la seguridad alimentaria y que en el caso de que los productores no lo hagan, se tendrá que aplicar la normativa vigente (reversión de tierras).

El ministro también se refirió a los cupos de exportación de carne de res que se les otorga a los frigoríficos del país e indicó que mientras, de manera fehaciente, se demuestre que la producción cárnica cubre la demanda interna, recién se darán las autorizaciones de exportación.

“En el primer trimestre, se exportaron a China unas 4.000 toneladas y a los países de la región otras 600 toneladas”, dijo Gonzáles.

Desde la CAO, con datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) detallaron que las ventas al exterior en el periodo enero-marzo de 2022 solo fueron de 3.094 toneladas cuando en similar periodo de 2021 el volumen exportado fue de 6.050 toneladas, lo que generó $us 26,8 millones contra los $us 19,9 millones facturados en el primer trimestre de 2022.

En cuanto a los controles fronterizos, Gonzáles subrayó que se han reforzado las fronteras con Brasil y Perú para verificar las guías de movimiento de los productos que buscan salir por estos puntos y así evitar que los alimentos que se producen en el pías vayan de forma ilegal a otros mercados de la región.

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