Bolivia busca inversión extranjera y ofrece norma con más garantías

Por Wálter Vásquez

Tras denunciar 21 Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) -entre 2009 y 2013- Bolivia diseñó su propio ‘Acuerdo de Inversiones para el Desarrollo’ y ya lo presentó a 15 países. Mientras el Gobierno asegura que el proceso “no implicó la reducción o fin de la inversión extranjera” en el país, empresarios y expertos en legislación internacional afirman que la situación causó inseguridad jurídica y menor llegada de capitales extranjeros al mercado nacional.

La nueva Constitución de Bolivia, promulgada en febrero de 2009, dispone que los tratados internacionales contrarios a ese marco legal se denunciarán y, en su caso, se renegociarán en un periodo de cuatro años, plazo que finalizó en enero de 2014.

La disposición entró en vigencia luego de que el país se retirara del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), en mayo de 2007, y casi al final de una ola de nacionalizaciones en diferentes sectores que llevaron al Estado a enfrentar millonarias demandas en tribunales internacionales. 

Bajo este marco, el Estado boliviano denunció 21 Tratados Bilaterales de Inversiones. El primero fue el holandés, en noviembre de 2009, y el último el luxemburgués, en mayo de 2013. 

Una vez denunciados los convenios, se conformó un equipo multidisciplinario a fin de trabajar una nueva propuesta de ‘Acuerdo de Inversiones para el Desarrollo’, conforme a la nueva Carta Magna y al nuevo régimen normativo en la materia establecido en la Ley de Promoción de Inversiones, de abril de 2014, y en la Ley de Conciliación y Arbitraje, de junio de 2015, explicó el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, en respuesta a un cuestionario enviado por EL DEBER. 

“El ‘Proyecto de Acuerdo de Inversiones para el Desarrollo’ fue remitido a 15 países a fin de iniciar negociaciones”, informó esa la cartera de Estado, que destacó que la propuesta “nace como una estrategia de política internacional para la atracción de inversión extranjera directa (IED)”.

Para el Gobierno, los TBI que se suscribieron entre los 80 y 90 y otorgan un trato más beneficioso al inversionista extranjero, al contemplar mecanismos de solución de diferencias que normalmente fallan contra los Estados y que no contemplan las necesidades de desarrollo de los países.

Sergio Alberto Fernández, abogado internacionalista y docente universitario, indicó que entre los socios a los que se les ha propuesto este modelo de Acuerdo de Inversiones están Perú y Ecuador.

Solución de controversias

Perú, el primero de la lista, tiene importantes inversiones en Bolivia a través del Grupo Romero (BCP, SAO, Ransabol y Fino), del Grupo Rodríguez (Nestlé, PIL Andina y Soboce), del Grupo Delosur (KFC y Starbucks) y de empresas como Inversiones Rocky’s, Aceros Arequipa, Belcorp y Yanbal.

“Después de esperar una respuesta por dos años, el Gobierno peruano entregó una contrapropuesta que es muy similar a los TBI que denunció Bolivia. Ahí el proceso quedó congelado y se tocaron las puertas de Ecuador, al que se le propuso este nuevo instrumento que aún está en negociación”, expuso Fernández, quien no ve mayores avances en la materia.

El Viceministerio de Comercio Exterior indicó, por su lado, que “pocos países se pronunciaron” sobre el proyecto de Acuerdo de Inversiones boliviano” y que “con algunos de ellos se conformaron mesas de negociación a fin de analizar su viabilidad y llegar a un texto mutuamente satisfactorio”.

“El no perfeccionar los convenios (TBI) hace que Bolivia no tenga Inversión Extranjera Directa y le hace perder oportunidades para el desarrollo de proyectos importantísimos como el litio, el Mutún y otros que podrían ser una locomotora económica para sacar a Bolivia de este momento de crisis que estamos viviendo”, afirmó Ibo Blazicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), quien consideró además que la normativa nacional vigente “no es suficiente” para darle seguridad jurídica a los nuevos inversores.

“Retrasar estos acuerdos podría perjudicar la llegada de posibles inversiones extranjeras, que están pasando por un mal momento y que --aparte de ser recursos y divisas que llegan al país-- tienen un efecto positivo sobre el trabajo y la transferencia de conocimiento y de tecnología”, agregó Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia. 

Para Diego Villarroel, especialista en arbitrajes del estudio jurídico Ferrere, “la ausencia de los TBI repercute negativamente en la economía boliviana, ya que ha disminuido considerablemente la inversión extranjera en el país”, una tendencia que obedece a dos razones principales. 

La primera es que, al dejar de ser parte del Ciadi, los inversionistas extranjeros “fueron despojados del centro idóneo e imparcial” para resolver las posibles disputas que se pudieran generar durante el desarrollo de sus negocios en el mercado boliviano.

La segunda es que la nueva Ley de Conciliación y Arbitraje prevé que las controversias en materia de inversiones estén sometidas a la jurisdicción, leyes y autoridades bolivianas, lo que cierra las puertas a arbitrajes internacionales y “resulta jurídicamente inseguro y poco atractivo” para el inversionista extranjero.

Este cambio en las reglas del juego desalienta la llegada de nuevos capitales al país, ya que “hay cuestionamientos sobre la independencia del Órgano Judicial”, apuntó Fernández.

El mercado internacional ve a Bolivia “con malos ojos”, no solo por la desconfianza en el sistema judicial, sino por la disminución de la calificación de riesgo del país, la complejidad para hacer negocios, la elevada informalidad y otros indicadores negativos para los capitales foráneos, observó a su vez Akamine.

Según Blazicevic, otros factores que impiden que Bolivia sea atractiva para la IED son la pesada carga impositiva, los altos costos laborales y la baja productividad de los trabajadores.
El Viceministerio de Comercio Exterior aseveró que “la denuncia o terminación de los tratados bilaterales no implicó la reducción o fin de la inversión extranjera en Bolivia. Las empresas permanecieron en el país y actualmente continúan invirtiendo”.

Solución de controversias
Argumentó que existen países, como Brasil, que sin tener ni un solo tratado de protección de inversiones concentran la mayor Inversión Extranjera Directa de América Latina, por lo que “es falso que éstos tratados sean requisito para atraer inversiones”.

Por otro lado, continuó, “existen empresas que sin invertir un dólar ni tener domicilio legal en los países, han logrado indemnizaciones multimillonarias gracias a estos acuerdos, por considerar que alguna medida gubernamental afecta su ‘legítima expectativa de ganancia’”.

Bajo ese contexto, el Gobierno boliviano espera que el nuevo ‘Acuerdo de Inversiones para el Desarrollo’ incentive la llegada de Inversión Extranjera Directa al país, ya que a través de éste se impulsarán “acciones de fomento”, como la “creación y mantención de instancias o servicios de facilitación de inversiones, así como el otorgamiento de incentivos. Ello al margen de brindar un esquema de protección por medio de cláusulas que prevén un trato no discriminatorio y mecanismos de solución de controversias”.

Mientras, algunas inversiones foráneas hechas con anterioridad a la denuncia de los TBI siguen bajo la protección de estos instrumentos legales, dado que incluyen cláusulas de “ultractividad” que protegen las inversiones entre las partes por un periodo de hasta 20 años posteriores a la denuncia del tratado, como en el caso de Estados Unidos. 

“Estamos con un vacío legal grande y necesitamos avanzar en las primeras experiencias, sobre todo con Perú, con el que se tiene una mesa de negociación desde hace muchos años. Al presentar la propuesta a otros países, la idea es enriquecer la propuesta y alcanzar un acuerdo que luego puede presentarse a otros socios”, sostuvo el abogado internacionalista Fernández.

Entre tanto, la seguridad jurídica en Bolivia sigue bajo cuestionamientos, debilitada además por temas económicos y políticos. “Esta revancha política del Gobierno contra la oposición, contra quienes cree que lo derrocaron (en 2019), tiene un costo económico elevado que se refleja en los mercados internacionales, como la colocación de una parte (el 42,5%) de los $us 2.000 millones en bonos”, advirtió Akamine.

La inseguridad jurídica ha hecho que en minería; por ejemplo, “proyectos importantes no se ejecuten” y que multinacionales como Sumitomo “hayan puesto a la venta sus yacimientos” de zinc en San Cristóbal, sostuvo Blazicevic.

De acuerdo con reportes del Banco Central de Bolivia (BCB), el flujo de inversión extranjera directa neta que llegó al país alcanzó un tope en 2013, cuando registró $us 1.750 millones (antes de la promulgación de las leyes de Promoción de Inversiones y de Conciliación y Arbitraje), tras lo cual se anotaron cifras mucho menores hasta que en 2019 y 2020 la captación fue negativa, -217 millones y -1.048 millones, respectivamente. Ese año, la calificación de riesgo de Bolivia bajó de B+ a B y se mantuvo así durante la pasada gestión.

“El mensaje que se da cuando se baja la calificación es que Bolivia tiene una inestabilidad económica que puede afectar las inversiones. Y mientras demos ese mensaje de persecución política y de no respetar un estado de derecho, vamos a afectar de forma negativa a posibles inversiones que generen crecimiento económico”, dijo el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia. 

“Lo venimos diciendo hace mucho tiempo: Bolivia necesita desesperadamente una ley de inversiones que contemple la posibilidad de llevar arbitrajes internacionales y que tenga incentivos tributarios y laborales para las nuevas inversiones que se asienten en el país, especialmente en áreas que no estén ligadas a la actividad extractiva, como ha sido siempre en Bolivia”, sostuvo el presidente de la CNI.
“Ese es el único camino para atraer inversión extranjera directa”, subrayó.