Por Walter Vásquez

Bolivia se mantiene entre las jurisdicciones mineras menos atractivas para la inversión, de acuerdo con los resultados de la Encuesta a Empresas Mineras 2021 elaborada por el Instituto Fraser.

De 86 jurisdicciones evaluadas, las 10 “menos atractivas para la inversión —según las clasificaciones del índice de Percepción Política— son (comenzando por la última): Venezuela, Filipinas, Chubut (Argentina), Nicaragua, Mendoza (Argentina), Zimbabue, República Democrática del Congo, Bolivia, Kirguistán y Mongolia”, indica el estudio, que recuerda que Venezuela, Chubut, Zimbabue, Bolivia, Mendoza y el Congo también estuvieron entre las 10 jurisdicciones del fondo el año pasado.

En el top 10 están, por otro lado, la República de Irlanda, Marruecos, Irlanda del Norte, Australia Occidental, Quebec (Canadá), Nevada y Utah (EEUU), Saskatchewan (Canadá), Finlandia y Alberta (Canadá).

“Esta es una encuesta informal que intenta evaluar las percepciones de ejecutivos de compañías mineras sobre varias políticas mineras óptimas y subóptimas que podrían afectar la hospitalidad de una jurisdicción para la inversión (…). Está diseñada para identificar las provincias, estados y países que tienen las políticas más atractivas de fomento de la inversión en exploración minera. Jurisdicciones que los inversores evalúan como relativamente poco atractivas pueden, por lo tanto, verse impulsadas a considerar reformas que mejorarían su clasificación”, sostiene el documento.

Para el analista Ramiro Paredes, el país no cuenta con una política “claramente definida” para ampliar la frontera minera a través de la exploración.

Los proyectos para la búsqueda e identificación de nuevas minas no avanzan debido a que requieren de una gran cantidad de recursos; a la inseguridad jurídica causada por las tomas de yacimientos (principalmente auríferos), que no son sancionadas; y a la inestabilidad de las reglas del juego para el sector. 

“Bolivia tiene un gran potencial geológico, pero esa fortaleza que nos dio la naturaleza está debilitada por la falta de empatía hacia la inversión privada, fundamentalmente extranjera, promovida por algunos sectores sociales y personas a partir de motivaciones más ideológicas que técnicas y económicas. Estas actitudes llevan a la inseguridad jurídica, factor que los inversionistas toman muy en cuenta para tomar la decisión de invertir en un determinado país”, sostuvo.

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