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El proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado (PGE) 2021) aprobado ayer por el Senado autoriza al Banco Central de Bolivia a otorgar un crédito extraordinario a favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, por un monto de hasta Bs 15.107 millones en condiciones concesionales.

Los recursos están destinados a financiar el pago de las obligaciones generadas por la contratación de créditos de liquidez en la gestión 2020. Para este efecto se exceptúa al Banco Central de Bolivia de la aplicación de los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995.

Como se recordará el Gobierno devolvió el Instrumento de Financiamiento Rápido del Fondo Monetario Internacional, contraído por el Gobierno de Jeanine Áñez, por $us 326 millones. Con la devolución se pagaron 24,3 millones de dólares, por concepto de variación cambiaria e intereses y comisiones.

Asimismo, la normativa autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, emitir y otorgar Bonos del Tesoro No Negociables a favor del Banco Central de Bolivia, para garantizar el crédito previsto.

El contrato del crédito extraordinario queda exento de los aranceles de protocolización y de cualquier otro costo que requiera su formalización.

Más recursos para empresas estatales

Otra de las disposiciones autoriza al Banco Central de Bolivia, otorgar un crédito extraordinario a favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, por un monto de hasta Bs 500 millones en condiciones concesionales, para la constitución de un fideicomiso destinado a la otorgación de créditos de capital de operación a las empresas públicas del nivel central del Estado y al Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas. 

Así, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, a contraer el referido endeudamiento con el Banco Central de Bolivia. 

Sin embargo, varias de las empresas estatales están con problemas económicos y registran déficit. Así, nueve empresas estatales acumularon una pérdida de Bs 475,26 millones hasta 2019, según un informe de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) dependiente del Ministerio de la Presidencia. El estudio, que fue elaborado durante la gestión del entonces presidente Evo Morales, no fue publicado.

Las estatales que registran altas pérdidas son: Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), Empresa Estatal de Textiles Yacana, Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBHI), Empresa Pública Quipus, Empresa Siderúrgica del Mutún, Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol), Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y Empresa Naviera Boliviana (Enabol).

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