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El director de Lucha Contra el Contrabando, Vladimir Orellana, informó el pasado fin de semana que, en los operativos que se realizaron en el primer trimestre del año entre la frontera de Bolivia con Perú y Chile, se incautó más de 200 vehículos indocumentados.

Cabe recordar que efectivos militares que luchan contra el contrabando, cavaron zanjas en el punto fronterizo Pisiga con Chile, a pocos metros del sector denominado El Basural, con el fin de evitar el ingreso de los motorizados. Al respecto, Orellana develó que estos puntos fueron reabiertos, incluso usan escaleras metálicas como puentes para evadir las excavaciones.

Si bien los esfuerzos para evitar el ingreso de vehículos “chutos” son destacables, las acciones aún son insuficientes para frenar el acto ilícito. Y es que, según la Cámara Automotor Boliviana (CAB), con registro extraído de reportes de Zofri (parque empresarial chileno), al país ingresan 20.000 vehículos por año.   

Mientras el Gobierno no defina claramente su posición de lucha real contra el contrabando, va a seguir siendo usado este tema como político de fomento al contrabando por no lastimar la relación con los votantes potenciales”, sostuvo Luis Encinas, gerente de la CAB.

Encinas explicó que la CAB cuenta con varios estudios efectuados desde hace un par de años, que evidencian que el contrabando de vehículos no es más que lavado de dinero proveniente de delitos internacionales mayores como son el tráfico de armas, de droga e inclusive de personas.

Utilizan a palos blancos a través de la zona franca de Iquique para ingresar a Zofri y otros palos blancos para reexpedir e importar a Bolivia”, señaló Encinas.

Desde 2018, existen manifestaciones internacionales de Costa Rica, México, Brasil, Chile y otros países, que denuncian los intentos de nacionalizar los vehículos “chutos”.




Por su parte, Erick Saavedra, expresidente de la CAB, indicó que la falta de control fronterizo es evidente y el crecimiento de contrabando, desde vehículos con víveres hasta tráfico de armas está en auge. “Es muy cierto que gran parte de la forma intercambio es en base de narcotráfico”, dijo.

A decir de Saavedra, el impacto económico en fuga de divisas, lavado dinero y evasión fiscal, no solo está afectando a los negocios formales, sino también a los impuestos del país. La CAB calcula entre 250.000 y 300.000 la cantidad de motorizados ilegales que circulan en Bolivia.

“Consumen la gasolina o diésel subvencionado por el Estado. Recorren el país o las calles sin pagar impuestos, no tienen SOAT y las unidades que, si tienen registro, usan placas copiadas clonadas que revelan un ciclo más complejo de corrupción del que se está visualizando”, dijo Saavedra.



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