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A través de una notal oficial, la estatal YPFB rechaza la "intención política" de la Comisión Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que denunció que el presidente ejecutivo de la empresa, Richard Botello Hiza, habría incurrido en "desaire y discriminación" al no haber asistido a una sesión convocada por dicha comisión.

Ayer, Máxima Apaza, titular de la Comisión Especial Mixta de la ALP, que investiga el manejo irregular de las empresas públicas del nivel central del Estado, anunció un proceso penal contra Botello por no brindar información sobre la situación de la estatal petrolera.

En el comunicado, YPFB aclara que fue la propia comisión, a través de una nota oficial, la que invitó al presidente o vicepresidente de YPFB a dicha sesión, y era de conocimiento de dicha comisión que Botello se encuentra en etapa de recuperación a causa del Covid-19.

“A la hora indicada y acorde a lo solicitado por la comisión, el vicepresidente de YPFB, Claver Vásquez, estuvo presente; sin embargo, y en un afán meramente político, la comisión sin mayor explicación ni argumento técnico, menos legal, procedió a expulsarlo de dicha sesión virtual, demostrando que lo único que se busca con estas actuaciones es una distorsión de la realidad y no una información clara y transparente como esta gestión estuvo y está dispuesta a brindar”, reza el documento de YPFB.

Asimismo, señala que YPFB es una empresa netamente técnica y ratifica su predisposición absoluta, ante cualquier institución u órgano del Estado, que requiera información.

Al presidente de YPFB se le mandaron 22 notas para que remita información, pero lamentablemente no nos llegó el informe escrito e insistimos para que pueda asistir a una entrevista. Pero su excusa fue que está delicado de salud. Por eso, hemos solicitado la entrevista vía virtual, pero apareció el vicepresidente de esa empresa sin designación previa”, observó Apaza.

El jueves, la Comisión Especial Mixta también determinó la presentación de una querella penal contra los titulares de Boliviana de Aviación (BoA), Carlos Scott; la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Eddy Luis Franco; y la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), José Kreidler por no asistir a la convocatoria de los asambleístas, tras reiteradas convocatorias.