El objetivo es evitar que la volatilidad financiera actúe como motor de las expectativas de inflación

15 de mayo de 2023, 11:36 AM
15 de mayo de 2023, 11:36 AM

El Banco Central argentino elevó el lunes de 91% a 97% la tasa de interés de referencia, primera de una batería de medidas que anunciará el gobierno para combatir una inflación de más de 108% en 12 meses, en un tenso contexto social y económico de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

El objetivo de la autoridad monetaria es "propender hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda local (ndlr, hacia la rentabilidad) y de actuar de manera inmediata para evitar que la volatilidad financiera actúe como motor de las expectativas de inflación", según el comunicado oficial de la autoridad monetaria.

La medida aplicada por el Banco Central implica un alza de 600 puntos en la tasa de referencia y es el primer paso de un programa que incluye estímulos al consumo y la importación de alimentos para contener un incremento de precios al consumidor que se aceleró al 8,4% mensual en abril, según datos de la semana pasada.

El ministro de Economía, Sergio Massa, potencial candidato a presidente por el gobernante peronismo para las elecciones primarias obligatorias del 13 de agosto y los comicios generales del 22 de octubre, aún no precisó en qué momento se harán los anuncios de las medidas, luego de los trascendidos publicados por la prensa local.

Medios argentinos mencionan, entre otras disposiciones, una apertura de importaciones en sectores sensibles como alimentos frescos y textiles, mayores controles oficiales al alza de precios, y un refuerzo de los subsidios a los sectores más vulnerables en un país donde la pobreza alcanzó a 39,2% de la población al cierre de 2022.

- Desalentar dolarización -

El gobierno del presidente Alberto Fernández y el Banco Central aspiran a que las tasas sean lo suficientemente atractivas para desalentar la fuerte demanda de dólares, en un país donde el billete verde se ha convertido en un refugio contra la galopante inflación.

En Argentina rigen restricciones para la compra de divisas, que alientan a adquirirlas en el mercado ilegal, donde el peso se transa casi al doble de la cotización oficial de 238,50 pesos por dólar.

La constante depreciación del peso tiene su correlato en repetidas remarcaciones de precios, al ser la moneda estadounidense un ancla de referencia y un termómetro de las expectativas económicas en Argentina.

El país sudamericano atraviesa además un año difícil para su economía, con una sequía que ha afectado duramente al sector agrícola y ganadero, la mayor fuente de divisas del país.

Desde inicio del año Argentina ha perdido más de 5.500 millones de dólares de sus reservas internacionales, que se encuentran en 33.585 millones de dólares, informó el Banco Central. Las reservas netas estarían por debajo de esa cifra, según economistas.

El viernes, el instituto estadístico Indec informó que la inflación en abril alcanzó el 8,4%, el mayor dato mensual en tres décadas, con un incremento de precios más abultado que en los meses precedentes (7,7% en marzo, 6,6% en febrero y 6,0% en enero).

La mayor alza se dio en los productos textiles y alimentos, especialmente en frutas y verduras, rubros en los que las alzas rondaron el 10% en abril.

- Importar alimentos -

En este contexto, fuentes del Ministerio de Economía citadas por la agencia estatal Télam explicaron que la importación de alimentos buscará "reducir el precio efectivo de la venta al público de productos frescos -frutas, verduras, hortalizas y carnes- y productos secos no perecederos de manera de defender el poder de consumo de las personas".

Argentina es uno de los mayores productores alimenticios de la región.

Las importaciones se habilitarán a través del Mercado Central. Sería en forma directa con arancel cero y se anularían de esta forma los costos de intermediación, con el objetivo de abaratar precios al consumidor final.

La prensa afirma que se reducirá además la tasa de interés de estímulo a las compras en cuotas, como medida para mejorar la situación de trabajadores, beneficiarios de planes sociales, jubilados y pensionados al momento de adquirir bienes y servicios.