La investigación por la gasolina desestabilizada avanzó ayer sobre dos áreas clave de YPFB. La Fiscalía y la Policía aprehendieron a Eddy Rolando Torrico Ibáñez, gerente general de YPFB Logística, y a Nelson Alejandro Mendoza, gerente comercial de la estatal petrolera, dentro del proceso que busca establecer responsabilidades por la distribución de combustible observado que derivó en miles de reclamos de conductores en todo el país.
Las aprehensiones se produjeron apenas dos días después de que la Justicia enviara al penal de Palmasola, con detención preventiva por seis meses, a Carlos Cuéllar Pinto, gerente de Productos Derivados e Industrialización. Con ello, la investigación ya alcanza a tres altos ejecutivos vinculados a áreas estratégicas de la cadena de suministro de combustibles.
De acuerdo con las órdenes fiscales, Torrico y Mendoza son investigados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales para prestar declaración informativa, paso previo a una eventual imputación formal y a la solicitud de medidas cautelares.
La causa es impulsada por la diputada opositora Lissa Claros y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El objetivo es establecer quiénes participaron en las decisiones relacionadas con el almacenamiento, comercialización y distribución del combustible observado, así como determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales dentro de la estatal petrolera.
El caso ya tiene una dimensión económica significativa. Datos oficiales difundidos este lunes muestran que las indemnizaciones pagadas a conductores afectados alcanzan los Bs 85,7 millones. Además, 66.937 vehículos fueron registrados dentro del sistema de reclamos y 27.933 propietarios ya recibieron compensaciones económicas por daños mecánicos atribuidos al combustible distribuido.
Las cifras reflejan la magnitud de uno de los mayores procesos de compensación vinculados a combustibles registrados en Bolivia. Más allá de las responsabilidades individuales, el caso abrió interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión dentro de YPFB en un momento particularmente complejo para la empresa que, además, cambió de presidente ejecutivo en dos ocaciones.
La investigación continúa y no se descarta que alcance a otros niveles de decisión dentro de la petrolera estatal. Mientras tanto, tres ejecutivos ya se encuentran sometidos a procesos judiciales por un caso que combina impacto económico, responsabilidades administrativas y posibles consecuencias penales.