Asamblea Legislativa aún no aprueba un contrato minero a un año y ocho meses de iniciar su gestión

Un año y ocho meses después de iniciarse su gestión, la Asamblea Legislativa aún no aprobó ningún contrato minero, informaron los diputados Guillermo Benavides y Lissa Claros, quien junto a su colega Óscar Balderas, de Comunidad Ciudadana (CC) presentaron un proyecto de ley para transparentar la información en este y otros procesos vinculados con la cadena productiva minera.

“Estoy casi dos años de diputado y no ha llegado al Legislativo ningún contrato administrativo minero para su aprobación. En ese tiempo, ¿qué hacen los mineros? están trabajando y de ahí viene la minería ilegal”, afirmó Benavides.

“Es la misma administración jurisdiccional minera que, de alguna manera, con la burocracia y las dificultades que tiene, está generando condiciones favorables para la explotación minera ilegal, sin control en los temas agroambientales”, lamentó.

El proyecto de “Ley especial del régimen de libre acceso a la información minera” fue remitido al Legislativo tras enviar varias peticiones de informe al Ministerio de Minería y Metalurgia, a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y al Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) sobre diferentes temas de interés vinculados con el sector.

“Las peticiones de informe tropiezan con negativas o con información elusiva y no se refieren al tema”, dijo Benavides.

“Desde que hemos iniciados las sesiones parlamentarias hemos presentado un sinfín de peticiones de informe escrito a todas las instancias, porque en las inspecciones que hacemos vemos que existen explotaciones minerales ilegales, que carecen de permisos ambientales y demás”, acotó Claros.

“Nosotros presumimos que hay irregularidades, porque si no ya nos hubieran remitido la información. Estamos un año y medio de gestión, hemos presentado un sin fin de peticiones de informe y no tenemos las respuestas correspondientes”, insistió la legisladora de CC.

La firma de contratos mineros para las nuevas operaciones en el sector y la migración a contratos de las antiguas concesiones otorgadas a empresas nacionales y extranjeras están establecidas en la Constitución promulgada el 7 de febrero de 2009, que dispone para ese fin el plazo de un año a partir de la publicación de la Carta Magna. Ese plazo finalizó el 8 de febrero de 2010. 

Diez meses después de esa fecha, el 6 de diciembre de 2010, el Gobierno aprobó el Decreto 0726, que adecua “las concesiones mineras (…) otorgadas con anterioridad” a esa fecha “al ordenamiento constitucional vigente”, transformándolas en Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), “en tanto se realice su migración de acuerdo con la normativa sectorial a emitirse”.

Posteriormente, el 28 de mayo de 2014, el Ejecutivo promulgó la Ley 535 de Minería y Metalurgia, la cual dispone que la AJAM sea la encargada de adecuar las ATE a contratos, aunque no establece ningún plazo para adecuar los aproximadamente 7.000 contratos que se encontraban en esa situación.

 “Son cientos de contratos que están detenidos varios años y esa gente tiene compromisos, tiene que pagar salarios, tiene que comer, no le llega el contrato minero y empieza a explotar por si misma y, después, controlar la minería ilegal ya se convierte en un problema social, va más allá de lo puramente ilícito y es resultado de una necesidad”, sostuvo Benavides.

“El trámite de este contrato dura de tres a cuatro años. Es un procedimiento muy largo y burocrático en la AJAM”, agregó.

“Por eso vemos la necesidad de hacer este proyecto de ley, porque necesitamos información directa en varios aspectos: concesiones mineras, tipos de contrato y la contaminación existente, temas en los que no hay trasparencia e información que no debería ser confidencial”, manifestó Claros.

La exposición de motivos del proyecto de ley insiste en la necesidad de transparentar la información en un sector en el que por su naturaleza presenta muchos problemas, como el avasallamiento de tierras ancestrales y áreas protegidas, el desplazamiento de comunidades indígenas, la deforestación de los bosques en la ribera de los ríos y la contaminación por mercurio derivada de la actividad minera del oro aluvial, con el consiguiente riesgo sanitario para la población.

La propuesta de normativa se enmarca en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia, que entró en vigor el 22 de abril de 2021 y que fue ratificado por Bolivia en septiembre del mismo año.

El proyecto de ley tiene el objetivo de garantizar el derecho al acceso a la información a cualquier persona natural o jurídica a todo lo relacionado con la actividad minera, a fin de garantizar el dominio y propiedad de los recursos mineral del pueblo boliviano, el patrimonio natural, la salud y seguridad de la población, el medioambiente, al recaudación tributaria y el desarrollo de actividades económicas sostenibles.

“El minero ilegal no aporta regalías ni aporta nada a los departamentos productores. Entonces, acá pierden todos: el campesino, el Estado y los municipios, y sobre todo hay un daño ambiental muy grande”, remarcó Benavides.