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Por: Svetlana Salvatierra

El actual Gobierno de Luis Arce Catacora anuló 13 decretos económicos promulgados en el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, y luego promulgó 10 nuevos para avanzar en siete medidas para la implementación del modelo económico, social, comunitario y productivo con el fin de enfrentar la crisis económica.

El 10 de diciembre de 2020, al derogar siete decretos de la administración anterior, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, justificó que estaban desmontando la aplicación de un conjunto de normativas, no bien fundamentadas, sin recursos y que además tenían errores en su diseño y su implementación. “Es para desmontar la aplicación del modelo neoliberal que se está montando”, dijo la autoridad.

Asimismo, el Gobierno diseñó siete medidas para impulsar la reactivación; entre ellos, proyectos como el tren metropolitano o diferentes fábricas, en Cochabamba, la puesta en marcha de la planta de urea y la reprogramación y refinanciamiento de créditos.

El Bono contra el Hambre (la primera adoptada), la Ley del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado y el Presupuesto General del Estado que prioriza la salud, la educación y la inversión pública.

Asimismo, la Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas, la reducción del gasto corriente y la reprogramación de deudas con seis meses de gracia sin interés ni capital. Y el más reciente, el crédito Sí Bolivia destinado a productores y artesanos.

Acerca de las normas derogadas por el Gobierno, el senador del MAS, William Tórrez, justificó que la administración de Jeanine Áñez de manera inexplicable o por desconocimiento tomó decisiones a través de decretos cuando en realidad ameritaban la promulgación de leyes. “En muchos casos los decretos fueron vulneratorios de la Constitución Política del Estado (CPE). Por ejemplo, mencionó que el Estado obtiene créditos con organismos internacionales que deben ser leyes que emanan de la Asamblea Legislativa, pero en el caso concreto del préstamo del FMI se avanzó sin tener la ley respectiva que lo autorice. “El Banco Central recibió el dinero sin tener la ley, cuando la CPE exige la promulgación de leyes. Y en este caso tocó al Gobierno de Luis Arce tomar la decisión de corregir esos errores y abrogar ciertas normativas”, explicó.

Sin embargo, analistas económicos y políticos consultados por EL DEBER coinciden en que las normas derogadas ingresan en el plano de la pugna política más que en un plan que permita salir de la crisis. “Los decretos derogados y abrogados, a pesar de que corresponden al ámbito de las políticas económicas, la argumentación y propósitos declarados, persiguen objetivos políticos y no económicos”, enfatiza el analista político Carlos Cordero.

“Desarrollar una política económica basada en la corrección política; es decir, en el grado en que corresponda o no a un cierto modelo ideológico, desconoce que estamos atravesando una situación completamente nueva y que requiere de acciones de efectos prácticos e inmediatos que sean también nuevas, pero además mucho más efectivas”, puntualiza el analista económico Roberto Laserna.

Mientras que Óscar Ortiz, exministro de Economía y Finanzas Públicas en el Gobierno transitorio, señala que las medidas del presidente Arce “crean inseguridad jurídica, ahuyentan la inversión privada y limitan las exportaciones, además de aumentar los impuestos y seguir gastando en empresas públicas inviables que generan pérdidas para el Estado. De esta forma, no solo hacen más larga y difícil la reactivación, sino que condenan al país a una economía intervenida y estatizada que difícilmente podrá crecer sosteniblemente”.

El problema es que la anulación de decretos muestra dos visiones de país, puntualiza el profesor universitario y doctor en Economía Iván Velazquez. “Una vinculada al modelo económico social comunitario productivo que favorece el mercado interno y la otra que va en contraposición con el fomento a la iniciativa privada, la generación de ingresos con las exportaciones. El gran examen para el modelo del MAS, que parecería que funciona en bonanza, es justamente funcionar en un contexto sin bonanza con precios de petróleo bajos para los siguientes años y restricción presupuestaria, explica. “Lo claro es que no hay medidas claras para la reactivación económica”, precisó.

La abrogación de los decretos que liberaban las exportaciones e imponer nuevamente restricciones al comercio exterior no es adecuado para Bolivia. “Bajo el argumento de soberanía alimentaria, se cae por su propio peso, puesto que somos un país excedentario o con potencial muy elevado, lo cual debe traducirse más bien en incentivos y facilidades para producir estratégicamente, sobre todo en un momento en que lo que se necesita es generar estabilidad, empleo y divisas”, precisa el exdirector del Banco Central de Bolivia Wálter Morales.

“Lastimosamente, el Gobierno de Arce volvió a imponer restricciones a las exportaciones, a pesar de que después de cinco años el precio de la soya en los mercados internacionales ha comenzado a recuperarse”, advirtió Centa Reck, senadora por Creemos.

“La apertura exterior, se la necesita. Nuestra economía no podría funcionar sin ellas, ¡y nuestra salud tampoco! Necesitamos tecnologías, productos, servicios y, por supuesto, dinero. Las medidas mencionadas obedecen más a una pugna ideológica interna del MÁS (están midiendo lealtades a la ideología) que a una adecuada interpretación de los problemas”, alerta Laserna.

Sin embargo, el senador Tórrez insiste en que no es un tema ideológico, sino técnico-jurídico y constitucional. “Todos los gobiernos están obligados a enmarcar sus acciones en la norma, quien no lo haga está sujeto a estar sometido a acciones legales, y debían corregirse”, sostuvo.

A su vez, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, espera que la modificación al Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 proyecte una tasa de crecimiento del PIB de 4,8%, que será impulsado por la inversión pública y las medidas económicas orientadas a dinamizar el mercado interno y la inversión privada.

El diputado Erwin Bazán afirma que “es necesario ofrecer seguridad jurídica, y las nuevas medidas van en la dirección contraria”.

El economista Gonzalo Chávez, es enfático al señalar que en los 11 meses del Gobierno transitorio el aporte fue a la desaceleración de la economía y considera que el modelo primario exportador tiene que cambiar y se debe generar un pacto hacia un nuevo modelo económico en el que resalte el capital humano.

Gobierno de Luis Arce gasta en la devolución de intereses al FMI por un préstamo que solicitó Áñez

La última medida del Gobierno del MAS, sobre la devolución del crédito del FMI por el que pagó 24 millones dólares por intereses, que solicitó el Gobierno trasitorio al inicio de la pandemia, genera un nuevo debate político.

El analista económico Gonzalo Chávez considera que de ambos lados hay una tentativa de mostrar quién lo hizo mejor en el Gobierno. Explica que el FMI tiene diversos créditos, los más odiados eran los de ajuste estructural y con sus fracasos los cambiaron, y el crédito que devolvió el Gobierno de Arce era un apoyo financiero extraordinario utilizando los derechos especiales de giro (DEG). “Es como una UFV, es una moneda contable. Es un mecanismo financiero que debería ser analizado como un instrumento económico y no como parte de una pugna política que hoy da señales que confunden los radares de los prestamistas internacionales, generan susceptibilidad”, enfatiza.

Además pone en el debate que el Gobierno de Arce al devolver 24 millones de dólares por los intereses del préstamo del FMI, está gastando dinero que se podía utilizar en otras inversiones. “Bolivia necesita urgentemente recursos frescos que no vienen de las exportaciones. Aquí debería haber primado un sentido más pragmático de las finanzas internacionales”, asegura Chávez.

El analista Carlos Cordero recuerda que las relaciones con el FMI, durante los gobiernos del MAS, siempre fueron tensas y distantes. “Con Áñez se abrió un canal para un nuevo relacionamiento, pero por supuesto que con el Gobierno del presidente Arce volverán a ser tensas y hasta hostiles”

Para el exministro Óscar Ortiz “los argumentos que utiliza el presidente del BCB responden a una posición ideológica y a una decisión política que perjudica al país, dando una pésima señal a la comunidad internacional de un país que devuelve recursos con un costo financiero del 1% para endeudarse a costos mayores y si llegan a emitir bonos en los mercados internacionales, como han anunciado, tendrán un costo muchísimo mayor.

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