Las deudas tributarias acumuladas por años, con multas, intereses y procesos incluidos, podrán quedar atrás para miles de contribuyentes si el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados se convierte en Ley. La norma plantea una condonación excepcional y mecanismos de regularización que apuntan a aliviar la carga fiscal y reactivar la economía, en un contexto donde gran parte de la actividad se mantiene en la informalidad.
La Cámara de Diputados aprobó ayer en grande y en detalle el Proyecto de Ley N° 246/2024-2025 que establece un periodo extraordinario de alivio tributario. El proyecto fue remitido a la Cámara de Senadores para su revisión constitucional.
“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, informó la presidenta en ejercicio de Diputados, Daniela Cabrera.
La propuesta se inscribe en una política orientada a recuperar ingresos fiscales, disminuir los litigios tributarios y simplificar los procesos administrativos.
La norma establece que las deudas tributarias de personas naturales y jurídicas inferiores a Bs 10 millones, generadas hasta el 31 de diciembre de 2017, serán condonadas en su totalidad, incluyendo tributo, multas e intereses. Excepcionalmente se considera también un “perdonazo” a las deudas del año 2020 considerado un periodo complicado para la economía por la pandemia de Covid-19.
Este beneficio alcanza a contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y de la Aduana Nacional (AN). La medida busca aliviar a contribuyentes que enfrentaban bloqueos de cuentas, anotaciones de bienes y procesos judiciales, permitiendo que más de 100 mil contribuyentes puedan reinsertarse en la economía formal.
“Es una medida que va a permitir un borrón y cuenta nueva y reordenar la relación entre el Gobierno, la administración tributaria y el contribuyente”, sostuvo el ministro de Economía José Gabriel Espinoza, en la sesión de diputados.
Para las deudas generadas desde 2018 en adelante, la ley no elimina el tributo, pero permite la condonación de multas e intereses, además de facilitar la regularización mediante planes de pago de hasta 36 meses. En estos casos, también se prevé el levantamiento de medidas como el congelamiento de cuentas o la anotación de bienes, lo que busca aliviar la presión sobre contribuyentes que actualmente enfrentan procesos.
Otro de los cambios relevantes es la reducción del periodo de prescripción de las deudas tributarias, que pasa de ocho a cuatro años, y la limitación de las fiscalizaciones a periodos más recientes.
Asimismo, la norma introduce una modificación en el cálculo del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Aunque la alícuota nominal se mantiene en 13%, el ajuste en la forma de cómputo reducirá la carga efectiva del 14,94% al 13%, lo que implica una disminución de 1,94% para el contribuyente.
Según Espinoza, este cambio no debería impactar inicialmente en los precios, pero podría generar reducciones en productos que se comercializan con factura.
La ley también elimina disposiciones de la Ley 060 relacionadas con promociones empresariales, que habían sido incorporadas bajo el régimen de juegos de azar. De acuerdo con Espinoza, esta inclusión se convirtió en una “herramienta de extorsión” para pequeños y medianos comercios, al gravar actividades promocionales que no estaban vinculadas al espíritu original de la norma.