Cuatro razones por las que vecinos, gremiales y transportistas rechazan el Decreto 5143
El decreto tiene por objeto reglamentar la Ley del 15 de noviembre de 1887, de inscripción de Derechos Reales.
Distintos sectores como juntas vecinales, gremiales, transportistas y adultos mayores, anunciaron la realización de una marcha de protesta en Santa Cruz, el próximo viernes, en rechazo al Decreto Supremo N°5143, aprobado el 10 de abril. El decreto tiene por objeto reglamentar la Ley del 15 de noviembre de 1887, de inscripción de Derechos Reales.
EL DEBER realizó un sondeo con distintos sectores departamentales y nacionales, en el que identificó algunas razones por las que rechazan el decreto, al que califican de atentatorio contra la propiedad privada, fundamentalmente.
Édgar Álvarez, vicepresidente de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, cuestionó en primer lugar, la creación inconstitucional de un suprapoder del Órgano Ejecutivo por encima del Órgano Judicial, que es el que administra la inscripción de los bienes inmuebles en Derechos Reales.
El dirigente dijo que a pesar que no cuentan con derecho propietario sobre los centros de abastecimiento municipales, existen otros que son privados, sobre los cuales se puede cuestionar arbitrariamente la función económico-social, así como los bienes inmuebles que no tienen regularizada su documentación.
“Hay muchos que por problemas de plata no se han declarado herederos porque los difuntos no pueden tener inmuebles”, señaló, a tiempo de anunciar que preparan una movilización contra esta y otras medidas, el 20 de mayo en todo el país.
Por su parte, Héctor Mercado, presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Pesado Nacional e Internacional, también rechazó la aplicación del decreto y coincidió que el principal temor es que se revierta al Estado todo bien que no cumpla con la función económica social.
“Uno se compra una casita y lo puede poner de garaje, por ejemplo en el caso de los transportistas, y el Gobierno lo va a revertir si no cumple su función social. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros tendríamos que dar a terceros para vivir? No estamos de acuerdo con eso”, expresó.
Nelson Robledo, presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Santa Cruz (Fedjuve), anunció que en la marcha del viernes pedirán la abrogación del Decreto 5143, porque “como ciudadanos nos sentimos que ya prácticamente están echando mano a nuestros bienes; es terrible lo que se viene”, señaló.
Las cuatro razones
Fernando Hamdan, presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos, luego de una reunión con los representantes de la Fedjuve de Santa Cruz, identificó cinco razones por las que las organizaciones rechazan el Decreto 5143.
La primera es que la norma es lasciva porque no es facultad del Presidente del Estado normar el derecho propietario. La segunda, es que vulnera la privacidad porque exige la codificación de toda la información y se amplía de la propiedad privada a todo elemento de actividad productiva.
La tercera, es que el decreto es persecutorio. “Al igual que la Ley tributaria o la Ley laboral, hay una presunción de culpabilidad y ese es un riesgo latente de este instrumento. No olvidemos que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) dejó de depender de la ASFI (Autoridad del Sistema Financiero) y ahora depende del Ministerio de Gobierno, a través del Comando de la Policía”, resaltó.
Según Hamdan, la UIF, a través de otras normas conexas, tiene la facultad de investigar, sancionar y ejecutoriar sin notificar. “O sea, primero condenan y después ven si uno tiene la oportunidad de recuperar su patrimonio”.
Por último, subrayó que “no menos alarmante” es que toda la información la maneje la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), que según Hamdan es la “cuna de los guerreros digitales”, funcionarios del Ministerio de Gobierno, a la cabeza Daniel Llorenti, sobrino del ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti.
“El Estado puede definir sanciones, eso es lo más serio de este decreto, puede definir la expropiación, la caución, el congelamiento de bienes y patrimonio (…). Entonces hay una concentración desmedida del Poder Ejecutivo en desconcentrar esas facultades y promociones que en este caso caían en el Órgano Judicial”, añadió.
