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La Defensoría del Pueblo observa que el Decreto Supremo 4232, del 7 de mayo de este año, está en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y atenta contra el derecho a la seguridad alimentaria de los bolivianos.

“Observamos que se pretende reducir los procedimientos científicos que determinan si estos organismos modificados genéticamente son nocivos para la salud humana y si no dañan a la biodiversidad; lo cual favorecería a algunos sectores productivos”, señaló la titular de esa instancia, Nadia Cruz.

Indicó que “la Constitución Política del Estado establece la imposibilidad de ratificar tratados internacionales que contravengan, entre otros, el principio de ‘Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medioambiente’”, principio restrictivo estipulado en el inciso 8 del artículo 255 de la Carta Magna.

La semana pasada, el Gobierno aprobó la disposición que "de manera excepcional autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa".

El fin de semana, el nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, consideró que la determinación “puede ser una respuesta también importante para que se pueda fomentar mayor productividad, fortalecer la seguridad alimentaria boliviana y generar mayores ingresos en las exportaciones”.

Además, sectores productivos del país consideran favorable la medida porque motivará la producción agrícola y permitirá una mayor competitividad en las distintas cadenas y complejos agroalimentarios.

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