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El nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, indicó que uno de los principales desafíos de su gestión será reconstruir la economía nacional, que actualmente enfrenta una profunda recesión, solo comparable con la crisis de los 80' y que, al primer semestre de 2020, registró una caída del 11,1%.

El mandatario adelantó que su gestión priorizará la redistribución de los ingresos entre la población, como con la emisión de bonos sociales, como comprometió en su campaña electoral.

Arce indicó que el Tesoro General de la Nación presenta un déficit programado del 8,7% para este año, principalmente por el aumento del gasto corriente y porque las reservas internacionales disminuyeron un 13%, entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, es decir, de $us 6.459 millones a $us 5.578 millones.

Consultado sobre la posición del mandatario, el economista José Antonio Alberti indicó que los bonos solo son un paliativo, un remedio temporal al calor de la campaña política. No son sostenibles de ninguna forma porque al final quién paga esos bonos son los mismos ciudadanos. “El bono hambre le costará al país alrededor de $us 700 millones que saldrán de fuentes de financiamiento externo haciendo que la deuda externa pública siga aumentando a tasas peligrosas”, señaló.

Lo que debe hacer el presidente, según Alberti, es un agresivo plan de reactivación económica para sostener el empleo actual y parar la destrucción de las Mipymes (micro, pequeña y mediana empresa) que son el sostén de los empleos e ingresos de la mayoría de la población

Seguidamente tiene que promover la inversión privada tanto nacional como extranjera y las exportaciones no tradicionales como fuente rápida de recursos económicos. Finalmente, Alberti dice que no se puede distribuir lo que no se produce. “Distribuir sin producir es una mentira y falacia populista”, sostiene.

Por su parte, Christian Aramayo, coordinador del Centro de Desarrollo Humano y Empleabilidad (Cedhe), manifestó que el presidente Arce ha enviado diversas señales que influyen en las expectativas económicas.

Uno de esos tópicos son los bonos, que más que transferencias directas de dinero, deben ser tratados como transferencias condicionadas. La diferencia es fundamental porque las transferencias condicionadas permiten premiar actividades que son socialmente más beneficiosas, como la solidaridad, los controles prenatales, entre otras.

El único problema, según Aramayo, es el escenario en que vayan a darse estos bonos: el país está frente a un nuevo escenario electoral a escala local, lo que puede implicar que dichos bonos sean utilizados políticamente, de ser el caso, no es prudente hacerlo porque hay condiciones de déficit fiscal y una desconfianza significativa en el Estado. 

El Gobierno nacional necesita recuperar confianza antes que distribuir bonos o recuerdos entre la población, de lo contrario estaremos en condiciones en que necesitaremos más recursos para alcanzar objetivos. “Con confianza no hay costos tan elevados de supervisión y control para alcanzar objetivos de política para el Estado”, sostiene Aramayo.