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POR: XIMENA GUTIÉRREZ

La situación adversa que se vive en el país por la crisis económica, la pandemia, pero sobre todo el contrabando y la importación de ropa usada, están dejando a los talleres y microempresas textiles y de confección en un punto que las obliga a vender sus productos hasta un 70% por debajo de sus costos para recuperar algo de su inversión.​

Los confeccionistas aseguran que las ventas son muy bajas y no pueden competir con los precios y la calidad de los insumos (telas, botones, cierres) que tiene la ropa usada, que día a día se comercializa en las diferentes ferias instaladas del país a costos mínimos, contrarrestando toda la capacidad de producción de un taller de costura y la inversión que conlleva con la adquisición de maquinaria, horas de trabajo y costos operacionales por la importación de materia prima, al no tener industrias en el país que las provean.

Juan Carlos Vargas confecciona ropa de trabajo y ocasionalmente, ropa de línea infantil. Su taller tiene una capacidad para producir por mes, alrededor de 3.000 unidades de prendas. Sin embargo, desde hace dos años no genera ni el 20% de producción de su capacidad instalada.

El movimiento es bajo y rara vez se tienen pedidos, asegura; debiendo conformarse con ganar ‘algo’ y destinarlo solo a la manutención básica de su hogar, porque para ahorros y otras responsabilidades crediticias o tributarias, no le alcanza.

“Uno trabaja para ganar algo y evidentemente lo poco que estamos trabajando es para sobrevivir. Es el caso de muchos colegas, en vista de que no han podido vender sus productos al precio habitual y han tenido que bajar en un 30, 50 y hasta el 70% sus precios de venta final, recuperando solo parte de su capital invertido y no así el 100%. Lo peor es que ese capital que están recuperando se lo están comiendo para sobrevivir”, sostuvo Vargas.

Más allá de los precios, la calidad del producto entre la prendería usada y la producción nacional hace inviable una competencia leal en el mercado interno, porque la importación de materia prima es ‘pésima’, aseguró, Hugo Mamani, un microempresario dedicado desde hace 25 años a la confección, que decidió crear su propia marca de ropa para niños, denominada: ‘Beybis Jean’s’.

“No podemos competir en calidad con prendas usadas, ni siquiera con las nuevas que llegan de importación, porque ropa usada no solo compra gente de bajos recursos, sino también la que tiene dinero y busca calidad en las prendas”, dijo.

Considera que la gente desmerece la producción nacional, porque los materiales que llegan al país en telas, hilos y botones son de mala calidad.

Impacto millonario

Un estudio realizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) sobre el impacto de la importación de prendería usada, demuestra que al país ingresaban 8.000 toneladas anuales de esa mercadería y que las pérdidas económicas en ese entonces eran de $us 40 millones de ese mercado. Hoy, el sector textil sufre una pérdida anual de más de $us 80 millones.

El estudio señala, además, que entre 2014 y 2018 unas 65.000 fábricas de este sector legalmente establecidas cerraron sus puertas por la competencia desleal de contrabando.

“El sector más afectado es el de confecciones textiles, pero pierde también la industria de telas, hilanderías, pierden los importadores y comercializadores legalmente establecidos, es una pérdida para el sector legal y formal. Pero además son decenas de miles de empleos que se pierden a lo largo de la cadena productiva, porque si languidece la industria y languidecen los talleres eso afecta a la compra de algodón, hilos para hacer confecciones y toda la materia prima necesaria”, expresó Gary Rodríguez, gerente del IBCE.

El economista recordó la existencia de dos decretos promulgados por el Gobierno. El primero, en 2006 cuando prohibía la importación de ropa usada. El segundo, en 2008 que fue la modificación al plazo del decreto que prohibía la comercialización de esa prendería. Ambos sin el efecto esperado y con un impacto económico negativo sobre los textiles y una competencia ilegal y desleal.

Rodríguez considera que las normativas aprobadas deben ser revisadas, ya que si no se endurece la lucha contra el contrabando en términos de penalidades, “seguirá valiendo la pena tomar el riesgo y perder recursos económicos y no así la libertad”.

En este sentido, sugiere involucrar a otras instancias, como alcaldías e Impuestos Internos, y no entregar toda la carga a la Aduana Nacional sobre el control de esa mercadería, sería parte de los cambios necesarios para combatir este negocio ilícito.

Ahora, revisando las cifras de la importación legal de ropa (infografía) se evidencia una caída en las compras legales, lo que refleja una mayor incidencia del contrabando, porque la mercadería ingresa al país sin ser declarada ni tributar.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), elaborados por el IBCE, dan cuenta de que de las 25 toneladas de prendas de vestir registradas en 2013, se derrumbaron a 2,5 toneladas en 2019 y 1,4 toneladas en 2020, aunque éste fue un año atípico. En cuanto a montos, la compra externa en 2011 llegó a sumar $us 71 millones, comparadas con $us 22 millones en 2020. De acuerdo a la procedencia, China lleva la delantera con el 25%.

Datos de la Coordinadora de la Micro y Pequeña Empresa (Cormype) señalan que antes de la pandemia se tenían aproximadamente 800.000 talleres confeccionistas en el país; sin embargo, hoy se estima que han superado el millón de empresas a causa del desempleo, porque las personas buscan la manera de generar ingresos para sobrevivir y crean pequeños emprendimientos, sobretodo en el sector textil debido a que no necesitan muchos permisos ni fiscalizaciones para abrir este tipo de negocios.

La informalidad con la que se maneja el sector facilita estas actividades, pues la mayoría de las empresas no se manejan con registros, lo que dificulta tener datos oficiales sobre la situación legal, administrativa y organizacional de cada taller. Sin embargo, muchas de las pequeñas empresas en el país comienzan empíricamente o los hijos heredan el oficio familiar de generación en generación.

“El sector textil ha crecido con mucha fuerza en Tarija y Sucre. Cualquiera diría que Tarija solo produce vinos, pero no, la necesidad ha llevado a la gente a crear su propia fuente de empleo. Pero el contrabando está terminando de ahogar estos emprendimientos. Como institución estamos tratando de fortalecer y dar herramientas en la parte administrativa y organizacional a las microempresas ya que nadie las da y así fortalecernos poco a poco”, expresó, Lihetzer Zenteno, presidenta nacional de Cormype.

Lo cierto es que el contrabando ha contrarrestado las ventas en el sector textil y ha conseguido que cada vez más personas desempleadas, comiencen a comprar productos para venderlas a un costo muy bajo, lo que se refleja a diario en el opulento número de ambulantes en las calles.

Las populares ferias de ropa usada en el país se concentran con fuerza en el eje central. En Santa Cruz, la feria Cumabi donde miles de comerciantes se dedican a este negocio, abren todos los jueves con una masiva presencia de personas que llegan para comprar zapatos, gorras, medias, pero principalmente ropa que se interna al país de manera ilegal y con un efecto demoledor para la economía.

El sector dice que los créditos del Gobierno no son aplicables a la realidad

Durante el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez y el actual, con Luis Arce, se presentaron al menos dos créditos para impulsar la reactivación económica de las unidades productivas. 

La primera con el Crédito 1,2,3 y el Fideicomiso para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional (Firedin) que ofrece una tasa de interés del 0,5%. Sin embargo, desde la micro y pequeña empresa, ven que ambas opciones de ayuda no son aplicables a la realidad que del sector en Bolivia, por la informalidad con la que se manejan.

“No son aplicables al sector porque las mypes están peleando por legalizar su condición de empresa y en esas limitantes no lo logran al momento en que se presenta una supuesta oportunidad con este tipo de créditos por no cumplir con los requisitos y condiciones que ellos piden”, subrayó Félix Huaycho, presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) en Santa Cruz.

Acotó que no existe una política de incentivos clara y de alivio a los problemas; al contrario, las políticas impositivas y salariales no apoyan a la subsistencia de las empresas que cumplen la ley.

Así, piden al Gobierno garantizar el consumo del producto nacional, elevar los impuestos a la ropa importada y aplicar un plan de acción fuerte contra el contrabando que está destruyendo a las pequeñas empresas en el país.

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