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Este martes, el Ministerio Público trasladó desde la ciudad de Santa Cruz hasta La Paz a cuatro exfuncionarios de YPFB en calidad de investigados por el caso taladros. Existen 15 personas acusadas por contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

El traslado se procedió después de que estas personas prestaran su declaración en el Ministerio Público de la capital oriental, ante la comisión de fiscales que llegó desde la sede de Gobierno a Santa Cruz.

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De acuerdo con reportes de la Fiscalía, se encontraron indicios de culpabilidad al momento de que estas personas prestaban su declaración. De momento no se han revelado los nombres de las personas que fueron llevadas a la ciudad de La Paz; sin embargo, se sabe que son dos abogados y dos técnicos.

“La comisión de fiscales, en su calidad de directores funcionales de la investigación, libró un mandamiento de aprehensión contra estas cuatro personas debido a que el caso reviste gravedad por la vulneración del bien jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia”, señaló el director Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Gutiérrez.

Hasta el 25 de mayo se conocía que siete personas prestaron su declaración por el caso taladros. La primera que compareció de manera voluntaria fue la suspendida gerente de Contrataciones de YPFB, Paola Andrea Oporto.

Desde primeros días de mayo, los fiscales Ramiro Jarandilla y Ruddy Terrazas empezaron a tomar las declaraciones de exfuncionarios en calidad de sindicadas. Son 15 personas las denunciadas, 14 exfuncionarios de YPFB y un representante de la empresa italiana Drillmec.

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De acuerdo con la denuncia presentada por la dirección de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, las 15 personas denunciadas están sindicadas en presuntos hechos irregulares en el proceso de contratación y adquisición de tres taladros por $us 148,8 millones.

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