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“No tenemos nada que ver con los cívicos o con (Luis Fernando) Camacho”, es lo primero que dicen los dirigentes de los gremialistas y del transporte, que rechazan la Ley contra la Legitimación de ganancias ilícitas. Incluso, un dirigente de los transportistas que rechaza el proyecto de ley fue diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Todos advierten con radicalizar sus posturas y salir masivamente a las calles, si no se anula el polémico proyecto de ley.

Estas declaraciones surgen después de que varios ministros, parlamentarios  y hasta el presidente Luis Arce, acusaran a los sectores de obedecer a una pequeña élite cruceña y al gobernador Camacho, quienes, según las autoridades nacionales, buscan desestabilizar al Gobierno. Además, minimizaron la movilización de estos sectores.

La postura oficialista es rechazada por los gremios que se movilizaron el lunes. Uno de ellos es el de los comerciantes cuya dirigencia nacional aseguró que nada tienen que ver con el bloque cívico nacional.

El secretario ejecutivo de la Federación de Gremiales del Distrito 6 de El Alto, Toño Siñani Medina, y dirigente del sector a escala nacional, aclaró que su sector nada tiene que ver con los cívicos y que incluso, en La Paz, rechazaron el apoyo de dicho sector.

“Este fue un paro de los gremiales. Aquí se ha interpretado mal, diciendo que los Comités Cívicos nos iban a manejar. Aquí, en La Paz, los hemos botado a los cívicos porque no se pueden meter en algo que nos les está afectando; ese proyecto de ley afecta a los gremiales, a los choferes, a los carpinteros y todos los demás”, dijo el dirigente.

Siñani aseguró que, si en 72 horas el Gobierno no anula este proyecto de Ley van a radicalizar las medidas de presión porque la norma “afecta a todos”. Aseguró, que de todos los gremialistas, un 85% apoya la movilización.

Una opinión similar dio el dirigente del sector del transporte en Santa Cruz y exdiputado por el MAS, Mario Guerrero. Dijo que el paro fue una medida que determinó el sector en un ampliado el pasado viernes porque el proyecto de Ley “deja indefensa a la población”.

Esperamos que el Gobierno archive la norma, que no pretenda aprobarla porque nos hemos declarado en emergencia. Los compañeros transportistas han entendido que esta norma es dañina. Espero que el Gobierno lea el mensaje”, señaló.

Si el Gobierno no da marcha atrás, Guerrero dijo que los obligarán a analizar otras medidas de presión. “Si es necesario llegar a medidas más radicales, lo vamos hacer, no se descarta nada”, dijo.

Por último, dijo que cuando se convocó al paro “en ningún momento hemos dicho que apoyamos a los cívicos, nosotros hicimos esta medida de presión porque la norma nos afecta”.

Los mineros también se sumaron al rechazo de esta ley. El presidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Braulio Arguedas, señaló que su sector decidió apoyar al MAS desde sus inicios, pero ahora el Ejecutivo incumple los acuerdos que firmaron.

“Reflexionamos al presidente y a su gabinete para que hagan leyes consensuadas o, reitero, nos vamos a ver en las calles, en la lucha, y ahí vamos a ver quién gana”, advirtió.

Minimizan movilización

Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo la línea no cambia. Aseguran que la movilización en rechazo a la norma la encabezan los cívicos, que usan “grupos criminales” y “mafiosos” para movilizar a la población.

Esta postura fue fijada este martes por presidente Arce en un acto realizado en la ciudad de Cochabamba, donde adoptó una postura confrontacional.

Además, Arce aseguró que la ciudadanía dio un mensaje contundente al no acatar el paro en rechazo al proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y la “persecución política”.

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