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Bolivia sufre la mayor crisis económica después de la Revolución de abril del 52. Así lo asegura el economista Hugo Siles en una publicación en su cuenta de Facebook.

El experto basa su afirmación en que, hasta octubre de 2020, el Índice General de Actividad Económica de Bolivia (proxy del PIB) registró una variación negativa del -9,56%, un descenso mayor al del PIB (Producto Interno Bruto) de 1953 que alcanzó al -9,46%.

“Después de 67 años, Bolivia experimenta la mayor caída de su PIB debido a los efectos combinados de la pandemia de la Covid-19 y la caída de los precios de las materias primas en el mercado internacional”, sostiene Siles, que considera que para superar la crisis, se necesita un modelo coordinado público y privado que optimice los procesos de inversión, productividad, apertura de mercados, reducción de la tramitología, disminución de la burocracia y corrupción, innovación y desarrollo tecnológico, y que mayor integración y mayor institucionalidad son los ejes para no repetir la historia.


Consultado al respecto, Christian Aramayo, coordinador del Centro de Desarrollo Humano y Empleabilidad (CDHE), recordó que el PIB está compuesto por el consumo, las inversiones, el flujo de comercio exterior y el gasto del Gobierno.

Teniendo esto en cuenta, el especialista explicó que cada elemento que lo compone tiene un impacto significativo en la economía y hay que ser cuidadoso con las medidas a adoptar.

Dado el marco institucional boliviano, si se incrementa el gasto del Gobierno, esto se traducirá en un uso arbitrario de los recursos y una mala asignación de recursos, como ya se vio en el pasado (construyendo canchas en vez de hospitales, por ejemplo). Pero, además, dado el déficit fiscal (desde 2014) incrementar el gasto del Gobierno implica aumentar impuestos, contraer más deuda o financiar ese gasto con inflación que afecta mucho más a las familias más vulnerables.

Por el lado del consumo, esta variable está íntimamente ligada a las expectativas presentes y futuras de la economía. En situación de crisis, la gente tenderá a no comprar bienes que no sean los necesarios. Es entonces que quedan como variables, la inversión y el flujo neto de comercio exterior. En ambos casos, se los puede incrementar en el corto plazo eliminando los cupos políticos de exportación, reduciendo los impuestos y generando condiciones operativas para que la inversión se incremente.

No obstante, según Aramayo, hay un factor que puede ayudar a mejorar las expectativas, atraer inversiones y aumentar las exportaciones: generar un clima de confianza desde los diferentes niveles de Gobierno, particularmente desde el nivel central. “Lamentablemente, cambiar las reglas sin consenso, restringir el mercado laboral, crear cupos de exportación añade indecisión a la incertidumbre existente. Recordemos, por otro lado, que, en uno de los peores momentos institucionales para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, hubo tres medidas diferentes por parte del Gobierno Municipal en cuatro días. Se debe hacer todo lo contrario”, dijo.

Dadas las características institucionales y político-coyunturales del país, Aramayo considera que se requiere reducir impuestos, eliminar los cupos políticos de exportación y brindar señales concretas que generen certidumbre y confianza entre los actores, desde las familias para consumir y los pequeños negocios hasta grandes empresarios y las autoridades del Estado.

Cabe señalar una advertencia: de ninguna manera se debe apuntar hacia un modelo de sustitución de importaciones por dos motivos: la evidencia histórica de más de 50 años indica que ese modelo puede generar incrementos efímeros en las cuentas nacionales (y ello podría incidir en el PIB) pero de ninguna manera ha sido sostenible: las familias terminan pagando los errores de ese modelo con bienes más caros y deficientes, pero con incentivos que dañan al tejido social, a la economía y donde sufren las familias más vulnerables.

Por su parte, José Antonio Alberti, expresidente del Colegio de Economistas, indica que, hasta el momento el Gobierno nacional no ha presentado un plan integral de reactivación económica, lo que revela que no hay estrategias para revertir la situación.

En ese sentido, Alberti, señala que los sectores y actores más afectados por la pandemia deben participar en la elaboración de los proyectos para reactivar la economía nacional. 

“El Gobierno está haciendo algunas cosas que son paliativos (como diferimiento de créditos), pero no son la solución de corto plazo. Se precisa que las empresas tengan liquidez; es decir, hay que habilitar líneas de crédito para que paguen a sus proveedores, trabajadores y para capital operativo, ya que muchas compañías han usado esos recursos para cubrir esas obligaciones. El sector productivo formal necesita $us 2.000 millones para reactivarse”, explicó Alberti.

Finalmente, el economista sugiere abrir más mercados para los productos bolivianos, sobre todo en la Comunidad Andina. Para ello, hay que promover las exportaciones no tradicionales, luchar contra la burocracia y el contrabando. 

Acciones del Gobierno

El 25 de enero, durante la entrega de los primeros cuatro créditos del fideicomiso de Bs 911 millones para la reactivación de la industria y la sustitución de las importaciones, el presidente Luis Arce señaló que esto es parte del plan de reactivación económica, con indicadores que ya muestran que la demanda interna está reaccionando en el país.

El mandatario además indicó que su Gobierno se encargó de hacer un diagnóstico de la situación económica en el país antes de aplicar las medidas necesarias, en el cual se estableció que quedaron dañadas la demanda interna, la oferta y la producción nacional.

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