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En un ambiente de crisis, recientemente la Cámara de Diputados, aprobó un proyecto de ley que difiere el pago de los créditos hasta el 31 de diciembre de este año. El documento, que debe ser avalado por el Senado, llega en respuesta al pedido de algunos sectores que demandaban diferir los pagos ante la recesión económica que vive el país debido a la emergencia sanitaria.

El proyecto llega también en un momento en que las reprogramaciones de créditos crecieron un 51,2% en el país. El dato corresponde a cifras de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

El año pasado, por el mes de mayo, la restructuración de la cartera entre los prestatarios y financieras llegó a Bs 3.840 millones. En el mismo periodo de este año, esta cifra se disparó a Bs 5.807 millones, casi el doble de lo ajustado en 2019.

El monto renegociado representa un 9,3% de todas las colocaciones que, hasta mayo de este año, llegaron a Bs 161.760 millones.

El crecimiento de la reprogramación se da en un contexto difícil para la economía debido a la emergencia sanitaria que vive el país por la presencia del coronavirus.

La llegada de la pandemia en el mes de marzo obligó al Gobierno a dictar una cuarentena rígida. Esto hizo que prácticamente toda la economía detenga sus operaciones. Salvo algunos sectores, considerados esenciales como la producción de alimentos y el de insumos de limpieza, todas las actividades se detuvieron.

Esto afectó a todos los negocios por igual, pero en especial a las micro, pequeñas y medianas empresas que, en su mayoría, dependen de créditos para operar y que, ante esta situación, exigieron la postergación de sus pagos. En respuesta, el Gobierno lanzó una ley que difiere el pago de préstamos hasta septiembre. No obstante, para el sector el plazo es insuficiente para reactivarse y cumplir sus obligaciones.

Ante estos reclamos, en junio el Ejecutivo lanzó el Programa de Reactivación del Empleo, que establece varias medidas para oxigenar la economía.El paquete instruye la otorgación de créditos blandos para el sector mype. Incluso antes del programa, el Gobierno había lanzado un fondo para la reactivación de estas empresas.

Pero el paquete está condicionado a que la Asamblea Legislativa apruebe una serie de créditos externos, de por lo menos $us 1.500 millones, destinados a financiar el programa. Esos recursos están trabados a la fecha porque el Legislativo alude que los préstamos no cumplen una serie de requisitos.

En contrapartida, la Asamblea aprobó el proyecto de ley 720/2019, de diferimiento automático del pago de créditos a los bancos hasta el 31 de diciembre de este año.

Esta norma tiene un solo artículo que establece que: “las entidades de intermediación financiera que operan en territorio nacional deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional, desde la Declaratoria de Emergencia por la Pandemia del Coronavirus (Covid-19) al 31 de diciembre de 2020”.

De acuerdo a la versión de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), es muy importante diferenciar conceptualmente el diferimiento del pago de cuotas y la reprogramación. Las medidas de diferimiento que han sido aplicadas, se refieren a la postergación del pago de cuotas, que podrá realizarse a lo largo del plazo establecido originalmente; en una cuota al final del plan de pagos o posteriormente. Las reprogramaciones son operaciones que se realizan cuando se registra deterioro en la capacidad de pago de los clientes, lo cual requiere de un análisis por parte del banco en base a información provista por el cliente. En términos prácticos, una reprogramación es considerada una operación nueva, lo que no sucede en el caso del diferimiento, pues se mantienen las garantías originales, así como la tasa de interés y el plazo del crédito. También es muy importante considerar que la medida del diferimiento responde a una situación muy particular, como la que está travesando nuestro país a raíz de la crisis sanitaria.

De acuerdo con la disposición de ampliación del diferimiento por los meses de junio, julio y agosto para prestatarios con endeudamiento total menor a Bs1 millón, excepto para los prestatarios cuya fuente de ingresos no se ha visto afectada por efectos del Covid-19, como es el caso de las personas con ingreso fijo o salario; más de 90% de los prestatarios se encontraría dentro del marco del endeudamiento máximo.

El número de beneficiarios de esta medida; es decir, personas que no cuentan con un ingreso fijo o salario con deuda menor a Bs1 millón; es información con la que cuenta cada entidad.

En ese entendido, entidades de microcrédito atienden a micro y pequeños empresarios cuya actividad se encuentra al menos parcialmente paralizada, por lo que el número de beneficiarios del diferimiento hasta agosto alcanzaría a un alto porcentaje del total.

La voz de los expertos

Para el especialista en banca, y presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, la medida implementada por los asambleístas debió ser consensuada entre los actores del negocio de intermediación financiera.

Más allá de favorecer a los prestatarios, según el economista, la norma perjudicará a los bancos. Dentro del negocio financiero, explicó que el cobro de las tasas de interés significa un 60% de las utilidades percibidas por las financieras.

“El tema es muy complejo y se debe encontrar un punto de equilibrio que beneficie tanto a los bancos como a los ciudadanos”, dijo.

Mientras el economista José Alberti, explicó que la norma genera inestabilidad en el sistema financiero. Para él, los asambleístas no toman en cuenta a los ahorristas, que serán los más perjudicados.

“Los bancos no realizan intermediación con su dinero, los créditos son canalizados con recursos de los ahorristas”, señaló el especialista.

Además, sostuvo que a raíz de la pandemia muchas financieras comenzaron a reprogramar los pagos de las cuotas de sus clientes.

“Las reprogramaciones deben ser realizadas directamente entre los bancos y clientes, como lo han venido haciendo hasta ahora. No se está cuidando al ahorrista”, dijo.

En esa línea, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) cuestionó a la Asamblea por aprobar el diferimiento de créditos, pero no los préstamos de organismos internacionales, que son necesarios para sostener estos diferimientos.

“Esto es vender ilusiones a costa y esfuerzo de otros, es invitar a una fiesta esperando que otros paguen la cuenta”, indicó la institución en un comunicado oficial.

Financieras dejan de percibir $us 2.300 millones por el diferimiento a septiembre

El principal efecto del diferimiento de pago de cuotas de los préstamos es la reducción de los flujos de liquidez periódicos que reciben las entidades bancarias. Considerando que la intermediación de recursos es el rol principal de los bancos, el pago oportuno de las cuotas (capital e interés) permite que se continúe expandiendo el crédito a empresas y familias que lo demandan, lo que a su vez, contribuye al dinamismo de la economía.

Por tanto, el sistema financiero, hasta el mes de septiembre dejará de recibir $us 2.300 millones por el diferimiento de las cuotas. En ese periodo de tiempo los bancos continuarán cumpliendo sus obligaciones, haciendo uso para ello de su liquidez.

Desde Asoban indicaron que el rol fundamental de la banca es la intermediación de los ahorros del público, canalizando éstos hacia los prestatarios, las familias y empresas, propiciando el dinamismo económico, la inversión y sus efectos multiplicadores con impacto en el crecimiento económico. Las entidades financieras son fieles cumplidoras de las leyes; por lo tanto, quienes las dictan son responsables de las implicancias y efectos que éstas pueden tener sobre el sistema financiero y, por consiguiente, sobre la estabilidad económica y la de las propias entidades, indica Asoban.

El sistema financiero es un sector altamente regulado porque debe precautelar los ahorros del público que le han sido confiados, debiendo mantener un equilibrio entre captación y colocación. “En ese sentido, es muy importante sopesar los riesgos de lo que implica cortar por periodos prolongados el flujo de pagos que fluyen hacia la banca, porque con ellos se solventa el pago de los costos financieros por concepto de intereses sobre los depósitos, los gastos de operación del servicio, los sueldos y salarios de sus más de 30.000 funcionarios, entre los principales”, agrega Asoban.