Cámara Automotor Boliviana pide al ministro de Justicia actuar contra el importador de ambulancias para Potosí
La institución señala que las consecuencias de trabajar con una empresa unipersonal, sin tradición ni respaldo de fábrica, constituida informalmente, son un daño premeditado al Estado
A través de una carta enviada a Iván Lima, ministro de Justicia y Transparencia Institucional, la Cámara Automotor Boliviana (CAB) instó a la autoridad a que actúe en contra del importador involucrado en el caso ambulancias en Potosí.
“Proceda contra este importador, fraudulento a todas luces, investigando a todos los involucrados en este luctuoso hecho con daño económico al Estado, pero más que nada por todo el circuito de corrupción generado y que se investigue también a empresas que proceden de modo similar por muchos años, lucrando en desmedro del Estado, eludiendo tributos de importación e impuestos sobre ventas, mediante los procedimientos descritos", indican.
Asimismo, cuestionan que se esté malutilizando instituciones como las Zonas Francas, Ibmetro y Viceministerio de Transportes (en lo que les toque), creadas para generar fuentes de trabajo y facilitar controles que han sido burlados consecutiva y tenazmente.
El caso ambulancias involucra al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, quien anuló la adquisición de 41 ambulancias y luego anunció la ejecución de una boleta de garantía por Bs 1,5 millones que la firma Estefals Logistics puso para habilitarse como contratista.
El monto de la compra fue de Bs 20,5 millones para las 41 unidades; pero la empresa proveedora, Estefals Logistics fue creada por Luis Humberto Huanca, el 9 de septiembre de 2021, pocos días antes de que la Gobernación lance la invitación directa a las empresas importadoras de vehículos. El capital de la empresa era de Bs 100.000 e iba a hacer un negocio de más de Bs 20 millones.
La CAB sostiene que la adjudicación de esta empresa es una muestra clara de una gestión corrupta en desmedro de los recursos del Estado, que pudo haberse evitado recurriendo a una licitación formal donde, con toda seguridad, se hubiese adjudicado una concesionaria legalmente constituida, con la antigüedad necesaria que refiera la tradición, seguridad y respaldo de las marcas que las normas vigentes en el país exigen, para no exponer al Estado ni al usuario consumidor a la falta de garantía de fábrica y repuestos genuinos, actos fraudulentos, lavado de dinero, entre otros.
“Esta modalidad de importación, sui generis que, en reiteradas oportunidades, hemos denunciado a distintas autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, (sin tener resultado alguno ni respuesta), por el daño económico que producen al Estado, a través de procedimientos enmarcados en actos de corrupción y en muchas ocasiones, con la finalidad de lavar dineros de dudosa procedencia que en esta oportunidad, tienen un ejemplar modelo, como fue la compra irregular de 41 ambulancias a través de una licitación plagada de defectos y posible fraude, para la Gobernación de Potosí”, dice otra parte de la CAB.
Para la institución, las consecuencias de trabajar con una empresa unipersonal, sin tradición ni respaldo de fábrica, constituida informalmente, específicamente para adecuarla y direccionarla a intereses personales para beneficiarse de una licitación, involucran a las autoridades y funcionarios de la Gobernación potosina que a claras luces deben estar implicados en el daño premeditado al Estado.
Este tipo de empresas unipersonales, conocidas en el medio local, por estos procedimientos como “importadores grises”, según la CAB, son creadas para importación de vehículos sin tener la representación ni respaldo del fabricante.
Además, cotizan y tributan al Estado, a través de facturas de reexpedición por monto menores a los reales constituidos por la cadena logística del valor; y eluden requisitos indispensables para la Licencia Previa de Importación, a través de la figura de “reacondicionamientos” innecesarios en vehículos nuevos, malutilizando las zonas francas industriales para sus fraudulentos procedimientos de evasión normativa, proporcionando 'habilitaciones' económicas a tramitadores y malos funcionarios públicos (corrupción).
