Después de la quema del puesto de inspección Yacuses en Santa Cruz, la Aduana dice que no permitirá ni tolerará estas acciones y anuncia sanciones en contra de los instigadores. Autoridades denuncian abusos, atropellos e indicios de actos corrupción

6 de septiembre de 2021, 4:00 AM
6 de septiembre de 2021, 4:00 AM

Dos operativos de interdicción en menos de un mes en Puerto Quijarro y Yacuses, poblaciones de la provincia Germán Busch de Santa Cruz, frontera con Brasil, generaron tensión, violencia, robo de mercancía almacenada y quema de caseta en puestos de inspección aduanero. Autoridades de la zona aseguraron que abusos, atropellos e indicios de actos de corrupción de parte de funcionarios de la Aduana fueron los factores detonantes de la reacción social, mientras que la Aduana Nacional advierte que no permitirá ni tolerará ese tipo de acciones que dañan la propiedad del Estado.

La advertencia de la Administración Aduanera asoma después de que denunciara que el martes, por la noche, un grupo de personas, identificados como comerciantes, quemaran las instalaciones y la caseta del puesto de inspección Yacuses de Santa Cruz.

La Aduana activará una denuncia penal contra tres personas identificadas como las instigadoras del atentado. Los acusará por los delitos de sustracción de prenda aduanera, favorecimiento y facilitación al contrabando e incendio, según un comunicado.

El texto oficial relata que la turba ingresó por la fuerza al domo de la Aduana, donde había mercancía comisada -paquetes de cerveza, zapatos y otros productos- que fueron saqueadas. Asimismo, denunciaron el robo de sillas, conos de seguridad, varillas y destelladores de la carpa donde se encontraban militares y funcionarios de la Aduana.

Este nuevo hecho de violencia ocurrió tres semanas después de que instalaciones de la Aduana Nacional en Puerto Quijarro fueran invadidas por otra turba que se robó 3,5 toneladas de mercancía que se encontraban en custodia y en espera de su nacionalización.

A pesar de los atentados, la Aduana enfatizó que seguirá trabajando en la lucha contra el contrabando. Entre enero y agosto de 2021, según cifras oficiales, se comisó productos de contrabando valuados en más de Bs 327 millones. En Santa Cruz, el importe decomisado supera los Bs 40,9 millones en 623 operativos realizados.

Autoridades que pidieron el anonimato por temor a represalias, reconocen que existe un aumento del tráfico de contrabando en la franja fronteriza con Brasil, propiciado por personas del occidente del país que acaparan mercancía ilegal en depósitos clandestinos, sobre todo cerveza, para llevar al Trópico de Cochabamba.

Con datos del INE, en el primer semestre de este año, vía ingreso Puerto Suárez, Bolivia importó $us 502,4 millones, un 58,2% más que en similar periodo de 2020.

En la otra vereda

“No estamos a favor del contrabando y repudiamos la violencia, pero la gente se cansó de tanto abuso y atropello cometidos por los funcionarios de las dependencia del Estado que intervienen en la lucha de este flagelo”, mencionó Álex Antelo El Hage, subgobernador de la provincia Germán Busch.

Según él, en los puntos de control de mercancías instalados en poblaciones de Germán Busch, por denuncias de muchos afectados, se vulnera el derecho de tránsito de mercadería por valor de mínima cuantía ($us 150). Insinúa que las víctimas de los atropellos son personas del lugar que compran alimentos para el consumo familiar y comerciantes, que lo hacen para surtir las pulperías y garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes en El Carmen Rivero Tórrez, Candelaria, Naranjo, Roboré y otras poblaciones.

Antelo informó que el miércoles en una asamblea provincial se resolvió conformar una comisión mixta integrada por autoridades de la zona para defender los intereses sociales y económicos de las poblaciones de la provincia.

Otras voces

Frente al descontrol y resistencia, con violencia y uso de la fuerza de los contrabandistas, el secretario de Relaciones de Conamype, Juan Carlos Vargas, considera que los parlamentarios deben trabajar en una norma que castigue este tipo de atentados con una pena de hasta 30 años de cárcel.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Ibo Blazicevic, pide la intervención de unidades tácticas del Ejército en la interdicción para desmantelar clanes y mafias y que así sea efectivo el combate al contrabando.