Los bloqueos de carreteras ya no solo se reflejan en la escasez de combustibles, el alza de algunos alimentos o las pérdidas del aparato productivo. Ahora también golpean la capacidad de miles de familias y empresas para cumplir con sus obligaciones financieras.
En ese contexto, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5630, una norma que habilita la reprogramación y refinanciamiento de créditos para personas y empresas afectadas por conflictos sociales, bloqueos y otros eventos adversos.
La disposición obliga a bancos y entidades financieras a recibir, evaluar y responder las solicitudes de los prestatarios que demuestren una afectación en sus ingresos. Entre las medidas contempladas figuran periodos de gracia de hasta seis meses, ampliación de plazos y ajustes en los planes de pago, sin que ello implique automáticamente una degradación de la calificación crediticia del cliente.
La posición de la banca
Un día después de la publicación del decreto, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) difundió un comunicado en el que expresó su solidaridad con las familias, empresas y unidades productivas afectadas por los bloqueos que restringen la transitabilidad y alteran el normal desarrollo de las actividades económicas.
La entidad recordó que el sistema bancario viene aplicando desde años anteriores mecanismos de apoyo como reprogramaciones, refinanciamientos y periodos de gracia, especialmente desde la pandemia, siempre bajo evaluación individual y en el marco de la normativa vigente.
Asoban también confirmó que las entidades afiliadas darán cumplimiento al Decreto Supremo 5630 y continuarán trabajando con mecanismos de alivio financiero para los clientes afectados por la coyuntura.
La organización enfatizó que estas medidas deben aplicarse considerando la situación particular de cada prestatario, un aspecto que también está contemplado en el decreto aprobado por el Ejecutivo.
Cómo funcionará el beneficio
La norma establece que los clientes deberán solicitar voluntariamente la reprogramación o refinanciamiento ante su entidad financiera.
Los bancos deberán analizar la afectación económica generada por los bloqueos y determinar un nuevo esquema de pagos acorde con la capacidad financiera del deudor. Además, mientras la solicitud sea evaluada, las entidades no podrán modificar el estado de la obligación ni ejecutar cobros adicionales.
Otro punto relevante es que los costos administrativos derivados de la modificación de los contratos deberán ser asumidos por las propias entidades financieras.
Una economía bajo presión
La medida surge en un momento especialmente delicado para la economía boliviana. Los bloqueos registrados en las últimas semanas han afectado cadenas de abastecimiento, transporte, comercio e industria, generando pérdidas millonarias en distintos sectores productivos.
Empresarios, transportistas, productores agropecuarios y comerciantes advirtieron que la interrupción de rutas redujo ventas, dificultó el cumplimiento de contratos y limitó el flujo de caja de numerosas actividades económicas.
Frente a ese escenario, el Gobierno apuesta por evitar un incremento de la mora bancaria y contener un posible deterioro de la cartera crediticia del sistema financiero, mientras la banca busca equilibrar el apoyo a sus clientes con la preservación de los ahorros del público.