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El Ministerio Público del distrito de La Paz escuchará las declaraciones de otras seis personas presuntamente involucradas en el caso de la compra irregular de taladros por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la empresa italiana Drillmec, aunque aún no se considera citar al titular de la empresa estatal, Guillermo Achá.

“En el transcurso de esta semana, seis personas serán citadas a que declaren en la Fiscalía. Ya declararon una sindicada (Paola Andrea Oporto, exgerenta de Contrataciones) y otros cuatro testigos. Aún no hay ninguna decisión sobre el presidente de YPFB. Tenemos que tener primero las declaraciones de toda la comisión de licitación. De acuerdo con eso, vamos a valorar y ver si corresponde citar al señor Achá”, informó ayer el fiscal Rudy Terrazas que integra la comisión que investiga el caso.

Sin embargo, no fue posible obtener mayor información de las pesquisas ya que el Ministerio Público considera el caso “muy delicado”.

Aunque no está declarado en reserva, el caso se está tomando con mucho cuidado para que no se filtre información y pueda generar algún tipo de observación por una de las partes o por algún dato que pueda ser malinterpretado”, dijo Ramiro Jarandilla, el segundo fiscal que lleva el caso.

Antecedentes

A mediados de marzo, el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, reveló irregularidades en el proceso de licitación para la compra de tres taladros de perforación a favor de la empresa italiana Drillmec que iban a costar al Estado $us 148,8 millones y pidió que se inicie una investigación.

Al mismo tiempo, el senador opositor Óscar Ortiz exigía responsabilizar al presidente de la estatal petrolera junto a la comisión calificadora, denunciaba sobreprecio y pedía paralizar el proceso.
El 18 de abril, el ministro de Justicia, Héctor Arce, presentó ante la Fiscalía General del Estado, la denuncia contra 16 personas involucradas por el proceso presuntamente irregular de contratación de la empresa italiana Drillmec. Se los acusó por los delitos de contratos lesivos al Estados, entre otros.

Obligaciones cumplidas

El abogado de Andrea Oporto, Róger Valverde, explicó que su defendida ha presentado toda la documentación que respalda que ella “ha actuado conforme a normativa en el caso” y que está dispuesta a colaborar en las investigaciones.

“Con papeles en mano, Oporto demostró haber cumplido con sus obligaciones en su calidad de gerenta de contrataciones. La declaración fue muy larga donde se hicieron muchas preguntas. Como recién se está investigando el caso, no ha habido requisitos como para aprehenderla”, señaló. 

Ortiz cree que no hay voluntad en pesquisa
 El senador de Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz lamentó que la Fiscalía no tenga voluntad para investigar el caso taladros, ya que ve lentitud en el avance y se da poca información a la población.
“Estoy frustrado por el avance de las investigaciones. Hay evidencias claras que han sido respaldadas por Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos. Pero veo que hay una inacción de la Fiscalía que no es casual. Evitan que se procese mi denuncia para no incluir al presidente de YPFB, Guillermo Achá. No hay la más mínima voluntad de avanzar con esta investigación”, dijo el senador.

Ortiz manifestó desconocer más declaraciones de exfuncionarios de la empresa estatal porque el caso “se mantiene bajo sigilo y no quieren que la población conozca el tema”.

Insistirá con el fiscal general, Ramiro Guerrero, para que se procese su denuncia y logre que se convoque a Guillermo Achá e inclusive al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.
“Está quedando en evidencia que el Gobierno protege a Achá y evita que haya publicidad en este caso. Sobre todo que haya una investigación transparente”, dijo.

Ortiz presentó una denuncia penal en contra de Guillermo Achá, ante la Fiscalía General en Sucre. /MAM

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