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De acuerdo con Carlos Arze Vargas, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), las propias consideraciones, condiciones y parámetros establecidos para la devolución total o parcial de aportes a las AFPratifican la certeza popular de que el sistema genera exclusión, desigualdad y prolonga y acentúa la pobreza de los trabajadores en su edad inactiva. El proceso de retiro de aportes empezó en la presente jornada. 

Insinúa que, en una economía donde no existe estabilidad laboral, en el que priman la precarización de las condiciones de trabajo y los salarios miserables, es casi imposible ahorrar sostenidamente por más de tres décadas; además, de que los mecanismos de jubilación y los parámetros que utiliza, como una esperanza de vida de más de 100 años, junto con los rendimientos reales negativos que otorga la administración de las AFP, condenan a los afiliados a obtener rentas que, en promedio, no superan el 30% de su último salario.

La Ley 1392 establece tres condiciones básicas para la devolución parcial. Quienes tengan acumulados en su cuenta personal hasta Bs 100.000, independientemente de su edad, pueden retirar hasta el 15%; los que tengan un saldo mayor a los Bs 100.000, independientemente de su edad, pueden retirar hasta Bs 15.000; y quienes tengan en su saldo Bs 10.000 o menos y tengan una edad igual o mayor a 50 años, pueden retirar el 100% de su ahorro.

Arze observa que se excluye a las personas que estuviesen cobrando o tramitando una pensión de cualquier tipo, que estén percibiendo una remuneración del sector público o privado o que hubieran aportado desde diciembre de 2019, como dependientes del sector público. Asimismo -dice- que la exclusión se amplió con el decreto reglamentario 4582 a las personas que tuviesen 58 años o más y al menos 120 aportes, y a quienes hubiesen realizado al menos 8 aportes -como dependientes o independientes- entre marzo de 2020 y julio de 2021.

Por otra parte, Arze infiere que la norma establece que el Estado no restituirá el monto de la devolución parcial o total, por lo que los afiliados que se acogieran a la misma deberían reponer la suma total de los aportes retirados más los rendimientos que dichos fondos hubiesen generado de haber permanecido en el fondo previsional, antes de solicitar una prestación o beneficio del Sistema Integral de Pensiones (SIP); la penalización por el incumplimiento de la reposición se traduciría en la pérdida del derecho a acceder a la pensión solidaria.

Sobre la base de esas condiciones, a decir de Arze, el Gobierno ha estimado en 1.464.375 el número de personas que estarían habilitadas para solicitar la devolución de aportes y en Bs 30.647 millones el monto de sus ahorros; es decir, el 33% de los recursos de las cuentas previsionales y el 60% de los afiliados. El grupo de afiliados con aportes acumulados iguales o menores a Bs 10.000 sumaría, según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 219.436 personas; las personas con aportes entre Bs 10.001 y Bs 100.000, serían 1.186.448 y quienes tienen ahorros mayores a Bs 100.000, 58.491 personas.

Así, Arze deduce que la lógica con la que se han establecido los requisitos de elegibilidad expresa, consecuentemente, la perversidad del sistema. En primer lugar, señala que la diferencia abismal entre el número de asegurados a las AFP -es decir, personas con registro- y el número potencial de afiliados que podrían retirar sus aportes deja ver la reproducción de la desigualdad social que la reforma de pensiones trasladó al interior del sistema y que liquidó la naturaleza social con la que había nacido en 1956: esas 970.186 personas, que equivalen a un tercio de los asegurados, serían el grupo minoritario de afiliados que permanecen ocupados percibiendo una remuneración o que están retirados y reciben una renta jubilatoria.

Otro aspecto que revela el carácter nefasto del actual sistema de seguridad social, a juzgar por Arze, es su desconocimiento de la realidad del mercado laboral, que provoca la exclusión definitiva de un número importante de afiliados del acceso a una renta de jubilación: más de 200.000 personas con ahorros menores a Bs 10.000, son el ejemplo más patente de la inestabilidad laboral y de los miserables salarios vigentes, que impide a la mayoría de los trabajadores formar un ahorro suficiente para acceder, al menos, a una renta de vejez de supervivencia.

“Este enorme grupo de personas será excluido sin ninguna contemplación; son los afiliados insolventes, “prescindibles” para el mercado y, por tanto, para el sistema de seguridad social, pues su reducida capacidad de ingresos no es atractiva como fuente del enorme capital dinerario puesto a disposición de los empresarios”, anotó Arze.

Asimismo, aduce los trabajadores mayores de 58 años y desocupados, al estar excluidos de esta medida, se verán obligados a jubilarse y aceptar una renta de vejez que, con seguridad, estará en los escalones más bajos de la escala de la pensión solidaria. “Aunque el decreto gubernamental es presentado como muestra de la preocupación oficial por quienes estarían cercanos a obtener una renta, no representa ninguna alternativa para sus necesidades urgentes, agravadas por la actual crisis que los ha conducido a engrosar las filas del ejército de desocupados”, sostiene.

Otro aspecto aberrante de la devolución de aportes, desde su perspectiva, es que sobre los afiliados que retiren sus aportes, obligados por la necesidad, penderán las amenazas de perder definitivamente la posibilidad de jubilarse y también el seguro de salud, o reducir su renta de vejez por la disminución de su densidad de aportes -condición ya contemplada en el DS 822 de 2011- y, al mismo tiempo, ser excluido del derecho a la “fracción solidaria” -que permite mejorar las miserables rentas calculadas sólo en función del ahorro individual- si no reponen su ahorro retirado durante esta contingencia.

En conclusión, en criterio de Arze, el Gobierno del MAS ratifica, con esta medida, su carácter antiobrero y su preferencia por defender los intereses del capital, pues la norma se enmarca en la concepción de que sean los propios trabajadores afectados por la crisis económica -propiciada por el modelo económico oficial y agravada por la pandemia-, quienes encaren la satisfacción de sus necesidades urgentes echando mano a sus miserables ahorros de toda una vida de trabajo, sin ofrecer una solución alternativa a su cargo.

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