Escucha esta nota aquí

El caso del hurto de $us 7,7 millones detectado en Cotas, en el programa Cotas en Cuotas, a través de facturas ficticias de electrodomésticos, está lejos de llegar a su final. Y es que ayer, la cooperativa formuló ante el Ministerio Público una denuncia contra Karina Suárez, Hubert Gil y presuntos funcionarios, administradores y operadores de justicia por el delito de cohecho activo.

Cabe recordar, que Suárez y Gil son esposos y son dos de las 11 personas imputadas por el robo millonario en Cotas. La primera fue sentenciada a través de un juicio abreviado a tres años de cárcel por el delito de estafa agravada, mientras que el segundo aguarda detención preventiva en Palmasola.

En cuanto al delito de cohecho activo, éste se refiere a la persona que ofrece una retribución de cualquier clase a una autoridad para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo.

Disconformidad con el fallo

La acusación de Cotas es fruto de la disconformidad que existe por parte de la cooperativa hacia la sentencia de Suárez, la cual le permite recobrar su libertad cumpliendo medidas sustitutivas.

El nuevo abogado de Cotas, Jaime Solís, señaló que no es posible que una persona que se declaró culpable de un delito (Suárez) haya sido sometida a un proceso abreviado que concluyó con una pena mínima. “En el fondo no es más que una liberación directa que el sistema judicial está concediendo a una de las principales responsables de la estafa a Cotas de $us 7,7 millones”, manifestó.

Por ello, es que Cotas pide que se investigue la forma en que se concretó el acuerdo entre Suárez y la comisión de fiscales, que derivó en el proceso abreviado, porque la cooperativa lo considera ilegal.

A decir del jurista, la situación es escandalosa, más si se tiene en cuenta que aún se continúa en la etapa preparatoria de investigación, y que no se ha encontrado a Widen V.P., uno de los principales sospechosos. Además, no se ha recuperado un centavo del dinero hurtado, que es patrimonio de más de 100.000 socios de Cotas.

Para Solís, los operados de justicia están dejando de lado un delito esencial: la legitimación de ganancias ilícitas, el cual implica una pena de entre cinco y 10 años de cárcel para los imputados.

En cuanto a la denuncia realiza por la cooperativa, el fiscal de Distrito, Mirael Salguero, explicó que un fiscal analista determinará si esa acción se admite o se desestima.

Investigación errónea

“Nos preocupa que están persiguiendo a personas inocentes, como los funcionarios de Cotas que están detenidos y no tienen relación con la estafa, mientras que, a los autores confesos les están otorgando libertad directa”, dijo Solís.

El jurista también habló sobre Leonardo Suárez, titular de Cotas, y la orden de aprehensión que pesa en contra del ejecutivo.

“Ese es un tema más sencillo, que es una presentación que la puede hacer en cualquier momento y eso se subsana. Por eso es que decimos que se está tratando de desviar la atención del tema esencial del caso Cotas, que es la estafa”, sostuvo Solís.

Cabe recordar que, en los últimos días, Salguero informó que sobre Leonardo Suárez pesa una orden de aprehensión. Además, confirmó que el ejecutivo salió del país por Puerto Quijarro rumbo a la población brasileña de Corumbá.

En este contexto, el viceministro de Cooperativas, Emilio Rodas, aseguró que aguarda la conclusión de la auditoría que ejecuta la Afcoop a Cotas, para descifrar el impacto que causó el robo a la telefónica.

Tags

Comentarios