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Hay malestar y preocupación en distintos frentes por el Decreto Supremo 4409, el cual establece que, a partir de enero de 2021, los prestatarios deben reanudar los pagos de créditos al sistema financiero y los sectores aducen no haber reactivado sus actividades y piden que el Estado pueda reconsiderar este escenario.

Los primeros en referirse al tema son los transportistas. En una carta enviada al Gobierno central, el sector demanda al Gobierno dar seis meses para la reactivación del pago de créditos y aducen que la asfixia económica sigue latente, ya que no han podido reactivar sus operaciones con normalidad debido a las restricciones por la emergencia sanitaria y el veto a la circulación que se dio durante el tiempo de cuarentena rígida, según el dirigente del transporte cruceño, Mario Guerrero.

"Nuestro sector sigue afectado sin poder cubrir nuestras necesidades económicas básicas, menos aún cubrir nuestros créditos bancarios", reseña parte de la misiva enviada al presidente Luis Arce y en la que piden que la ampliación se dé hasta el 30 de junio de 2021, al igual que la anulación de intereses y gravámenes del sistema creditico nacional por un término de 12 meses desde la declaratoria de la cuarentena.

A esta voz se suman las juntas vecinales, el dirigente Omar Rivera señaló que la situación es desesperante en los barrios y la gente no logra recuperar el dinero perdido en la reactivación de sus negocios. "La gente quiere ponerse al día y los bancos nos van a tener del cuello, pero no ha habido tiempo para volver a tener recursos", lamentó.

"Se viene una crisis terrible, por lo que pedimos al Gobierno que no solo se ocupe del tema de salud, sino también de la economía de los vecinos para evitar males mayores", señaló Rivera, en referencia al tema crediticio.

Por su parte, el secretario de Relaciones de la la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Juan Carlos Vargas, manifestó que entienden que se estén tomando medidas en el tema sanitario, pero también piden que haya mecanismos que ayuden a reactivar la economía y generar movimiento en el ecosistema de negocios que estuvo cerrado por muchos meses y que tiene que cumplir con las obligaciones financieras a partir de enero de 2021.

A principios de mes, desde la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) manifestaron que el país y la economía requiere es un mayor flujo de recursos, de la inyección de recursos frescos a la economía, de retornar a las actividades con normalidad y a poder reactivar los negocios y el trabajo.

Entretanto, la última disposición estatal se centra en que las entidades  financieras deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional, por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia sanitaria del Covid-19; además expone que el diferimiento no debe implicar el incremento de la tasa de interés, la aplicación de sanciones y/o penalizaciones por mora.

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