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Bultos por los que se declara un valor de $us 3, pero que luego de una auditoría se comprueba que el costo real es de $us 20, o partidas que se importan y en la que se declara un valor de $us 100.000, cuando tras una actualización su monto real es de $us 500.000, son algunos ejemplos en los que se emplea el contrabando técnico (subfacturación).

Un delito que escapa a los controles aduaneros debido a su dificultad para detectarlo, y que cada vez cobra más relevancia por el daño que causa a las cuentas del Estado, por la evasión impositiva, y a la producción nacional, por una competencia desleal.

En conversatorio de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), La Subfacturación ¿Cómo combatirla?, se hace notar que el contrabando técnico y la subfacturación están relacionados por los tributos que deja de percibir el Estado.

Ian Miranda, abogado e investigador jurídico, jefe de Representaciones Empresariales de la Cainco, precisó que la defraudación aduanera es un contrabando técnico, porque los importadores informales presentan datos infravalorados de los productos que adquieren, con el objetivo de pagar un menor valor del gravamen arancelario y; por consiguiente, menos tributos.

Agregó que la subfacturación es un delito económico, por ser una defraudación aduanera, de acuerdo con el Artículo 325 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 175 del Código Tributario.

Desde la Aduana Nacional (AN) consideran que la presentación de una declaración de importación con un precio inferior al realmente pagado - o por pagar – tiene un impacto significativo en recaudación tributaria, a tiempo de remarcar que han identificado la existencia de omisión de pago por parte del importador en un gran porcentaje de los despachos sujetos al control de valor de mercancías, principalmente en aquellas provenientes de Zonas Franca Iquique (Zofri).

“En tal sentido, desde febrero de 2018 se implementó el procedimiento para el despacho de la mercancía proveniente de Zonas Francas Extranjeras, a efectos de poder realizar un mejor control del valor que realiza la Aduana y que está enmarcado en la aplicación del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, Normativa de la comunidad Andina (Decisión 57, Resolución N° 1684”, explicó la institución.

Agregó que una vez se determina la deuda tributaria por omisión de pago, la misma incluye las sanciones tipificadas en el artículo 181 de la ley 2492 Código Tributario Boliviano, por lo que el importador debe pagar el tributo aduanero omitido más la sanción correspondiente.

Un daño no registrado

Hugo Rodríguez, economista senior de Cainco y ejecutivo del Centro Boliviano de Estudios Económicos (Cebec) de la Cainco, explicó que en términos económicos es muy complicado tener la certeza de a cuánto asciende el daño económico por la evasión impositiva, debido a que el contrabando técnico, ‘juega’ con lo documentación existente y se ‘disfraza’ de legal.

Rodríguez precisó que la subfacturación presenta un valor, que el importador declara y pone en juego su buena fe, su accionar está supuestamente respaldado con documentos legales que reflejan el costo real del producto que busca ingresar al país.

Sin embargo, esa buena fe se esconde tras el contrabando convencional que factura unos $us 1.000 millones al año, solo tomando en cuenta 12 categorías de productos, especialmente los alimentos, generando una evasión impositiva por alrededor de $us 150 millones.

En este contexto, Rodríguez puntualizó que estos valores no toman en cuenta al contrabando técnico. Debido a que su complejidad es tal que, necesita de diferentes interpretaciones y evaluaciones técnicas, pero considera que si solo tomando en cuenta las doce categorías, el Fisco anualmente deja de percibir $us 150 millones, al incorporar el tema de la subfacturación el monto tiende a incrementarse.

Jean Pierre Antelo, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPS), considera que es importante luchar contra este ilícito, que desde su perspectiva durante la pandemia tuvo un gran incremento del contrabando convencional y de la subfacturación debido a que la personas en eso de ser “más astutas” buscan mejorar sus ingresos de forma rápida e ilegal y en otros casos, encuentran en el contrabando la única vía para generar algún ingreso.

Antelo considera que es momento de cambiar la estrategia en el control del contrabando y apostar por el 30% de la economía formal y concientizar a la población de que la subfacturación no es la mejor alternativa.

“Facilitar el comercio es una de las alternativas con una ventanilla única de exportación e importación en donde el cruce de información entre la Aduana e Impuestos pueda permitir un mejor control de lo que ingresa al país”, sostuvo Antelo.

El uso de la firma digital, el etiquetado de los productos que indiquen su procedencia son herramientas válidas para evitar la subfacturación que, a criterio del dirigente, generan una cadena de corrupción entre el que está dispuesto a falsificar una factura y emitir un menor valor, a cambio de un pago, y el comerciante que busca pagar menos impuestos a cambio de mayores ingresos.

Antelo remarcó que la subfacturación no solo falsifica el precio del producto, sino también su origen y características por lo que detectarlo es muy complicado, porque en este contrabando técnico participan los proveedores, el importador y en algunos casos las autoridades encargadas de evitar estos ilícitos.

Lamentablemente la triangulación en la subfacturación con la participación de países proveedores de mercaderías es una realidad, que no se debe generalizar, pero que sí existe y se debe controlar de una mejor manera”, señaló el empresario, a tiempo de subrayar que la subfacturación no solo se da en las importaciones, sino también en las exportaciones y que en algunos casos está ligado al lavado de dinero, producto del narcotráfico.

Posibles soluciones

Desde la Federación indicaron que sin ser soñadores, hay distintas acciones que pueden ayudar a reducir esta actividad ilegal y consideran que el cruce informativo, aprovechando los acuerdos internacionales, entre las diferentes aduanas es fundamental.

El empresario; a manera de ejemplo, dijo que si desde Chile, la Aduana de ese país tiene el dato de que se están retirando de zapatos por un valor de $us 1.000, pero al llegar a Bolivia, el comerciante muestra otros documentos donde se indica una importación por un monto de $us 500, algo no cuadra y es ahí donde de manera automática debe funcionar el cruce de datos.

También se debe trabajar en la transparencia de la información, cuidando los datos sensibles de los proveedores, pero evitando crear ‘zonas grises’ en cuanto a los precios y el origen de lo importado y eso se logra subiendo y actualizando esa información en las páginas de la Aduana.

 ¿Qué dice la norma?

Roberto Cuéllar, experto en legislación aduanera, explicó que la subvaluación o sobrevaloración está normado internacionalmente, pues esta actividad comete un conjunto de delitos que están resumidos en fraude aduanero.

Para su detección y una aplicación de forma discrecional de las normas nacionales es necesaria una adecuada capacitación de los técnicos que llevan adelante los deferentes controles.

Cuéllar resaltó que ante esta defraudación tributaria solamente la Aduana puede realizar una determinada sanción que se limita a la omisión de los tributos, aspecto que para el analista no está contemplado por el Organismo de Comercio Mundial (OMC) del que Bolivia forma parte. Esta situación genera ciertos problemas que la Aduana soluciona de manera unilateral con el cobro por los impuestos no pagados.

El analista considera que fijar solo el castigo en la omisión de tributos, sin antes investigar no es lo más adecuado, más cuando la defraudación aduanera tiene una penalización de cinco a diez años que es resultado de presentar documentos con valores subvaluados.

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