La crisis social y política que atraviesa tiene un saldo 10 personas fallecidas, 37 heridas, 365 arrestadas y 28 hechos de agresión contra trabajadores de la prensa, según un reporte preliminar difundido por la Defensoría del Pueblo.
El informe atribuye el escenario de conflictividad a una combinación de factores económicos y sociales, entre ellos problemas de abastecimiento de combustibles, aumento del costo de vida, dificultades para acceder a divisas y el encarecimiento de productos básicos. A ello se sumó una escalada de demandas sectoriales y políticas que derivó en movilizaciones y bloqueos de carreteras en gran parte del país.
De acuerdo con la entidad, los bloqueos alcanzaron 103 puntos en siete departamentos hasta el 2 de junio, afectando principalmente a Cochabamba y La Paz. La institución alertó que las interrupciones en las rutas provocaron problemas de abastecimiento de medicamentos, oxígeno medicinal, alimentos y combustibles, además de dificultades para el funcionamiento de hospitales, hogares de acogida y centros de atención para poblaciones vulnerables.
Fallecidos
Uno de los aspectos más sensibles del reporte es el registro de 10 fallecimientos presuntamente vinculados al conflicto. Siete corresponden a personas que no lograron acceder oportunamente a atención médica debido a los bloqueos o sufrieron retrasos en sus traslados hacia centros de salud. Entre los casos figuran pacientes con cáncer, insuficiencia renal y otras enfermedades que requerían atención especializada.
Los otros tres fallecimientos están relacionados con operativos policiales y militares de desbloqueo. En uno de ellos, ocurrido el 23 de mayo en Vilaque Copata, la Fiscalía abrió una investigación por presunto homicidio tras la muerte de un joven de 24 años que recibió un impacto de proyectil de arma de fuego. El Ministerio Público indicó que aún realiza pericias para determinar las circunstancias del hecho.
La Defensoría también verificó 37 personas heridas durante las movilizaciones y los operativos, entre ellas policías, manifestantes, transeúntes y dos periodistas. Los reportes incluyen lesiones por proyectiles, explosiones de dinamita, golpes y afectaciones derivadas del uso de agentes químicos.
En materia judicial, la institución registró 365 personas arrestadas durante los operativos de control y desbloqueo. De ellas, 247 fueron liberadas, mientras que al menos 103 enfrentan procesos penales por delitos que incluyen asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, daños a bienes del Estado y tentativa de homicidio. Diecisiete personas ya recibieron sentencias mediante procedimientos abreviados.
El reporte también dedica un apartado a la libertad de prensa. Según el monitoreo defensorial, se documentaron 28 incidentes que afectaron a periodistas, camarógrafos y medios de comunicación. Entre las denuncias figuran agresiones físicas, amenazas, destrucción de equipos, expulsiones de lugares de cobertura y ataques contra vehículos de prensa. Los presuntos responsables incluyen tanto manifestantes como agentes encargados del orden público.
La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades competentes a investigar de manera independiente y transparente los fallecimientos ocurridos durante la crisis, al tiempo que exhortó a todos los actores involucrados a privilegiar el diálogo y garantizar el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso de la población a servicios esenciales.