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Los recursos del pago del Bono contra el Hambre no provienen de las arcas del Estado, sino de préstamos internacionales que fueron otorgados por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales suman en conjunto $us 704 millones, de acuerdo a la información de la actual administración estatal.

Una de las primeras medidas del presidente Luis Arce Catacora tras asumir el mando fue la promulgación de dos leyes, mismas que daban luz verde para financiar el bono, medida económica que permite entregar Bs 1.000 a cada beneficiario, que en conjunto suman cerca de 4,1 millones de personas, según datos del Estado. 

Vale recordar que durante el Gobierno transitorio, la expresidenta Jeanine Áñez y otras autoridades del Órgano Ejecutivo denunciaron que la Asamblea Legislativa Plurinacional puso trabas a los créditos internacionales, lo que habría ocasionado inconvenientes en el tema de la reactivación económica en territorio nacional.​​

Pero el pleno de la Cámara de Senadores (de mayoría masista y que era parte del anterior Gobierno) sancionó, en octubre y por unanimidad, los créditos para el pago del Bono contra el Hambre de Bs 1.000, pese al rechazo del masismo de acudir a recursos externos.

La extitular de la Cámara Alta Eva Copa, aseguró antes de dejar su cargo que el incentivo de Bs 1.000 es un “respiro económico” para las familias bolivianas, ante la falta de empleos debido a la crisis que registra el país por el embate de la pandemia del coronavirus. “El Bono contra el Hambre es un tema social, es por eso que se unieron estos dos créditos”, afirmó.

La ley que establece el crédito del Banco Mundial, viabiliza el convenio de financiamiento N° 6670-BO/N° 6671-BO con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) por $us 54,3 millones y el contrato de préstamo N° 9115-BO con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de hasta $us 200 millones. Mientras, en el caso del BID se aprobó el contrato de préstamo N° 5039/OC-BO por un monto de hasta $us 450 millones.

Desde el Colegio de Economistas de Santa Cruz indicaron que el desembolso de estos recursos puede dinamizar la demanda de productos y servicios por fin de año, un alivio inmediato que a largo plazo podría tener otros matiz, pero hay que tomar en cuenta que este asunto significa un endeudamiento para Bolivia.

La ministra de Planificación, Felima Gabriela Mendoza, informó que solo 8 de 14 créditos habrían sido aprobados por la Asamblea Legislativa en el anterior gobierno. Sumando la totalidad de los créditos, la deuda externa de Bolivia alcanzaría a 1.522 millones de dólares, indicó la autoridad.

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