El ex director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Johnson Jiménez, habría recibido presiones de los cooperativistas auríferos de Apolo (norte de La Paz) para que destituya al jefe de Protección de la Reserva de Biósfera Estación Biológica del Beni, Marcos Uzquiano, quien hace poco fue restituido en el cargo, gracias a un fallo constitucional emitido por la Sala Constitucional Segunda del Distrito Judicial de La Paz.
Uzquiano, quien también es presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques, fue desvinculado del Sernap en diciembre del 2024. El funcionario viene denunciando una serie de delitos que la minería ilegal del oro realiza en las áreas protegidas del norte del país y, recientemente, denunció una red clandestina que ofrecía caza de jaguares.
Según el guardaparques, el sábado (ayer) recibió una llamada de un ex colega que le informó que, antes de su destitución, el entonces director del Sernap habría pedido apoyo mediante votos resolutivos a los cooperativistas. “Por ustedes he destituido a Marcos Uzquiano, ahora estoy en problemas, entonces ahora necesito que ustedes me apoyen”, dijo Jiménez, quien fue desvinculado de su cargo, el jueves, por la ministra interina de Medio Ambiente y Agua, María Nela Prada.
Las denuncias en su contra iban desde la organización de una fiesta patronal en la comunidad Alcoche, en Caranavi, pasando por uso indebido de bienes, hasta la destitución sin justificación de varios guardaparques, entre ellos a Uzquiano.
El ahora restituido guardaparques, en una entrevista con radio Erbol invitó el presidente Luis Arce a sobrevolar en helicóptero el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, ubicado al norte del departamento de La Paz, para presenciar la actividad minera ilegal que existe en el lugar.
“La minería tiene mucho que ver en estas arbitrariedades y este manejo que, a veces creemos que es discrecional, pero que tiene objetivos bien definidos de cómo acallar la defensa ambiental en áreas protegidas, principalmente la denuncia contra la minería, contra los incendios forestales, contra la cacería furtiva de jaguares o de tráfico de fauna silvestre”, expresó Uzquiano en contacto con EL DEBER desde su base de operaciones en San Borja.
Al mismo tiempo, como Asociación Boliviana de Guardaparques, Uzquiano aplaudió la decisión de la ministra Prada, pero apuntó que queda pendiente el freno al cuoteo político en el Sernap, que debe ser dirigido por profesionales comprometidos con el medio ambiente. “Últimamente (el cuoteo) ha conllevado a poner en riesgo el patrimonio natural del pueblo boliviano, nuestras áreas protegidas que están descuidadas por completo”, lamentó.
Solicitó también la dotación de instrumentos de trabajo, mantenimiento de vehículos, incluso el cumplimiento de obligaciones laborales como el pago de refrigerio, que no reciben desde 2023; subsidios de lactancia, y que los guardaparques que tienen contratos eventuales, que son el 50% del total, sean incorporados al TGN.
Actualmente son cerca de 300 funcionarios que resguardan las áreas protegidas, un número insignificante para las grandes áreas de ese tipo en el país.