La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) lanzó este lunes un duro pronunciamiento sobre la crisis que atraviesa Bolivia, donde los bloqueos de caminos impulsados por sectores sociales afines al expresidente Evo Morales ya cumplen 32 días y mantienen severas restricciones a la circulación de personas, alimentos, combustibles, medicamentos y mercancías en distintos puntos del país.
A través de un comunicado institucional, la entidad empresarial sostuvo que el país se encuentra “negociando sobre la vida cotidiana de su propia gente” y advirtió que ninguna demanda política o social puede justificar la vulneración de derechos fundamentales de la población.
“Los derechos de la gente no son moneda de cambio”, señala el documento difundido por la institución, que puso el foco en las consecuencias que enfrentan miles de ciudadanos afectados por las interrupciones en las carreteras. Según Cainco, existen personas que no logran acceder oportunamente a atención médica, familias con dificultades para abastecerse de alimentos, niños que han perdido clases y productores que no pueden comercializar sus cosechas.
La crisis se desarrolla en medio de una fuerte confrontación política. Los bloqueos son protagonizados por organizaciones sociales afines a Morales, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace apenas seis meses. Las protestas han derivado en el cierre de importantes rutas nacionales, afectando especialmente a los departamentos del occidente y los valles.
En su pronunciamiento, Cainco evitó asumir una posición dentro de las negociaciones políticas, pero remarcó que existe un límite que no debería ser traspasado. “La salud no puede depender de una negociación. La alimentación no puede quedar condicionada a una medida de presión. La educación de un niño no puede convertirse en ficha de conflicto”, afirmó la entidad empresarial.
El impacto económico también comienza a reflejarse en distintos sectores productivos. Durante las últimas semanas, empresarios, exportadores, transportistas, industriales y productores agropecuarios han reportado dificultades para movilizar mercancías e insumos. Diversos sectores estiman que las pérdidas acumuladas ascienden a más 1.500 millones de dólares por la paralización parcial de la actividad económica, la interrupción de exportaciones, el encarecimiento de la logística y la reducción del abastecimiento en mercados del país.
El sector farmacéutico, por ejemplo, advirtió que más de 50 toneladas de medicamentos permanecen retenidas sin poder ser distribuidas, mientras que productores avícolas denunciaron la muerte de miles de aves por la imposibilidad de transportar alimento balanceado. En ciudades como La Paz, además, se han organizado puentes aéreos para trasladar medicamentos y productos esenciales ante las dificultades para llegar por vía terrestre.
Cainco sostuvo que, después de casi un mes de conflicto, las declaraciones y los anuncios ya no son suficientes. “Bolivia necesita soluciones inmediatas, concretas y responsables”, señaló la organización, que también calificó de “inaceptable” que algunas ciudades reciban ayuda humanitaria como si hubieran sido afectadas por una catástrofe natural cuando, en realidad, enfrentan una situación provocada por decisiones humanas.
Finalmente, la entidad exhortó a las autoridades y a los actores involucrados en el conflicto a traducir los esfuerzos de diálogo en acuerdos verificables que permitan restablecer la normalidad. Asimismo, pidió garantizar de manera inmediata el acceso de la población a la salud, la alimentación, la educación, el trabajo y la libre transitabilidad.
Mientras las negociaciones continúan sin resultados definitivos, el país enfrenta una creciente presión económica y social, con sectores productivos alertando sobre daños que podrían extenderse mucho más allá del fin de los bloqueos.